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Rector de la UPAEP en contra de criminalizar la protesta
Sostuvo que es necesario atender el clamor de la sociedad que pide, en este caso, "cuentas claras"
Foto Agencia Enfoque
En el estado de Puebla no se debe considerar como un delito la protesta y se tiene que procurar que la denuncia ciudadana tenga cauces de expresión.
Así lo consideró el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio José Baños Ardavín, quien argumentó que no se debe criminalizar la protesta de la sociedad, como ya ha ocurrido en la entidad.
Cabe señalar que la madrugada del sábado 18 de octubre se ejecutó la detención de cinco pobladores de la Junta Auxiliar San Bernardino Chalchihuapan, que de acuerdo con la versión de los familiares de los detenidos, fueron amenazados después de que los elementos de la policía ministerial ingresaron de manera violenta a sus viviendas para "cumplir las órdenes de aprehensión".
"En los últimos acontecimientos -del pasado fin de semana- debemos saber si estuvieron apegados a un proceso legal en el marco de los testamentos legales que lo deben regir", refirió.
Baños Ardavín señaló que la sociedad tiene que velar para que se de cabal cumplimiento a las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos del pasado 9 de julio, mismos que fueron calificados como violaciones a las garantías individuales y colectivas de los manifestantes de la Autopista a Atlixco, quienes exigían por medio del bloqueo el retorno de las actividades del Registro Civil a su comunidad.
"Lo que esperamos es que se cumpla cabalmente con las recomendaciones, porque hay un hecho lamentabilísimo que es la muerte del menor -Luis Alberto Tehuatlie Tamayo- además de las heridas físicas de los habitantes y policías", subrayó.
Asimismo argumentó que se tiene que realizar el deslinde de responsabilidades y la sanción al secretario -Facundo Rosas- es un asunto en el que será necesario medir los alcances de su responsabilidad.
El rector de la UPAEP sostuvo que es necesario atender el clamor de la sociedad que pide, en este caso, "cuentas claras" y que se "sancione" a quien se tenga que castigar en caso de que no se cumplan las recomendaciones.