Buscan controversia en SCJN para detener privatización del agua en Puebla

Los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados federal presentó, en carácter de urgente resolución, una petición para que tanto el Congreso del estado de Puebla como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –órganos que cuentan con estas facultades– presenten una controversia constitucional que lleve a la derogación del apartado de la Ley del Agua del Estado de Puebla, por considerar que “establece la base legal para privatizar el agua potable”.

El punto de acuerdo propuesto por la diputada federal perredista por Puebla, Roxana Luna Porquillo, busca llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y denuncia que con las recientes modificaciones a este ordenamiento aprobadas en el Legislativo local a iniciativa del Ejecutivo, se evidencia que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas “siempre tuvo en mente privatizar los servicios de agua potable en el estado”.

Las reformas, además, expone la legisladora son una franca invasión a las facultades constitucionales de los municipios, quienes tienen la competencia exclusiva, al establecer que la administración estatal será “corresponsable en esta facultad”.

La reforma morenovallista, expone Luna Porquillo, también violenta derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; el artículo 4 constitucional que reconoce la propiedad originaria de la nación de las aguas territoriales, menciona la Ley de Aguas Nacionales, en particular el artículo 7, que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos, es una prioridad y asunto de seguridad nacional.

“A menos de un año de aprobada la Ley del Agua –con la que se abrogó la Ley del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, que data del 28 de febrero de 1992–, el titular del Poder Ejecutivo estatal poblano envió al Congreso del estado una iniciativa para solicita que se apruebe diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable la pretensión del gobernador Moreno Valle, de privatizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y para ello solicitó a los legisladores aprobar reformas a la fracción IV del artículo 31, adicionar una fracción IX a este artículo.

“Este decreto no tiene precedente en Puebla ni en ningún otro de los estados –agrega el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de este jueves– que componen la federación, representa un ensayo que de ser instrumentado y aplicado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir por otros gobiernos de corte conservador por no decir de derecha, como el que representa el gobernador Moreno Valle Rosas en Puebla”.

El texto advierte del costo económico y social que acarreará para los poblanos esta medida que, subraya Roxana Luna, privatizará el servicio de agua potable en todo el estado de Puebla.

“Privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo, en mayores egresos sobre un recurso que hoy en día lo tienen de manera accesible. Se traducirá en cortes del servicio o demandas por pagos atrasados por las empresas concesionarias, deudas que deberá avalar incluso con sus bienes materiales: casas, terrenos, autos, maquinaria, etcétera.

Ante estos argumentos, el punto de acuerdo presentado en conjunto por PRD, PT y Movimiento ciudadano, solicita:

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un proceso de controversia constitucional para derogar la Ley de Agua del estado por cuanto viola el derecho de los artículos 4o. y 115 constitucionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, y a los diputados locales, a presentar ante la legislatura de dicha federativa iniciativa con proyecto de decreto que derogue la fracción IX del artículo 31, que reforma la fracción IV del artículo 31, de tal manera que prevalezca el texto anterior a la reforma publicada el 13 de septiembre del año en curso, todos de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta a los integrantes de la Legislatura de Puebla para que, en ejercicio de sus derechos, promuevan acción de inconstitucionalidad contra las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Uso racional del agua

Acompañada de otros legisladores del PRD, portando letreros y globos llenos de agua y con un signo de pesos, la diputada Roxana Luna indicó que si bien los diputados locales son los encargados de crear y modificar las leyes, las autoridades estatales buscan que éstos legislen de manera que se pueda privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado. Y advirtió que la intención es privatizar otros servicios públicos como: la seguridad pública, panteones, mercados, basura, entre otros.

“Pero eso no es todo, a este proceso de privatización también es probable que se sumen otros servicios conexos al de agua potable, como drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso de aguas y suministro del vital líquido en pipas; además de que estas empresas privadas establecerán las tarifas con la autorización del Congreso del Estado y los Ayuntamientos”, advirtió.

Añadió que privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo en el Estado de Puebla, no sólo en un mayor deterioro a su precaria economía, sino que además enfrentarían cortes del servicio, así como el reclamo y demandas por pagos atrasados; deudas que tendrían que avalar incluso con sus bienes materiales: casas, terrenos, autos, maquinaria, etc.

La diputada poblana aclaró que es partidaria de racionalizar el uso adecuado del agua potable, así como del pago justo por la prestación del servicio, por lo que insistió en la necesidad de establecer políticas públicas sustentables de este servicio público, en vez de pretensiones privatizadoras como las que se impulsan desde gobierno estatal.