Lo que Palacio anunció sin expediente

Cuando la reelección no necesita plano. Le basta posible respaldo

Una obra de teatro empezó antes que las maquetas. El 21 de agosto el alcalde José Chedraui informó que Grupo Carso no había solicitado permisos municipales ni entregado el proyecto ejecutivo: el Ayuntamiento conocía una compraventa entre particulares, no un desarrollo. El 1 de octubre, en Palacio Municipal, Carlos Slim y el mismo alcalde presentaron el rescate de Paseo de San Francisco: más de 4,000 millones de pesos, predios en la zona, unos 700 departamentos, comercio y un puente, dentro del polígono que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en 1987. Entre una fecha y la otra, Chedraui confirmó que buscará la reelección y que pedirá licencia cuando Morena marque los tiempos. Ese mismo día el Ayuntamiento distinguió a Slim como Visitante Distinguido.

La coincidencia no prueba un acuerdo. Sí obliga a abrir el expediente. ¿Qué documentos se entregaron entre el 21 de agosto y el 1 de octubre? ¿Qué cambió para que una intención sin trámite se anunciara desde Palacio? ¿Por qué una obra de esta escala aparece en público a días del anuncio de reelección y no en el primer tramo del trienio?

Ahí está el punto, no en la maqueta. Si el erario va a drenaje, calles, movilidad o espacio público alrededor de una inversión privada de esa magnitud, corresponde decir cuánto pone el empresario, cuánto pone el municipio y si esas obras ya estaban presupuestadas antes de conocerse el proyecto o se etiquetaron después. Una calle puede servir al barrio y, al mismo tiempo, subir el valor del predio contiguo. Socializar el costo y privatizar la plusvalía no es un eslogan: es una cuenta.

El Centro Histórico ya tiene la otra cuenta. Según Inegi e Implan, citados por el Plan de Manejo, la población pasó de 76,102 habitantes en 2000 a 41,293 en 2020, una caída de 45.7 por ciento. De 13,587 viviendas de ese año, 18.1 por ciento estaban vacías y 10.1 por ciento eran de uso temporal.

No todo es gentrificación: pesan el deterioro, el cambio de uso de suelo y la salida hacia la zona metropolitana. Pero el alza del valor inmobiliario sí puede acelerar la salida. Comerciantes del centro han denunciado locales de hasta 100,000 o 120,000 pesos al mes; registros de 2025 ubicaron rentas de departamento 22 por ciento más caras en menos de dos años, con promedios cercanos a 11,000 pesos y ofertas de 26,000. AMPI había medido cerca de 19 por ciento entre 2020 y 2024. En Los Sapos y San Francisco, vecindades y anticuarios fueron cediendo espacio a hoteles y establecimientos orientados a consumidores con mayor poder adquisitivo.

Slim sostiene que el proyecto devolverá habitantes y ofrecerá vivienda accesible. Entonces los números serán la prueba. ¿Cuántos de los 700 departamentos tendrán realmente precios accesibles? ¿Qué mecanismo garantizará que conserven ese carácter después de la primera venta o renta? ¿Cuántos podrán terminar como alojamiento temporal? Sin condiciones verificables, lo accesible sigue siendo un adjetivo.

También importa la altura permitida por el polígono, no la que cabe en la maqueta. El Ayuntamiento afirma que existe coordinación con el Gobierno del estado y el INAH para cumplir las normas de intervención. Pero coordinación no sustituye dictamen ni proyecto ejecutivo. ¿El Instituto ya recibió el expediente? ¿Qué autorizaciones existen hoy y cuáles siguen pendientes?

Y están los locatarios del Paseo. Si algunos contratos dejaron de renovarse antes de la presentación pública, corresponde preguntar si la desocupación obedeció a la dinámica ordinaria de la zona oestuvo relacionada con la preparación del nuevo desarrollo.

Hay además un parentesco que no acredita irregularidad y sí exige luz. Una nieta de Slim está casada con un hijo del alcalde. Permisos, convenios y obra pública complementaria tendrían que poder leerse sin pedir audiencia.

Ese vínculo familiar tampoco demuestra respaldo político. Pero, en un contexto de reelección anunciada, inversión multimillonaria y exposición pública compartida, sí hace razonable preguntar si el proyecto terminará siendo utilizado como activo político o como señal de apoyo indirecto. Esa duda sólo se despeja con documentos, reglas claras y decisiones transparentes.

Oponerse a la opacidad no es oponerse a la inversión. Cuatro mil millones pueden dejar empleo y vivienda. También pueden dejar plusvalía privada y menos vecinos si la regla pública llega después de la foto.

Puebla ya perdió casi la mitad de quienes habitaban su centro al empezar el siglo.

La licencia alcanza para buscar otros tres años.

No alcanza para sustituir el expediente.

¿O no lo cree usted?