Demandan opositores en Cholula reunión con el INAH

Integrantes de la Frente Municipal Cholulteca en Defensa de la Identidad y el Territorio solicitaron una reunión con la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco, para plantearle la cancelación del Parque Intermunicipal en Cholula debido al riesgo que representa para el patrimonio arqueológico y cultural.

La antropóloga Ana María Ashwell, integrante del frente, refirió que no sólo han buscado una cita con la titular del INAH, sino también con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, pero hasta el momento las reuniones no se han concretado.

Tras la mesa “Actualización de casos: Detenidos en arraigo y procesados”, dentro del foro “Cuidado y Defensa del Territorio Frente a Políticas Depredadoras” en la Universidad Iberoamericana, Ashwell aseguró que como frente no confía en que los trabajos para la construcción del Parque Intermunicipal estén suspendidos.

"Se irán subiendo poco a poco", dijo la antropóloga, para señalar que la falta de compra de terrenos alrededor de la pirámide de Cholula y la intención de decretar una área natural protegida son intentos disfrazados de seguir con el proyecto.

Gobernador retomó proyecto

La experta señaló que desde 2002, cuando el actual mandatario era secretario de Finanzas y Desarrollo Social, el arquitecto Federico Bautista Alonso propuso la creación de un proyecto para la zona de Cholula, que incluía la construcción de varios puentes vehiculares.

Sin embargo el plan no fue aprobado por el entonces gobernador Melquiades Morales Flores, por eso que ahora ya no es un funcionario, el gobernador Moreno Valle Rosas quien quiere imponer su proyecto mejorado, explicó la especialista.

El también antropólogo Julio Glockner Lozada aseguró que el gobierno estatal entregó al INAH el proyecto del llamado “Parque de las Flores” desde el 26 de septiembre de 2013.

Pero no fue hasta noviembre de ese año que se supo que había un megaproyecto en el área aledaña a la pirámide, cuando integrantes de la organización Cholula en Bici se acercaron al gobierno estatal para la construcción de una “Turbo Rotonda” al final de la Recta a Cholula y le informaron que se planeaba construir un distribuidor vial.

Según un documento de tres páginas de explicación y 90 planos entregado por trabajadores del INAH, el Parque Intermunicipal contempla canchas, restaurantes de siete plantas, 40 locales, desagües en zona arqueológica, tres fuentes, un lago artificial, cerca perimetral y casetas de vigilancia.

Secuestrará zona ritual

Para los dos antropólogos, el Parque Intermunicipal secuestrará la principal zona ritual de Cholula para hacer un sitio turístico, ya que la cerca rodeará el cerro y templo de los Remedios, sin tomar en cuenta la cultura y los rituales de los pobladores.

Glockner Lozada destacó que la idea de despojar a los habitantes de sus tierras para "darles un mejor uso" es una idea muy colonialista, cuestión que no corresponde a un gobierno democrático porque no lo somete a consulta.

Ante esta situación los expertos coincidieron en que la lucha contra el proyecto ya no es de los afectados inmediatos, sino de todos los barrios de San Andrés y San Pedro Cholula que se han unido más para frenar el proyecto y liberar a sus cuatro compañeros detenidos: Adán y Paul Xicale, así como Primo y Albino Tlachi.

Inconsistencias en arrestos

Por su parte el abogado René Sánchez Galindo manifestó que los delitos de motín y de despojo fincados a los opositores cholultecas se contraponen.

Explicó que de inicio la toma de la alcaldía en San Andrés Cholula se hizo de manera pacífica y por una gran parte de habitantes. Entonces el delito de motín que se sustenta en el uso de la violencia para exigir a las autoridades una acción, no está sustentado.

Además de que no es un delito grave y pudieron alcanzar fianza.

Pero para que esto no ocurriera se les imputó el delito de despojo, que se refiere a la invasión de un inmueble con el fin de apropiarse de él, generalmente para fines habitacionales, entonces los pobladores no pudieron cometerlo porque no pretendían vivir en la alcaldía.

Asimismo se considera una falta grave pero sólo cuando es cometida por más de cinco personas, en este caso fueron cuatro los acusados y eran merecedores de fianza.

Para Sánchez Galindo este tipo de acusaciones armadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sólo demuestra que la institución es un brazo armado del gobierno estatal.