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Gobierno
El gobierno del estado precisa que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo no estará subordinado al procurador Víctor Antonio Carrancá
El gobierno del estado salió al paso de las criticas por la supuesta subordinación del fiscal especial del caso Chalchihuapan al procurador del estado, VÍctor Antonio Carrancá Bourget, al puntualizar que José Antonio Pérez Bravo sólo puede ser removido del cargo por quien lo nombró: el gobernador Rafael Moreno Valle.
La administración estatal afirmó que lo anterior consta en el acuerdo firmado por el ejecutivo estatal que crea la Fiscalía Especial para la investigación de los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, publicado en el Periódico Oficial del estado al día siguiente de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El acuerdo dice textualmente:
"La Físcalia Especial mencionada estará encabezada por un funcionario designado bajo la mas estricta responsabilidad del gobernador del estado, que tendrá el carácter de agente del ministerio publico. Este funcionario sólo podrá ser removido por el propio gobernador del estado, libremente".
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"La Fiscalía Especial tendrá todas las atribuciones que por disposición constitucional, legal o reglamentaria, correspondan al ministerio publico y de acuerdo con ellas realizará precisamente la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, muncipio de Santa Clara Ocoyucan, teniendo competencia para perseguir a los responsables de los delitos que resulten, que sean de la competencia del fuero común".
El gobierno del estado informó que a diferencia de otras fiscalías especiales que se han creado en otras entidades para investigar violaciones graves a los derechos humanos, y en las que sus titulares son nombrados por los procuradores estatales, el fiscal del caso Chalchihuapan fue nombrado directamente por el gobernador Rafael Moreno Valle.
De hecho se informó que la intención del Ejecutivo estatal era tomarle la protesta de ley, pero que por un problema de tiempos y agenda tal acto tuvo que llevarlo a cabo el procurador Víctor Carranca, quien, sin embargo, carece de facultades para removerlo, en términos del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado.