Trump, el presidente más corrupto de EU
La oficina encargada de investigar la corrupción pública en EU pasó de 36 abogados a solo 2
Hay noticias que pasan desapercibidas porque vienen envueltas en cifras. Esta semana apareció una que merece detenerse un momento. Un estudio publicado por The Leah Files colocó a Donald Trump como el presidente estadounidense con la mayor puntuación de corrupción dentro de un modelo que compara administraciones desde Eisenhower. Pero más allá del número, lo verdaderamente interesante es entender qué está midiendo y qué no.
El estudio no es una medición oficial del gobierno de Estados Unidos ni una sentencia judicial. Su autora construyó una escala basada en ocho criterios y distingue entre evidencia plenamente probada y documentación respaldada por investigaciones periodísticas, documentos oficiales y testimonios.
Uno de esos datos resulta difícil de ignorar. El criterio de enriquecimiento recibe 8.6 de 10 puntos y parte de la declaración financiera oficial presentada por Trump correspondiente a 2025. Ese documento reporta más de dos mil millones de dólares en ingresos, ingresos brutos y otros recursos durante un solo año, con una parte importante vinculada al negocio de las criptomonedas.
La pregunta aquí es ¿Puede un presidente multiplicar sus negocios privados mientras ocupa el cargo sin poner a prueba los límites entre el interés público y el privado? El estudio responde esa pregunta con una metodología interesante. Lo importante es que las cifras utilizadas provienen de documentos públicos, no de rumores de internet.
Pero hay un segundo dato que, a mi juicio, resulta todavía más preocupante. Mientras el estudio documenta el crecimiento patrimonial, también registra el debilitamiento de los mecanismos encargados de vigilar la corrupción dentro de Estados Unidos. Ese criterio recibe 8 de 10 puntos y señala una reducción drástica en la capacidad institucional para investigar posibles actos indebidos.
El ejemplo más contundente está en la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Según la investigación, esa oficina pasó de aproximadamente 36 abogados especializados a apenas dos. No estamos hablando de una diferencia administrativa menor. Estamos hablando de una estructura diseñada para perseguir corrupción pública que pierde buena parte de su capacidad operativa justo cuando más se necesitaría supervisión.
Desde México conviene mirar esta historia con atención. No porque se trate de un escándalo ajeno, sino porque las decisiones tomadas en Washington siguen moldeando nuestra economía, nuestra migración y nuestra relación bilateral. Cuando un gobernante acumula riqueza mientras disminuyen los controles institucionales, el problema deja de ser únicamente cuánto gana. La verdadera pregunta es quién queda con capacidad para vigilar al poder.
A cuenta de todo esto que hemos narrado, el maestro Jorge Durand considera que las deportaciones de centroamericanos a naciones de África son operaciones muy costosas, pero se están haciendo porque Trump, haciendo gala de impunidad, está gastando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para llevar a miles de personas a países con los que no tienen ningún vínculo. Decenas de millones de dólares para trasladarlos, pagar a los gobiernos que los reciben y después financiar su atención. ¿Cuál es la lógica? Quizá no haya otra que la que ha marcado buena parte de esta política migratoria: cuando no existen límites, el dinero público parece no tenerlos tampoco.
Dicho de otro modo, Trump está aplicando mano dura a la migración porque tiene el dinero para hacerlo, pero también porque está reduciendo los controles que podrían ponerle límites. Mientras millones de dólares de los contribuyentes financian deportaciones cada vez más lejanas y costosas, las instituciones encargadas de vigilar al poder pierden capacidad para hacerlo. Ahí es donde las dos historias se juntan.