¿Sabes qué pasa cuando un Gobierno solo da discursos?
Entre el discurso y la realidad: las voces que en Palacio Nacional no pueden ni deben ignorar
Apenas hace unos días terminó la gira que hizo la presidenta de México por todo el país, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno; lo que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué tan distante está el discurso oficial de la realidad que vivimos miles de familias mexicanas? ¿Y qué tanto viola la ley una serie de eventos bajo el esquema de informe, que durante un mes sirven para promoción personal? (mientras el INE voltea a ver a otro lado)
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum ha defendido desde la mañanera lo que ella considera avances de su administración, donde habla de bienestar social, la transformación de las instituciones, el respeto a las libertades y la muy sonada soberanía nacional. Sin embargo, detrás de cifras frías y los mensajes oficialistas de optimismo persisten problemas que aún no pueden resolverse, ni con discursos o explicaciones institucionales ni mucho menos con culpas al pasado.
Uno de los problemas más dolorosos que aquejan a nuestras familias es la violencia que semana a semana se ha ido incrementando, las notas que hablan de muertes y desapariciones, problemas que antes veíamos lejanos en nuestro estado, es triste ver como la realidad de estados como Sinaloa o Michoacán nos ha alcanzado.
El contraste resulta particularmente preocupante cuando las voces críticas parecen convertirse en una molestia para el poder. En junio pasado, ante los cuestionamientos sobre la falta de encuentros directos con colectivos, Sheinbaum aseguró que recibe personalmente a madres buscadoras, aunque sin hacer propaganda de ello, y defendió la atención institucional a través de su gabinete. No obstante, la persistencia de las exigencias de estos colectivos plantea una cuestión legítima: ¿es suficiente canalizar sus demandas a través de funcionarios cuando las propias familias denuncian omisiones y falta de resultados?
La gravedad del problema quedó nuevamente expuesta con el lamentable hallazgo de alrededor de mil 600 dientes de leche en un predio de Zacapu, Michoacán, reportado por el colectivo “Buscando Cuerpos en Todo México”. La dimensión de este descubrimiento resulta estremecedora, no solo por la posibilidad de que existan víctimas infantiles, sino también por las interrogantes que siguen sin respuesta sobre el origen de los restos, su identificación y las circunstancias en que fueron encontrados. La Fiscalía estatal ha señalado que no cuenta con registro de esas piezas, mientras las buscadoras sostienen que hubo intervenciones y actuaciones relacionadas con el sitio. La investigación científica y la identificación oficial siguen siendo indispensables.
Y créame, no se trata de convertir una tragedia en un argumento partidista, sino de reconocer que detrás de cada hallazgo hay familias que merecen respuestas, investigaciones rigurosas y acompañamiento efectivo. Cuando las madres deben recurrir a protestas, amparos y movilizaciones para conseguir que las autoridades reciban sus denuncias, la discusión deja de ser exclusivamente administrativa y se convierte en una exigencia de justicia y responsabilidad pública.
Y mientras estas familias siguen buscando respuestas, otro caso vuelve a colocar al Gobierno Federal bajo el escrutinio público: el de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado en investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con contratos públicos y otras irregularidades. Tras ser localizado en Suiza por un reportero, la presidenta sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar si existen pruebas de posibles delitos, y cuestionó que una investigación se abra únicamente por lo publicado en los medios.
¿Es legítimo exigir pruebas antes de iniciar procedimientos penales cuando, queriendo dar un mensaje político meten a la cárcel a un símbolo de la democracia de México? Me refiero al caso del exgobernador Ernesto Ruffo, quien por cierto fue detenido y trasladado en avión para después ser regresado a su domicilio por vía terrestre bajo condiciones inhumanas (que por cierto dicho traslado me recordó al que sometieron a Lidia Cacho).
Al final, el contraste es inevitable: mientras las madres buscadoras recorren el país enfrentándose al dolor, al abandono y, en algunos casos, a la violencia, un medio de comunicación consiguió localizar en Suiza a un empresario objeto de cuestionamientos públicos. ¿Qué dice esta situación sobre las prioridades de atención, la capacidad de respuesta institucional y la disposición del poder para enfrentar los asuntos incómodos?
La pregunta para la presidenta no es si debe validar automáticamente las denuncias de las buscadoras o los señalamientos periodísticos, sino si está dispuesta a escuchar, investigar y dar respuestas verificables y no que volteé a otro lado menos incómodo. Gobernar también significa mirar de frente aquello que contradice el discurso oficial. Y cuando las víctimas siguen esperando, el silencio, la distancia y el desinterés también merecen ser examinados por la ciudadanía.
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