Plantea Ibero tarifas diferenciadas de agua y que pobres paguen menos

El cobro del agua en Puebla debe incluir tarifas diferenciadas, ya que el aumento autorizado por los diputados locales afectará a las habitantes de las zonas más desprotegidas, de las juntas auxiliares y de las colonias populares, considera el rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font.

En entrevista, señaló que en todos lados están las quejas porque el costo del agua se elevó, luego de que el Congreso aprobó la nueva estructura de tarifas de cobro del servicio de agua potable.

Será a partir de mayo cuando entrará en vigor el pago de una cuota fija o por medición de consumo, se dividirá en seis estratos a la zona metropolitana y se contempla la instalación de un medidor.

Con las nuevas tarifas habrá un aumento de hasta el 55 por ciento en las tarifas de servicio medido en comercios e industrias.

En tanto, el costo de los dispositivos de medición para uso doméstico irá de los mil 247 a los 33 mil 384 pesos, y los que se destinen al sector productivo llegarán a un precio máximo de 95 mil pesos.

En ese sentido, lamentó que el aumento se dé a la par de la privatización del Sistema Operador de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), ya que estos esquemas, suelen enriquecer a los dueños de empresas.

Debe ser el gobierno del estado quien regularice la tarifa del precio en el agua, con el fin de que un bien público no se convierta en un negocio, detalló.

Añadió que se ha visto que toda empresa que se privatiza sólo enriquece al dueño, como ocurrió con Telmex y Carlos Slim.

Dijo que aunque con la privatización se espera que el agua alcance para todos, sea un mejor servicio, que otorgue contadores reales y un precio justo, lo importante será no cargar más la mano a los sectores populares.

En entrevista, el rector jesuita señaló que un gobierno está para mejorar la atención no para "fomentar un negocio".

En esa línea, criticó que el SOAPAP sea administrado por empresas, pues dijo que el "gobierno puede con todas las responsabilidades", que competen a este servicio, y que el agua es un bien público.

La privatización de los bienes públicos trae graves consecuencias. “¿Para quién va a ser negocio la privatización del agua?”, cuestionó.

La pregunta que debe hacerse, dijo, es: “¿Será negocio para el pueblo, para las mayorías, para las colonias pobres, para quién será negocio? Si no fuera negocio, no llegaba nadie".

Con respecto a los amparos que se realizaron sobre estos cobros, añadió que están en lo correcto, puesto que son para defenderse del gobierno.

Al finalizar, dijo que el gobierno no debe ver un bien particular, sino el bien común.