Ediles auxiliares alistan amparo y consulta por Registros Civiles

Más de 175 presidentes auxiliares integrados en la CEDIP presentarán un amparo ante la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) para que los registros civiles regresen a sus comunidades.

Además solicitarán que se haga una consulta indígena, con base en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para echar abajo la reforma a la Ley Orgánica Municipal que les quita las atribuciones de jueces civiles.

En una rueda de prensa, el dirigente del Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) y edil adjunto de San Martín Tlamapa de Santa Isabel Cholula, José Salomé Pacio, tras la reunión que tuvieron con el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, así como con los diputados Jorge Aguilar Chedraui, Eukid Castañón Herrera, Corona Salazar Álvarez y Francisco Rodríguez Álvarez, pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), advirtieron que sólo les están dando largas a sus peticiones.

Por ese motivo, además de seguir con las negociaciones, tomarán otras medidas para que los registros civiles retornen a las juntas auxiliares, como un amparo ante la SCJN y la consulta indígena, ya que una buena parte de las comunidades en el estado se vieron afectadas con la reforma a Ley Orgánica Municipal, misma que obliga a los habitantes a realizar sus trámites en la cabecera municipal sin importar qué tan retirada esté.

El retorno del Registro a consulta

Pacio reveló que en el pliego petitorio que entregaron este miércoles a la SGG incluyeron la realización de una consulta ciudadana y una consulta indígena sobre la salida de los registros civiles, toda vez que la Constitución Mexicana en el artículo 2 se reconoce que las comunidades indígenas tienen el derecho a conservar sus propias instituciones sociales, políticas y económicas.

Así como gozan del derecho a la autodeterminación, que debe tomarse en cuenta en las leyes federales y estatales, para elegir a sus autoridades y su forma de gobierno.

En ese mismo artículo constitucional se marca que los gobiernos municipales y estatales deben "consultar a los pueblos indígenas" en la elaboración del Plan Estatal y Municipal de Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Por ello plantearon la idea de que se realice una consulta indígena en las comunidades tal cual lo marcan tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT.

Tratan de desarticular movimiento

Por otra parte, el líder de la CEDIP denunció que el gobierno del estado trata de desarticular el movimiento de los presidentes auxiliares, ya que se impidió el ingreso a la reunión a un grupo de ediles de la región de Tehuacán.

Sin embargo, ellos se mantendrán firmes en sus exigencias y adelantaron que se movilizarán el próximo 18 de septiembre.

Javier Montes Bautista, edil adjunto de San Bernardino Chalchihuapan, agregó que entre más se tarde el gobierno estatal en resolver la problemática de las juntas auxiliares, más ediles se sumarán a la causa.

El movimiento de la CEDIP comenzó con 70 presidentes, a la fecha incluye a más de 175 y dos ediles más se podrían sumar en próximos días.

Agregó que si bien su principal petición es que los registros regresen a sus pueblos, también se solidarizan con los ciudadanos y comunidades de Cholula que están siendo afectados por la construcción de la Plaza de las Siete Culturas.

Otras de sus peticiones son:

1. Cese a la represión y libertad a los presos políticos.

2. Que se retire la orden de aprehensión contra el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista.

3. La abrogación de la reforma a la Ley Orgánica Municipal aprobada en diciembre de 2013, que quita las facultades del registro civil a las Juntas Auxiliares.

4. La abrogación de la Ley Bala, así como la Ley de Expropiación y la concesión del servicio de agua potable.

5. Que los recursos se entreguen de una forma directa a las juntas auxiliares y sus regidores tengan sueldo vía nómina.

6. Respeto a la consulta y a la consulta en comunidades indígenas y respeto a la libre determinación de los pueblos.