El inquilino que nadie encuentra
Licenciado en Administración de Empresas. Escritor, articulista, periodista, pintor, exdiputado del H. Congreso del Estado y exfuncionario público del Gobierno del Estado de Puebla. Autor de más de veinte libros, en su mayoría sobre temas de corrupción y denuncia pública.
La propiedad privada frente a las redes del despojo
En Puebla el despojo ya no necesita pistola al principio. A veces basta un expediente.
Alejandro Armenta ha llamado “Cártel del Despojo” a una práctica que puede combinar contratos, juicios, notarías, registros y posibles complicidades institucionales. El procedimiento cambia, pero la lógica suele parecerse: primero aparece el papel; después, alguien descubre que su propiedad está en disputa.
Un caso se desarrolla en Cuautlancingo. En el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula se promovió un juicio para desalojar a Karla N. de una casa ubicada en San José del Puente. Jorge N., como apoderado presumiblemente de Olav N. y Roger N., inició el procedimiento con un contrato de arrendamiento de 2024. El asunto habría llegado ya a sentencia y orden de lanzamiento.
Todo parece normal. Hasta que aparece alguien más.
Knut N. promovió un amparo en septiembre de 2026. Afirma poseer el inmueble desde 1991 y mantener actividades ahí desde hace décadas. También sostiene que Karla N. nunca vivió en la casa. Para respaldar su dicho refiere documentos de colonos y autoridades federales que ubicarían actividades suyas en ese domicilio desde años atrás.
El expediente se vuelve todavía más extraño porque Karla N. también habría promovido un amparo alegando que nunca fue legalmente notificada del juicio.
Tenemos entonces una casa, un contrato, una inquilina demandada y otra persona que asegura llevar más de tres décadas en el inmueble.
No prueba un fraude. Tampoco demuestra que jueces, notarios o funcionarios participaran en una maniobra. Pero sí plantea una pregunta elemental: antes de sacar a alguien de una casa, ¿no sería conveniente comprobar quién vive o posee realmente el lugar?
No sería el único expediente poblano donde los papeles y el inmueble parecen contar historias diferentes.
El 16 de julio de 2025, siete familias de la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, denunciaron haber perdido temporalmente el control de sus viviendas por una orden derivada de un juicio mercantil iniciado en Oaxaca. El procedimiento estaba relacionado con una deuda de un millón de pesos y con un predio presentado en el juicio como propiedad del supuesto deudor.
Los afectados dijeron no formar parte del litigio. Algunos aseguraron contar con escrituras, pagos de predial e incluso créditos de Infonavit. También denunciaron que el procedimiento describía parte del inmueble como terreno baldío, aunque en el lugar existían viviendas.
El caso provocó investigaciones sobre la actuación de autoridades judiciales. Las denuncias deberán determinar si existieron errores, irregularidades o algo más grave. Lo relevante es el mecanismo denunciado: personas que aseguran ser propietarias descubriendo un juicio ajeno cuando la maquinaria judicial ya llegó hasta su puerta.
En Altepexi apareció otra variante, distinta en su procedimiento, pero, relacionada con el mismo problema de fondo: quién puede disponer de una propiedad y bajo qué autoridad.
Durante 2026, habitantes denunciaron que maquinaria pesada intervino terrenos de la zona conocida como Cuachilco, donde existen antecedentes de vestigios prehispánicos. Vecinos señalaron ante autoridades agrarias que el predio pretendía dividirse para su venta. En ese caso no aparece, hasta ahora, el mismo esquema judicial de Cholula o Cuautlancingo. Por eso no puede colocarse automáticamente dentro de una misma red.
Pero sí muestra otra cara del problema: cuando la propiedad, la posesión y los documentos no están suficientemente claros, el terreno puede cambiar primero y las explicaciones llegar después.
Las cifras permiten dimensionar el fenómeno. Durante 2026 se han acumulado cientos de denuncias por despojo en Puebla. Eso no significa que todas formen parte de una organización criminal ni que cada conflicto inmobiliario sea producto de corrupción.
Significa algo más sencillo: hay suficiente dinero en juego para que cada expediente merezca ser revisado con lupa.
Porque no hace falta imaginar un cártel de película.
Puede bastar un contrato cuestionado.
Una notificación discutida.
Una descripción judicial que no coincida con lo que los afectados aseguran que existía.
Una autoridad que no verifica a tiempo.
Y un propietario que descubre el problema cuando alguien ya llegó con una orden.
Por eso el caso de Cuautlancingo importa. No porque esté demostrado que pertenezca a una red criminal, sino porque reproduce varias señales que obligan a revisar el procedimiento.
En el papel aparece una inquilina.
En el juicio aparece una demanda.
En la casa aparece otra persona.
La justicia debe ser rápida.
Pero tampoco tanto como para llegar antes que la verdad.
¿O no lo cree usted?