Sociedad

Reclaman en foro existencia de 33 presos políticos en Puebla

Reclaman en foro existencia de 33 presos políticos en Puebla
Por Samantha Páez | Miércoles, Septiembre 10, 2014 |
La salud de Enedina Rosas Vélez se está deteriorando e incluso el sábado pasado tuvo un problema

Han pasado poco más de tres meses de la detención de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Puebla, y su situación legal no parece esclarecerse. La acusan de oponerse a una obra pública y del robo de dos celulares, sin embargo el verdadero motivo es la oposición al paso del gasoducto Morelos por su comunidad.

Sus abogados, encabezados por Oscar Martín Rojas Mendoza, promovieron un amparo debido a las violaciones que hubo durante su arresto, pero debido a que las partes acusadoras, Bonatti, empresa encargada de la construcción del gasoducto, y de uno de sus trabajadores, José Alí Reyes Méndez, no han sido ubicados en los domicilios que proporcionaron, el proceso está detenido.

Enedina está en peligro

Este miércoles se realizó el Foro por la libertad de presos políticos en el auditorio de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Allí se brindó un espacio para que los familiares y abogados de los 33 presos políticos de estado expusieran su caso.

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La primera en hablar, después de los presentadores, fue la hija de Enedina Rosas: Lucina Quintero Rosas, quien denunció que la salud de su madre se está deteriorando, incluso el sábado pasado tuvo un problema y no quisieron atenderla, menos que le pasaran medicamentos.

Por eso Lucina no dudó en responsabilizar de cualquier cosa que le pase a su madre al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, porque su madre, siendo inocente, está encerrada en condiciones pésimas.

Los abogados de Enedina Rosas Vélez señalaron que el proceso se puede alargar, debido a que si no encuentran a los acusadores en próximos días tendrán que citarlos vía edicto, aunque sea incosteable para la familia.

Sigue amenaza contra Avelino Velázquez

La situación de Avelino Velázquez Tapia, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, no es mejor, aunque sus abogados -los mismos que defienden a Enedina Rosas- ganaron un amparo para evitar su aprehensión y se espera que las autoridades lo sobresean para así apresarlo.

Avelino también es perseguido por oponerse al Proyecto Integral Morelos, que llevará gas natural de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla, pero a diferencia de Enedina no fue detenido porque en el momento en que los policías ministeriales llegaron a buscarlo no estaba en su casa.

Después de desaparecer por meses, Avelino se presentó en el foro para dar su testimonio, para asegurar que tuvo que huir debido a la orden de aprehensión en su contra, cuando no ha cometido delito alguno y sólo por obedecer la voluntad de su pueblo para que el gasoducto no pasara cerca.

Abraham, culpable por ser líder

Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero Calderón, arrestado el pasado 8 de abril por luchar contra el Libramiento Poniente, aseguró que si el gobierno no quiere que su cliente salga bajo fianza porque es "peligroso" -debido a que es seguido por más de cien campesinos-, deberían apresar también al cantante “Miguel Bosé”.

Para el abogado es un absurdo que el dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y de la Sierra Nevada esté en la cárcel por ser un líder social, ya que ellos han demostrado con videos que no privó de la libertad a los funcionarios del Banco de la Tierra durante una reunión, sino que sólo les pidió que no volvieran.

Rodríguez consideró que es una “casualidad” muy grande que la gran parte de los presos políticos sólo agrediera o robara, a lo largo de su vida, a funcionarios públicos.

"Debemos analizar por qué tienen esa fijación con los funcionarios públicos", comentó con ironía, pues según dijo todas las averiguaciones previas contra los activistas fueron conformadas después de su detención.

Hostigan a familiares de Antonio Esteban

Durante su intervención en el Foro por la libertad de presos políticos, Faustino Cortés Saldaña, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), comentó que tras la muerte del activista indígena Antonio Esteban Cruz su familia ha sido hostigada.

El abogado del MIOCUP expuso que después de que Antonio fue asesinado por cuatro hombres cuando trabajaba en el predio “Paso María Cristina”, que estaba en supuesta disputa, pidieron a la Procuraduría que se protegiera a los hijos y la esposa. La dependencia ordenó que la policía municipal vigilara su casa pero nunca se presentó.

Semanas después del homicidio de Antonio Esteban, que también era uno de los principales opositores a la construcción de la hidroeléctrica Cuamono en el municipio de Cuetzalan, llegó un hombre con corte de pelo tipo militar a su casa buscando a sus hijos. Habló con el más grande, Rodrigo Esteban Mora, y le advirtió que si no retiraba los cargos contra las personas detenidas por la muerte de su padre a ellos les pasaría lo mismo.

Gobierno actúa con traición

Otro de los participantes en el foro fue Severo Guerrero González, de la comunidad de Atzitzihuacan, quien sostuvo que una de las técnicas con las que opera el gobierno para detener a los opositores es la "traición", debido a que cita en un lugar a las personas para dialogar y cuando salen los aprehende.

Contó que el pasado 6 de febrero acudió como parte de una comisión a Casa Aguayo a dialogar por anomalías en las elecciones municipales, mientras otro tanto de los pobladores mantenía cerrada la autopista Siglo XXI.

Cuando él y sus compañeros salieron de la reunión y circulaban por la avenida 24 sur, policías ministeriales les cerraron el paso y les dijeron que se los llevaban porque encontraron drogas y armas en los vehículos.

Severo manifestó que los tuvieron incomunicados, que no les dieron agua o comida, tampoco los dejaron ir al baño. A él le quitaron su celular y sólo gracias a un descuido pudieron comunicarse con la diputada Roxana Luna, quien inició los trámites de su liberación.

Hilario Alonso Flores, del Frente Nacional los de Abajo, explicó por su parte que los nueve mototaxistas detenidos el pasado 16 de junio en Coronango sólo se manifestaron por su derecho al trabajo, después de un operativo de decomiso de unidades en ese municipio.

Sin embargo hoy están en prisión con fianzas que llegan a los 385 mil pesos.

Además consideró como una medida "fuera de toda proporción" la ejecución de operativos donde las patrullas chocaron a propósito las unidades para inmovilizarlas, y en una de esas maniobras una menor de 12 años, que viajaba en el mototaxi, resultó lesionada.

El evento por la libertad de presos políticos se prolongó de las 9:00 hasta más de las 12:30 horas de este miércoles. Las víctimas de abuso de poder presentaron uno a uno sus casos, contaron sus historias con el único objetivo de hacerlas visibles y que se les dé justicia.

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