Más allá del lapsus del “huachicol fiscal”
Político, abogado y contador público certificado. Nacido en Puebla. Como periodista ha sido colaborador en radio, televisión y periódicos locales. Como político ha sido Presidente Estatal del PRD. Funcionario en los poderes ejecutivo y legislativo federal y estatal.
Por qué el fraude de los combustibles no es un tropiezo verbal, sino un sofisticado esquema de delincuencia
En días pasados, el escenario político poblano se vio sacudido por una declaración en la Cámara de Diputados Federal que fue calificada como un tropiezo verbal: la mención del término “huachicol fiscal”. Más allá de la natural controversia partidista y las reacciones en las redes sociales, el concepto puso el dedo en una llaga técnica y financiera que merece ser analizada con total frialdad jurídica. No estamos ante un simple juego de palabras; nos encontramos frente a uno de los drenajes de recursos públicos más complejos, sofisticados y dañinos para las finanzas de nuestro estado y del país.
Para quienes nos hemos dedicado a la fiscalización, la auditoría y la contabilidad, sabemos perfectamente que la evasión no se reduce a la economía informal de las calles. El verdadero “huachicol fiscal” opera bajo una elaborada simulación legalizada: el contrabando técnico de combustibles. Consiste en introducir millones de litros de gasolina y diésel al territorio nacional alterando los pedimentos aduaneros para hacerlos pasar por aceites o lubricantes, evadiendo así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Adicionalmente, el esquema impacta negativamente en el Impuesto sobre la Renta (ISR) por la vía corporativa.
Las cifras de este mercado negro son sencillamente devastadoras para el erario. De acuerdo con datos consolidados de la Procuraduría Fiscal de la Federación y el propio SAT, el perjuicio acumulado por la evasión en este rubro alcanza la histórica cantidad de 600 mil millones de pesos. Para dimensionar el tamaño del boquete financiero diario, consultoras especializadas del sector como Petrointelligence estiman que la pérdida anual promedio ronda los 177 mil millones de pesos, lo que se traduce en un desfalco diario de aproximadamente 485 millones de pesos que dejan de ingresar a las arcas públicas. Incluso en periodos recientes, el brazo fiscalizador detectó más de 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados, equivalentes a 4 mil 600 millones de pesos en impuestos omitidos de forma directa.
Cuando estos recursos se esfuman, el impacto en la recaudación federal participable es brutal. Afecta directamente la fórmula con la que se distribuyen los fondos federales hacia los estados y sus municipios. Cada peso evadido en las aduanas es un peso menos para seguridad pública, infraestructura vial, clínicas y servicios básicos en nuestras comunidades. Por ello, el gran reto no es solo identificar el problema a nivel mediático, sino entender cómo combatirlo desde las instituciones locales y garantizar una sanción ejemplar para los responsables, quienes actúan como delincuentes de cuello blanco.
El panorama federal dio un vuelco total luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmara tras su comparecencia en el Senado que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio se encuentra plenamente localizable y bajo el radar del Gobierno Federal. El funcionario detalló que las líneas de investigación surgieron tras la captura de un líder criminal regional con operaciones en estados clave como Tabasco, Veracruz, Oaxaca y la entidad poblana.
García Harfuch precisó que todos los indicios y presuntos audios que vinculan al polémico contratista con redes de adjudicaciones irregulares, e incluso con supuestas conexiones delictivas operadas desde Puebla, ya fueron formalmente integrados a las carpetas de investigación correspondientes. El secretario enfatizó que, aunque el gobierno federal mantiene el monitoreo de su ubicación, corresponderá estrictamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar las responsabilidades legales y el alcance penal de estas indagatorias que tocan las fibras más sensibles de la política nacional y local.
El propio secretario de Seguridad detalló que los audios e indicios que involucran a Amílcar Olán se desprendieron originalmente de la captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario federal especificó explícitamente que la célula de este líder criminal tenía como eje principal de operaciones a los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla. De esta manera, las redes de extorsión y protección del combustible tocaban directamente las rutas poblanas.
Frente a este escenario, queda claro que el “huachicol fiscal” no puede seguir siendo tratado como un simple debate de retórica política o un asunto de coyuntura mediática. Frenar este desfalco multimillonario exige una coordinación institucional implacable y un verdadero Estado de derecho que desmantele tanto a las células operativas en las carreteras como a las redes de cuello blanco que simulan legalidad desde las despachos. La viabilidad financiera de nuestros estados y la seguridad de nuestras comunidades dependen de que la justicia actúe con firmeza; de lo contrario, la impunidad seguirá financiando al crimen organizado a costa del desarrollo de todos los mexicanos.