Un informe de labores “platicado” en la BUAP

Y una “advertencia” de que culminará este período rectoral el 4 de octubre de 2029

Este domingo 4 de octubre rindió su informe la doctora Cedillo, a cargo de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aunque las sesiones del Consejo Universitario son públicas y se transmiten por las redes sociales comunes, en esta ocasión han “bajado” la información y lo que se dijo ahora no puede ser consultado por los universitarios.

Este carácter público es el que se encuentra en cuestionamiento porque en ausencia de un informe escrito ¿cómo va a analizarlo y, en su caso, aprobarlo el máximo órgano de gobierno universitario?

Efectivamente, la Ley de la BUAP señala en su artículo 16, relativo a las atribuciones exclusivas del Consejo Universitario, en su fracción “VI. Conocer y aprobar los informes anuales de actividades de las personas a cargo de la Rectoría y de los funcionarios mencionados en la fracción precedente;” y en el artículo 19, relativo a las facultades de la persona a cargo de la rectoría, fracción “V. Rendir un informe anual de actividades, con carácter público al Consejo Universitario;”

La sesión estaba destinada a enviar un mensaje político, que es el que todos los medios enfatizan, pues la doctora Cedillo concluyó diciendo “Mi período de gestión termina el 4 de octubre de 2029, no antes. Hay rectora para mucho rato”.

Señaló también a “grupos externos” a la universidad como los responsables de incitar a la desestabilización de la BUAP.

Pero los problemas de la institución son reales. Ha habido dos paros estudiantiles, en 2020 y 2025, de donde se deriva una larga lista de peticiones y demandas que tenían que ver, fundamentalmente, con la calidad de la enseñanza y la participación estudiantil en el gobierno universitario.

Sin embargo, todavía hoy la administración reivindica el Modelo Universitario Minerva (MUM) que se implantó en 2005.

Lo primero que hay que hacer para resolver los problemas es reconocerlos. Mientras esto no se haga, seguirán impidiendo a los propios consejeros universitarios manifestar su descontento, como sucedió con el consejero alumno de la Facultad de Físico Matemáticas el día del informe.

En La Jornada del lunes 5 de octubre se señala que, en 2027, el subsidio de las universidades estatales ascenderá a 72 mil 941 millones de pesos, un aumento del 2.07 por ciento, pero “la variación real será de cero por ciento, según datos de la bancada del PT en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.”

Además, en la misma nota se señala que la ANUIES entregó a la comisión un documento donde se afirma que existe “un déficit acumulado de 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026.” Asimismo, la rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo solicitó una ampliación del presupuesto de 36 mil 800 millones (alrededor del 50%) de pesos “para cubrir la política salarial, el incremento al salario mínimo, impulsar nuevas reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, y para la creación de un fondo solidario de mantenimiento y mejora de la infraestructura.”

Y es que “en términos reales sólo seis entidades reflejan aumentos reales: Jalisco, 4.76 por ciento; Veracruz, 3.94; Quintana Roo, 1.38; estado de México, 1.03; Baja California, 0.97, y Sinaloa, 0.18.” La mencionada rectora concluyó su intervención señalando que el presupuesto de educación superior debería crecer igual que la inflación, al menos un incremento del 4% respecto a 2026.

En realidad, no sabemos qué sucede en el caso del presupuesto de la BUAP, pero en todo caso ¿quién podría estar en desacuerdo con un incremento real al presupuesto de las universidades estatales si éste se destinara prioritariamente a lograr la indispensable estabilidad laboral, alcanzable sólo con la creación de plazas para los profesores hora clase, y los incrementos salariales de todo el personal, lo cual incidiría directamente en el mejoramiento de la enseñanza universitaria?

De acuerdo con el Anuario Estadístico 2025-2026 de la BUAP, de los 5112 profesores con que cuenta en todos los niveles, 2757 son profesores de asignatura u hora clase, equivalentes al 54% del total; 1970 son de tiempo completo, o sea el 38.5%; y 385 son de medio tiempo, equivalentes al 7.5%.

¿Cómo no va a ser un problema que tan sólo el 46% del magisterio esté profesionalizado o sea profesor de carrera?

En el informe se mencionan tres niveles de profesores hora clase, pero desconocemos qué características los distinguen. Obviamente esta clasificación no está contemplada en el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) aunque ya ha declarado la administración que éste habrá de “ajustarse” a los cambios hechos a la legislación universitaria.

Lo que no sabemos es cómo y en qué medida esto afectará los derechos laborales del magisterio y, en consecuencia, también a la calidad de la enseñanza universitaria.