¿Quién paga los aplausos al para el Gobernador?

Bots, propaganda y ataques: ¿quién está pagando la defensa digital al Gobernador?

Hay gobiernos que se esfuerzan por resolver los problemas de la gente y hay gobiernos que parecen más preocupados por cómo se ven en las redes sociales.

En Puebla, una investigación periodística acaba de poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el Titular del Ejecutivo Estatal: ¿su popularidad digital es tan grande como presume o necesita que alguien se encargue de aplaudirle desde cuentas falsas?

El tema no es menor. Ya que el pasado 5 de octubre, Tv Azteca Noticias difundió una investigación sobre una red de cuentas falsas que operaría para promover la imagen del gobernador y desacreditar a quienes cuestionan su administración. Este lunes 12 de octubre, una segunda parte documentó lo que la televisora identifica como la operación “Espada TV Azteca”, una estrategia dirigida contra su cobertura informativa en Puebla. Los reportajes señalan a la empresa Concentra BPO y presentan documentos internos, conversaciones y registros de perfiles que, según la investigación, formarían parte de esta operación.

Ante estos señalamientos, el gobierno tiene una obligación elemental: responder con transparencia y explicaciones reales. Porque una cosa es que un gobernante tenga simpatizantes que lo defiendan en redes sociales, algo perfectamente legítimo, y otra muy distinta es que se utilice una estructura organizada de identidades falsas para simular respaldo ciudadano y desacreditar a la prensa crítica.

¿De verdad necesita el gobernador que le fabriquen aplausos? ¿No le alcanza con los resultados de su gobierno para convencer a los poblanos?

Y es que las redes sociales se han convertido en una plaza pública, ahí los ciudadanos denuncian, cuestionan, reconocen y reclaman. Pero si esa conversación se contamina con perfiles ficticios que simulan ser personas reales, el debate deja de ser auténtico y se convierte en un escenario diseñado para engañar.

Y aquí aparece la primera contradicción: mientras los ciudadanos buscan respuestas sobre la inseguridad, los servicios públicos, la movilidad y el funcionamiento del gobierno, una investigación periodística señala la existencia de una maquinaria digital destinada a defender la imagen del mandatario y confrontar a sus críticos.

Pero ¿En qué momento la prioridad dejó de ser gobernar y enfocarse a los comentarios negativos de redes sociales? ¿Cuánto tiempo, personal y dinero se destina a cuidar la imagen de un funcionario, mientras las familias poblanas esperan soluciones a los problemas que enfrentan todos los días?

Porque las publicaciones en redes pueden multiplicarse, los comentarios pueden aparecer por cientos y los perfiles pueden tener fotografías convincentes. Lo que no pueden hacer es sustituir los resultados. Un comentario fabricado no devuelve la tranquilidad a una familia, no resuelve una denuncia, no mejora el transporte público y no mejora las condiciones de los ciudadanos que enfrentan día a día.

Los problemas de Puebla no desaparecen porque alguien consiga que los comentarios favorables al gobernador sean más numerosos que las críticas.

Ahora, la segunda parte de Azteca Noticias describe un mecanismo que, según los documentos presentados por la televisora, contemplaría intervenir publicaciones, sembrar dudas sobre la credibilidad periodística y simular debates entre perfiles falsos para dar la impresión de que una determinada postura tiene mayor respaldo social.

Si esos señalamientos se acreditan, no estaríamos hablando simplemente de una estrategia de comunicación política. Estaríamos ante una práctica que plantea serias preguntas sobre la libertad de expresión, la transparencia y el uso de recursos para intervenir en la conversación pública.

Pero lo que no puede normalizarse es que se pretenda sustituir la respuesta pública por una campaña encubierta de descalificación.

¿Desde cuándo cuestionar al poder se convirtió en una provocación que merece una operación de desgaste? ¿Desde cuándo un reportaje incómodo debe enfrentarse con perfiles ficticios en lugar de documentos, explicaciones y rendición de cuentas?

Y si el gobierno considera que las publicaciones de un medio son falsas, ¿por qué no demostrarlo públicamente, punto por punto? ¿Por qué recurrir a una estrategia digital como la que describe la investigación, en vez de dejar que los hechos hablen por sí mismos?

La prensa no es un enemigo del gobierno. Su función es informar, investigar y cuestionar. Los funcionarios, por su parte, tienen la obligación de rendir cuentas. Esa relación puede ser incómoda, pero es indispensable en una democracia.

Ahora bien, hay otra pregunta que no podemos dejar pasar: ¿quién paga la cuenta?

La investigación señala a Concentra BPO como la empresa que habría administrado la operación. Sin embargo, una cuestión fundamental sigue siendo determinar, mediante contratos, facturas, comprobantes y documentación oficial, quién solicitó los servicios, quién los pagó y de dónde provinieron los recursos.

Si existió una contratación, que se conozcan el contrato, el objeto del servicio, el monto, la partida presupuestal y los entregables.

Y si los recursos públicos fueron utilizados para promover a un funcionario o desacreditar a periodistas, que se investigue y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El dinero público no es propiedad de un gobernador, ni de su equipo de comunicación, ni de un partido político. Es dinero de los ciudadanos, cada peso debe tener una justificación legal y un propósito público.

¿Los poblanos están pagando servicios para mejorar la comunicación institucional o para fabricar una realidad digital favorable al gobierno? ¿Se trata de informar a la ciudadanía o de administrar una operación para defender la imagen de quienes gobiernan?

Son preguntas que merecen respuestas documentadas, no descalificaciones ni evasivas.

Porque el Gobernador del Estado ha construido buena parte de su discurso alrededor de la transformación y del compromiso con Puebla. Pues bien, la mejor manera de demostrarlo no es multiplicando mensajes favorables, sino permitiendo que los ciudadanos conozcan la verdad, incluso cuando esa verdad resulte incómoda para su administración.

Un gobierno seguro de sus resultados no necesita fingir que toda la ciudadanía está de acuerdo con él. Un gobierno que respeta la crítica responde con argumentos y un gobierno comprometido con la austeridad cuida cada peso del erario como lo que es: patrimonio de los poblanos.

Al final, las redes sociales pueden engañar durante un tiempo. Los perfiles pueden inventarse nombres, las fotografías pueden robarse y los comentarios pueden fabricarse. Pero hay algo que ninguna granja de bots puede producir en serie: la confianza ciudadana.

Esa se construye con seguridad, servicios, transparencia y resultados, no con cuentas falsas, aplausos programados ni campañas de descalificación a quienes no estén de acuerdo con el Gobierno.

Porque un gobernador puede contratar quien le administre sus redes, pero no puede contratar a los ciudadanos para que crean en él. Y mucho menos puede confundir una multitud de perfiles falsos con el respaldo de todo un pueblo.

Mientras que los bots aplauden; Puebla sigue en espera resultados.