Los problemas políticos no son de carácter moral

Pero son encomiables o no tanto las decisiones morales como políticas, ¿cómo distinguirlas?

Con motivo de las declaraciones del rector de la UNAM, doctor Lomelí Vanegas, en relación con las ‘trampas’ hechas por los estudiantes que presentaron el examen de admisión, señalé que el problema que enfrentaban las autoridades internas y externas no era de carácter moral sino político.

Y creo que el libro de Alejandro Tomasini Bassols, uno de cuyos ensayos se denomina “Conciencia Moral y Dilemas Morales” nos da claridad sobre los rasgos característicos de un problema moral, rasgos que lo distinguen de otros tipos de problemas como el político.

Una primera aclaración fundamental es la diferencia que existe entre las proposiciones que versan acerca de la realidad y son descriptivas y por lo tanto verdaderas o falsas, y las aseveraciones morales que más bien tienen que ver con la corrección de nuestras acciones, con sus resultados y que son objeto de nuestra aprobación o rechazo.

Por ejemplo, podemos decir de alguien que ha cuidado a sus padres varios años. Esta afirmación será verdadera si éste es el caso, y falsa si no es cierto que ha cuidado a sus padres. En cambio, si decimos “Es un deber de los hijos cuidar a los padres” esta aseveración, más que verdadera, tendrá nuestra aprobación o nuestro rechazo. La consideraremos correcta o incorrecta.

Sin embargo, sí hay una relación entre la acción moral y la verdad señala nuestro autor: “la corrección moral presupone la verdad factual, puesto que la acción moral correcta no puede gestarse sobre la base de falsedades. Así, si alguien actúa de manera tal que los resultados de su acción son moralmente positivos pero la acción en cuestión estaba fundada en creencias falsas, entonces la acción en cuestión automáticamente pierde todo mérito moral.”

Por ejemplo, si alguien hace campaña por un candidato sabiendo que es una persona deshonesta, y resulta que ya ocupando el cargo construye hospitales, arregla las vías de comunicación, aumenta el subsidio para la educación, etc., todos estos resultados aun siendo positivos no vuelven moralmente correcta la acción del que lo apoyó.

Volviendo al examen de la UNAM, uno podría pensar que tenían razón las autoridades en rechazar a los “tramposos” por usar la tecnología que tenían a la mano. Pero esto es absurdo, aun cuando apareciera en la convocatoria correspondiente que no estaba permitido usar la Inteligencia Artificial, o cualquier otra ayuda.

¿Por qué es absurdo? Porque, aunque la regla es “no debes usar la ayuda tecnológica”, la probabilidad de ingresar a estudiar está en función del puntaje obtenido en el examen. Así, la obediencia a la regla pone al estudiante en enorme desventaja frente al número de aspirantes a ingresar a la universidad. Sobre todo, sabiendo que la “ayuda tecnológica” está al alcance de prácticamente todos. En realidad, es muy probable que ni siquiera se hayan planteado el problema como un problema moral ¿Debo o no usar la tecnología? Sino como un problema práctico, de resultados deseables ¿qué hacer para tener las mayores posibilidades de entrar a la universidad?

Obviamente el fracaso del examen es totalmente atribuible a la institución que no puede justificarse culpando a los “tramposos”.

Es claro que la falta de lugares en las universidades públicas, especialmente en el caso de la UNAM, atribuible a la manera en que ejercen sus recursos, no es una responsabilidad exclusiva de éstas, sino de las políticas públicas de educación superior. No es casual, pues, que el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM (SITTAUNAM) esté solicitando directamente a la Cámara de Diputados asignar 175.7 millones de pesos del presupuesto para 2027 etiquetados para la basificación de más de 23 mil profesores de asignatura. (La Jornada, 9 de septiembre)

Es un hecho que el presupuesto asignado a la educación superior es totalmente insuficiente y este es un problema que arrastramos hace décadas.

He aquí una gran diferencia con el período en el que Alfonso Vélez Pliego fue rector de la BUAP, de 1981 a 1987. En estos años la profesionalización de la enseñanza se reflejó en el número de profesores de carrera de la universidad; y no sólo esto, sino que cada docente tenía la oportunidad de pedir un permiso por superación académica para hacer sus posgrados: especialidades, maestrías y doctorados, conservando el salario íntegro. Además, realizaban sus estudios aquí o en el extranjero. Así, la planta docente de todas las escuelas no sólo creció al ritmo que creció la matrícula, sino que además se especializó y perfeccionó.

Recuerdo que Alfonso se ufanaba no sólo del crecimiento de la matrícula sino de que el número de estudiantes mujeres era ya cercano al de varones. Imaginen ustedes si no iba a estar orgulloso de este logro si fue el primer director y fundador de la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata”, creada para dar educación media superior a los “rechazados” de la Preparatoria Benito Juárez, la única que existía en la universidad.

Los programas impulsados durante su rectorado no sólo beneficiaron a los docentes que tenían la superación académica garantizada, sino a los estudiantes con diversos programas de becas como las becas de formación y becas tesis que se iniciaron en 1985 en la Escuela de Filosofía y Letras y combatieron la deserción escolar y aumentaron el índice de titulación en las seis licenciaturas que albergaba: Historia, Filosofía, Literatura y Lingüística, Antropología, Enseñanza de Lenguas Extranjeras y Psicología.

Obviamente estos programas que beneficiaban a docentes y estudiantes no eran el resultado de un planteamiento moral del rector ¿debo o no debo becarlos?, sino el resultado de políticas encaminadas a beneficiar al mayor número de personas, en tanto actores de la educación, y a elevar cada vez más el nivel de la enseñanza universitaria.