La libertad de expresión: el derecho a informar y el derecho a saber
La libertad de expresión suele defenderse como uno de los pilares de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, detrás de esta afirmación existe una realidad mucho más compleja: para que una persona pueda expresar sus ideas, un periodista pueda investigar y publicar información, y una audiencia pueda formarse una opinión propia, deben existir condiciones que hagan posible el ejercicio efectivo de esos derechos.
En México, la libertad de expresión y el derecho a la información están reconocidos por la Constitución. El artículo 6.º establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, mientras que el artículo 7.º reconoce la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Estos principios también forman parte del marco internacional de derechos humanos, particularmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reconocer un derecho en la ley no significa que su ejercicio esté garantizado en la vida cotidiana.
Para los periodistas, uno de los principales problemas continúa siendo la violencia y las amenazas derivadas de su actividad profesional. Organismos internacionales y organizaciones especializadas han documentado durante años agresiones contra periodistas, medios y personas defensoras de la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado reiteradamente que la violencia contra periodistas no solamente afecta a quienes la sufren directamente: también genera autocensura y reduce la diversidad de información disponible para la sociedad.
La consecuencia es particularmente grave cuando las agresiones quedan impunes. Si investigar un hecho de interés público puede significar amenazas, hostigamiento o violencia, mientras los responsables difícilmente enfrentan consecuencias, el mensaje que recibe la sociedad es contrario al propósito de la libertad de expresión.
La seguridad de los periodistas, por ello, no puede ser considerada únicamente un asunto laboral o gremial. Es una cuestión relacionada directamente con el derecho de la sociedad a estar informada.
Pero existe otra parte de esta ecuación que con frecuencia recibe menos atención: las audiencias.
El derecho a la información no consiste solamente en recibir una gran cantidad de contenidos. También implica que las personas tengan posibilidades reales de acceder a información plural, relevante y confiable para tomar decisiones. En una época caracterizada por la velocidad de las redes sociales, esta tarea se ha vuelto considerablemente más difícil.
La expansión de las plataformas digitales democratizó la posibilidad de publicar y permitió que millones de personas dejaran de ser únicamente receptoras de información para convertirse también en productoras y distribuidoras de contenidos. Esta transformación representa una conquista importante. Al mismo tiempo, abrió espacios para la circulación de información falsa, contenidos manipulados y mensajes diseñados deliberadamente para provocar confusión.
La desinformación plantea entonces un dilema delicado. Combatirla es necesario para proteger el derecho de las audiencias a recibir información confiable, pero combatirla no debe convertirse en un pretexto para censurar opiniones legítimas o establecer controles gubernamentales sobre aquello que puede o no decirse.
La diferencia es fundamental.
Una democracia necesita mecanismos para enfrentar la información falsa, pero también necesita preservar el derecho a equivocarse, cuestionar a las autoridades, criticar a las instituciones y expresar opiniones que puedan resultar incómodas. La libertad de expresión pierde su sentido cuando únicamente protege aquello que resulta aceptable para quienes ejercen el poder en la sociedad y en las corporaciones de medios de comunicación.
De ahí que la responsabilidad no corresponda exclusivamente a los gobiernos.
Los medios de comunicación y los periodistas tienen también una responsabilidad profesional. La libertad de expresión no elimina la obligación de verificar datos, distinguir información de opinión, reconocer errores y ofrecer contexto. La credibilidad periodística se construye precisamente mediante esas prácticas.
La audiencia, por su parte, enfrenta un desafío diferente: aprender a distinguir entre información sustentada y contenidos cuyo propósito principal puede ser manipular, provocar o generar una reacción inmediata.
En este escenario, la alfabetización mediática adquiere una importancia creciente. UNESCO y otros organismos internacionales han destacado la necesidad de fortalecer las capacidades de las personas para evaluar críticamente la información que reciben y producen. No se trata de decirle a la sociedad qué debe pensar, sino de proporcionarle herramientas para determinar por sí misma qué información merece confianza.
También las autoridades tienen responsabilidades específicas. Deben garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo, investigar las agresiones y evitar cualquier utilización arbitraria del poder para silenciar críticas. La regulación debe tener como finalidad proteger derechos y no convertirse en un instrumento de censura.
Este equilibrio no siempre es sencillo.
La libertad de expresión, como otros derechos fundamentales, tiene límites establecidos por la ley. No protege automáticamente cualquier conducta o contenido. Existen responsabilidades posteriores relacionadas, entre otros aspectos, con la protección de derechos de terceros. Pero una cosa es establecer responsabilidades conforme a normas previamente conocidas y mediante procedimientos legales, y otra muy distinta utilizar conceptos ambiguos para inhibir la crítica pública.
La discusión resulta especialmente relevante en el entorno digital. Las redes sociales han reducido las barreras para publicar información, pero también han multiplicado la velocidad con la que una afirmación puede alcanzar a miles o millones de personas. La respuesta democrática no puede consistir simplemente en eliminar contenidos o aumentar controles. Requiere instituciones confiables, periodismo profesional, educación mediática y ciudadanos capaces de contrastar información.
La libertad de expresión, en última instancia, no pertenece únicamente a los periodistas.
Pertenece también a quién pregunta, a quién critica, a quién investiga, a quién disiente y a quién busca información para decidir. El periodista cumple una función esencial porque profesionalmente investiga y comunica asuntos de interés público, pero su trabajo tiene sentido precisamente porque existe una sociedad con derecho a saber.
Por eso, cuando se agrede a un periodista, la afectación no termina en la persona que recibió la amenaza o sufrió la violencia. También se perjudica a quienes dejarán de conocer una información, una investigación o una realidad que pudo haber sido revelada.
Del mismo modo, cuando circula información falsa y las audiencias no cuentan con herramientas para identificarla, el problema no se limita al contenido engañoso. Se debilita la capacidad colectiva para deliberar y tomar decisiones informadas.
Defender la libertad de expresión exige, por tanto, mirar el problema desde sus dos extremos: el derecho a informar y el derecho a saber.
Una sociedad democrática necesita periodistas libres y seguros, medios responsables, autoridades sujetas a la ley y audiencias capaces de ejercer un pensamiento crítico. Ninguno de estos elementos puede sustituir a los demás.
La libertad de expresión no garantiza que todas las opiniones sean correctas, ni que toda información publicada sea verdadera. Lo que garantiza es la posibilidad de debatir, investigar, cuestionar y corregir.
Esa posibilidad constituye uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales una sociedad puede conocer sus problemas y exigir soluciones.
Protegerla no significa proteger únicamente a quienes ejercen el periodismo. Significa proteger la posibilidad de que todos podamos conocer, preguntar, disentir y decidir.
Porque, al final, el derecho a informar y el derecho a saber forman parte de una misma libertad: la libertad de una sociedad para conocer su propia realidad.