Encuestas: ¿termómetro o maquillaje?

Las encuestas pagadas por quien se beneficia de ellas, sin licitación ni metodología clara, dejan de medir y empiezan a confirmar lo que el cliente quiere oír

Vamos a desarmar el proceso, porque es simple hasta dar risa. Alguna dependencia de gobierno, algún aspirante o algún “interesado en la opinión pública” firma un contrato directo, sin licitación pública, con una casa encuestadora “con buena disposición”. Luego la encuestadora empieza a “trabajar”: ¿se hicieron mil llamadas y 99% colgó? No importa, los datos se ajustan. ¿El método no es científico? No importa, el informe se redacta con lenguaje científico. Sale el resultado y, casualmente, milagrosamente, sospechosamente, siempre favorece a quien pagó. Ese “resultado” se cita en conferencias, se replica en medios afines, se sube a tendencias con bots y se convierte en sentido común. “No lo digo yo, lo dice la encuesta”. Es el escudo y el arma perfectos al mismo tiempo.

Esto no es una encuesta. Esto es cirugía estética pagada con dinero público: primero te muestran una foto de “esto ya está decidido”, para que el votante sienta que su voto no cambia nada. Luego baja la participación, gana el que pagó, la encuestadora cobra la siguiente factura. Círculo perfecto.

En abril de 2026, el gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pagó casi 9 millones de pesos a siete casas encuestadoras mediante adjudicación directa, para hacer “sondeos de opinión” sobre una reforma electoral que después fue rechazada en el Congreso. Siete contratos, sin licitación pública, sin detalle metodológico, sin tamaño de muestra, sin cuestionario. La información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia ni siquiera incluye a cuántas personas se encuestó, cuándo ni qué se preguntó. Es decir: se gastó dinero público para medir la opinión sobre una reforma que nunca existió.

Las siete empresas contratadas fueron: Enkoll, Mendoza Blanco & Asociados, Covarrubias y Asociados, Buendía & Laredo, Demotecnia 2.0, y dos personas físicas. Los montos van desde 85 mil pesos hasta 1.8 millones de pesos. Una de ellas, Buendía & Laredo, es una de las encuestadoras más conocidas del país y colabora habitualmente con medios como El Universal. Cuando una empresa de ese perfil acepta una “adjudicación directa” del gobierno, surge una pregunta razonable: ¿está midiendo la opinión pública o está ejecutando un pedido?

Aquí está el punto central. La misma lógica no solo ocurre a nivel federal. Cuando una encuestadora mide la “aprobación” del gobierno y al mismo tiempo cobra del gobierno, eso no se llama conflicto de interés. Se llama complicidad de interés.

La ley electoral mexicana establece que quien publique encuestas debe entregar a la autoridad electoral el estudio completo, con metodología y fuente de financiamiento. Pero la ley se escribe bonito y se ejecuta con red de pescador. El propio INE ha reconocido que, entre 2018 y 2023, las reglas vigentes en materia de encuestas “ya no son suficientes para atender los problemas actuales”, porque la tecnología creó escenarios que, en 2014, cuando se legisló, eran impensables.

Lo más cínico es que las encuestadoras verdaderamente independientes, las que no dependen de contratos gubernamentales para sobrevivir, están pagando el precio de la credibilidad de todo el gremio. Cuando la palabra “encuesta” se usa para nombrar propaganda política, todas las encuestas se vuelven sospechosas.

El cliente real de una encuestadora no es el lector. Es quien necesita un relato. Un gobierno necesita una historia de “el pueblo nos apoya”. Un candidato necesita una historia de “podemos ganar”. Una oposición necesita una historia de “el oficialismo se derrumba”. Lo que la encuestadora vende es el empaque de datos de esas historias.

En 2012 ya se documentó en México el uso de encuestas como “publicidad simulada de campaña”. En 2018, 2021 y 2023 el problema no se resolvió: se modernizó. En 2026, los mismos operadores, las mismas empresas, los mismos métodos, solo cambió el protagonista de la historia.

Lo más irónico: estas encuestas no pronostican, confirman. Confirman lo que el que paga quiere oír. Confirman el relato que el mercado ya cree. Confirman que el resultado electoral ya está “decidido” antes de que alguien vote.

Regla uno: busca quién pagó. Si el cliente y el beneficiado son la misma persona, ya tienes el 80% de la respuesta.

Regla dos: busca los detalles metodológicos. Tamaño de muestra, método de levantamiento, cuestionario textual, margen de error. Si esa información no existe o está redactada de forma sospechosamente vaga, no es una encuesta: es un volante.

Regla tres: compara, no leas una sola. Una encuesta es una opinión con gráficos. Tres encuestas de clientes distintos son una conversación.

Regla cuatro: lee la tabla, no el titular. El titular dice “sube”. La tabla dice “sube 2 puntos con margen de error de 3”. Traducción: no subió nada. Pero el titular ya te convenció.

Las encuestas no son el problema. El problema es que se convirtieron en **el producto mismo**, no en la herramienta de medición. Ya no miden la realidad: le ponen base, la visten, la peinan y la mandan a la pasarela como si fuera objetiva.

Cada vez que veas a un político levantando una encuesta y diciendo “el pueblo me apoya”, solo hazte una pregunta: ¿quién firmó el cheque de esa encuesta?

Porque en este mercado, los datos nunca mienten. Los que mienten son los que compran los datos.