Gobierno
Morena exigirá a diputados respuesta sobre consulta ciudadana
La organización designó a coordinadores para buscar a cada una de las bancadas para que respondan sobre la privatización del servicio
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) continuará exigiendo a los 41 diputados que integran la LVIII Legislatura que respondan sobre su petición para que organicen una consulta ciudadana sobre la privatización de los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado.
En rueda de prensa, los integrantes de Morena en Puebla recordaron que fue el 5 de noviembre cuando por escrito pidieron a Mario Riestra Piña, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la realización de la consulta ciudadana, pero nunca recibieron una respuesta.
Señalaron que ante este hecho, decidieron acudir al Congreso del Estado con el fin de entablar un diálogo con cada una de las bancadas y representaciones legislativas, pero los diputados de PRI y PAN optaron por negarse a recibir a Néstor López Espinoza, coordinador de la Comisión Vigilante de Morena.
Tras la negativa de los legisladores, López Espinoza informó que el Comité Estatal de Morena designó a varios de sus coordinadores como los encargados de recabar la respuesta de los diputados, quienes concluirán su periodo en el Congreso local el 14 de enero de 2014.
López Espinoza se encargará de la bancada del PRI; Eloisa Vivanco, de la fracción de Acción Nacional; Carlos Nájera, del grupo legislativo del PRD; Guillermo Espinoza, de Nueva Alianza; y Argelia Arriaga, del Verde Ecologista de México.
En cuanto a las representaciones legislativas, Karmele Azcue buscará al diputado Jorge Luis Blancarte Morales de Movimiento Ciudadano, y Araceli López de Félix Santos Basilio, diputado del PT.
Acompañado por sus compañeros, López Espinoza reiteró que la derogación del artículo 118 Bis de la Ley de Agua para el estado de Puebla, sólo sirvió como una pantalla para evitar el descontento de la ciudadanía, pero que el permitir el concesionar los Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado atenta contra el derecho que tiene la sociedad de gozar del servicio.