La comodidad cuesta en el Cereso de Puebla, denuncian reos en carta

Huauchinango, Pue.- Cuotas por recibir visitas, por un dormitorio menos incómodo, por tener teléfonos celulares, por la apertura de un negocio y hasta por pasar lista, se cobran a los internos del Cereso de San Miguel en Puebla.

Los inconformes denunciaron que en estos “actos de corrupción” están involucrados desde la directora general de Ceresos hasta los custodios.

Mediante documentos dirigidos al gobernador del estado Rafael Moreno Valle y hechos llegar a este medio a través de sus familiares, los internos aseguraron que en las irregularidades participan tanto la directora general de Centros de Reinserción Social del estado de Puebla, Lilia Verónica Cruz, hasta el subdirector de administración del penal, Gastón Santiago Arano Guerrero.

La queja en la que se detallan los cobros mensuales está dirigida además a Eukid Castañón Herrera, secretario de la Contraloría, y ya fue recibida en la Dirección General para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en una copia sellada de la misma.

En la documentación se asegura que la directora de Ceresos “recibe la cantidad de 50 mil pesos de manos del concesionario interno de la Coca-Cola con el fin de realizar mejoras en el inmueble, pero hasta el momento ese mejoramiento no ha llegado”, y apuntaron que cada botella de refresco “que afuera vale 10 pesos, en el interior se vende en 14 pesos”.

En la lista de los presuntos responsables de actos de corrupción se incluyó al director del Cereso de San Miguel, Jorge Roberto Montes; al subdirector de Seguridad Interna, Miguel Ángel Matamoros; al jefe General de Seguridad, Mario Espinosa y al jefe del área Laboral, Moisés Hernández.

Cooperacha a la fuerza

Los sábados y domingos “se cobran 20 pesos por cada persona que ingresa a la visita” y cerca de 90 internas que ocupan “la estancia de ingresos”, deben pagar “mil 300 pesos por mes” para permanecer ahí, lo que les garantiza estar en un lugar “menos incómodo” y sólo lo comparten con hasta “cuatro personas”.

Quienes no pueden pagar “la renta” de ese tipo de habitación en el penal, viven con otras 15 personas y muchas veces tienen que dormir hasta en el baño, paradas o sentadas.

Los reos aseguraron que algunos custodios son los encargados de cobrar las cuotas y saben del manejo del dinero en el penal, razón por la que gozan del privilegio de no ser rotados en sus áreas de trabajo, “lo que puede ser constatado fácilmente por los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Son estos los que cobran a los internos entre cinco y 10 pesos por persona al momento del pase de lista, para los 3 mil 200 internos de San Miguel. “Es una cooperación que a fuerzas, todos debemos de pagar”, explican.

En el Cereso de la capital poblana hay 250 negocios. La lista incluye los nombres de sus propietarios, pero sólo una cantidad “muy pequeña” paga por sus derechos de apertura y funcionamiento a la Secretaría de Finanzas entre 50 y mil pesos; “pero la mayoría paga su “cuota a la Subdirección Técnica de la que es titular Irma Fonseca Sánchez y no hay constancia del destino del dinero ni recibos de por medio”.

Cuando alguno de los reos que tiene alguna concesión “la Licenciada Lilia ordena su traslado para quedarse con las concesiones y poderlas volver a vender”. Hay diferentes precios que van de los 10 mil a los 20 mil pesos o más, “según sea el giro del negocio”.

La competencia a Slim

Pusieron como ejemplo el caso de Hilarión García Muñoz, a quien se llevaron a otro penal “para quitarle la concesión de la venta de tarjetas telefónicas”.

Son los encargados de la seguridad en el penal los que venden los teléfonos celulares a los internos, quienes para poder conservar los aparatos deben pagar “mes tras mes una cuota de 3 mil pesos y si alguien se atrasa, se implementa una revisión y se les decomisa, pero para que no te tachen debes pagar entre 5 y 10 mil pesos que la familia debe de conseguir y si no pasa, te siembran otra cosa y la deuda sigue subiendo”.

Los denunciantes atribuyeron a estos hechos el aumento de las extorsiones telefónicas de las que, aseguraron, incluso sus familias son víctimas, pues para “que no les suceda nada al interior del penal los obligan a depositar ciertas cantidades de dinero”.

Otros hechos de corrupción se dan con el proveedor de la comida a quien, según la pormenorizada denuncia, se le pagan 30 pesos diarios por interno. “Son 3 mil 200 internos, pero la comida sólo alcanza para mil 600, pero a él se le paga completo”, es decir 2 millones 880 mil pesos cada mes, por lo que cuestionaron el destino de un millón 440 mil pesos, si lo que lleva apenas alcanza para la mitad de la población penitenciaria.

Añadieron que aunque el pan dulce se fabrica en el penal con las materias primas que manda el gobierno del estado, a ellos se los cobran en 3.50 pesos la pieza y se venden mil cada día.

Refirieron que como en San Miguel había dos concesionarios de tienda de abarrotes y “había competencia entre ellos, de un momento a otro solamente se quedó una tienda, al otro concesionario le cancelaron el permiso y ahora los precios se fueron 30 por ciento arriba a comparación de cómo se vende en la calle”.

Hotelazo

Para dormir cómodo y tranquilo en este penal también hay que hacer un gasto. El dormitorio “P” es considerado el mejor de la cárcel y es “administrado” por un interno conocido como el “abogado Pacheco”, a quien se le concesionó el negocio, aunque no aclaran cuánto cuesta estar ahí, pero sí que cobra 30 pesos a la semana por el uso del agua.

Mientras que una habitación en el dormitorio “M” cuesta 4 mil 500 pesos al mes y en el “N” 3 mil 500 y si solamente se necesita un cambio de dormitorio se deben pagar 500 pesos.

Aunque tampoco dan mayores datos, los internos denunciaron que se han registrado muertes por la “mala atención médica, porque no ha medicamentos y si es que se requiere de un traslado, no hay gasolina, por lo que los mismos internos se deben cooperar para el combustible”.

Refirieron que el ex secretario de Salud, Alfredo Arango, “vive” en el área de servicio médico, lo que le da posibilidad de recibir visitas a cualquier hora, sin sujetarse al horario del resto de los internos.

Los denunciantes aseguraron estar conscientes de que están recluidos “porque no actuaron bien en la calle”, pero indicaron hay al menos un 15 por ciento de gente inocente en espera de un acto de justicia” y subrayaron que quienes están encargados del sistema penitenciario en Puebla “no son las mejores personas y los orillan a una nula posibilidad de reinserción social”.

Al final del documento advirtieron que de no tener la respuesta esperada del gobernador del estado, acudirán a la Presidencia de la República, a los medios de comunicación nacionales y a instancias internacionales de derechos humanos, “porque las locales se han declarado incompetentes ante la normatividad interna de los penales”.