En El Batán atienden residentes y no especialistas; advierten incumplimiento normativo

El Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, opera con médicos residentes en lugar de especialistas psiquiatras de base, mientras su nivel de cumplimiento ante autoridades sanitarias fue calificado como “Parcial” en 2026, lo que, advierten especialistas, podría implicar incumplimientos normativos que comprometan la calidad y seguridad de la atención.

Fuentes con conocimiento directo de lo que sucede al interior del nosocomio comentaron a e-consulta que la falta de personal calificado se debe a una disputa de plazas entre la Secretaría de Salud y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), situación por la cual no se logra la contratación.

“No es lo mismo un residente, a tener un salario de médico de base, este especialista A o especialista B o C. No es lo mismo. La diferencia son varios varios miles de pesos”, declaró.

Corrupción y represalias al interior de El Batán

Te puede interesar:Ambulantaje rebasa al Ayuntamiento poblano: invade el Hospital C…›

La problemática se suma a la serie de señalamientos y acusaciones contra la atención en El Batán que, a decir de la fuente, presenta situaciones que son “una corruptela terrible, que se solapa, se tapa y se entierra”.

Desde directivos, administradores y coordinadores —según comenta— conocen de las violaciones a derechos humanos, pero nadie se atreve a denunciar por el temor a las represalias que se hacen efectivas para quienes decidan hablar de lo que pasa adentro.

Comida en mal estado, pacientes olvidados y falta de medicamentos

Comida en mal estado, falta de medicamentos y pacientes olvidados e internados contra su voluntad son otros de los problemas que persisten en El Batán y, a pesar de ser reportados, no son tomados en cuenta por parte de las autoridades.

La organización Documenta emitió un reporte durante este mes de octubre, en el que reveló que el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano cuenta con una población de 341 personas, de las que 175 están hospitalizadas de manera involuntaria, pese a las prohibiciones de la Ley General de Salud.

También reportó usuarios que llevan entre 10 y 20 años al interior de las instalaciones, mientras que 77 rebasan las dos décadas. Ante esto, el conocedor de la operación del nosocomio indicó que los familiares no regresaron, pero no existe un trato diferenciado al resto.

Leyes exigen revisar permanencia prolongada y falta de especialistas

De acuerdo con Heidi López Cruz, abogada penalista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Ley General de Salud es clara sobre la permanencia prolongada de pacientes, al establecer que la hospitalización debe responder a una necesidad terapéutica y mantenerse únicamente durante el tiempo estrictamente necesario.

Consideró que la estancia de los usuarios no debe prolongarse por motivos ajenos al beneficio clínico de la persona. Por ello, se puede exigir revisar si cada internamiento continúa médicamente justificado o si obedece a factores sociales, familiares o a la falta de alternativas de atención.

También mencionó que la NOM-025-SSA2-2014 dicta obligaciones para la prestación de servicios en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, entre ellas las relativas a la capacidad técnica del personal y a la atención especializada.

Si se confirma que los médicos residentes atienden sin la supervisión necesaria o sin disponibilidad efectiva de especialistas, podrían existir incumplimientos normativos que comprometan la calidad y seguridad de la atención, así como los derechos de las personas hospitalizadas.

Aspectos ameritan revisión de las autoridades

La abogada sostuvo que tanto el internamiento prolongado como la falta de personal especializado ameritan una revisión objetiva por parte de las autoridades, a fin de determinar si se garantizan una atención médica adecuada, el respeto a la autonomía de las personas y las condiciones necesarias para su rehabilitación e inclusión comunitaria.

Puntualizó que lo anterior debe analizarse a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que existe la obligación de respetar, proteger y garantizar sus derechos, sin discriminación y con respeto a su dignidad y autonomía. (MCJ)