Claudia eligió México para estudiar, pero fue asesinada por un exconvicto

Hay una crueldad particular en la historia de Claudia Tacoronte Aguilera,  que México no ha querido nombrar del todo: en el sentido más amplio y doloroso de la palabra, un hijo de esta tierra el que le arrebató la vida.

Claudia tenía 21 años y un mes en el país. Vino de Gran Canaria con la mochila cargada de ilusiones, esas que solo se permiten los jóvenes que aún no han sido golpeados por la desconfianza, dispuesta a cursar un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No pedía nada extraordinario, solo caminar tranquila por la ciudad de Cuautla, aprender, volver a casa con una historia que contar. Murió por un teléfono celular a manos de un hombre que las autoridades identifican como Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, exconvicto, que la sociedad ya había visto pasar antes por sus expedientes y que, aun así, caminaba libre esa tarde.

Aquí está la metáfora que no podemos evitar, por dolorosa que sea: hay padres que crían hijos para que salgan a conquistar el mundo, y hay un país que ha fallado tanto en criar a los suyos que termina soltando en las calles a hijos convertidos en depredadores. Uno sale con un pasaporte y un sueño. El otro sale con un cuchillo y una historia de impunidad acumulada. Y cuando se cruzan, el sueño no tiene ninguna oportunidad.

Es, literalmente, lo que ocurrió: una madre en España despidió a su hija en para que viniera a México a estudiar Educación Infantil, a formarse para cuidar niños algún día. Otra realidad social, la nuestra, la mexicana, la que no ha resuelto ni la reinserción ni la prevención ni la seguridad básica en sus calles. Lo que dejó crecer sin freno institucional.

Hoy son cientos de estudiantes en Morelos quienes han salido a las calles a reclamar justicia y seguridad a sus autoridades, exigiendo que el nombre de Claudia no se diluya en la próxima nota roja. Esa exigencia no es nueva en el país y tampoco lo es en nuestro propio estado. Puebla ya vivió su versión de este mismo horror: el 23 de febrero de 2020, tres jóvenes universitarios —Ximena Quijano Hernández y José Antonio Parada Cerpa, estudiantes colombianos de intercambio en la UPAEP, y Francisco Javier Tirado Márquez, de la BUAP, fueron torturados y asesinados junto con el conductor de Uber que los trasladaba tras salir del Carnaval de Huejotzingo. También entonces la respuesta de la sociedad estudiantil fue inmediata: universitarios de la BUAP y la UPAEP salieron a las calles a clamar justicia, exigiendo a la fiscalía poblana el esclarecimiento del caso. El eco es el mismo, cinco años y cientos de kilómetros después: los jóvenes exigiendo lo que las instituciones debieron garantizar primero.

Y aquí es donde el enojo debe ser preciso y no disperso: no se trata de repartir culpas, sino de señalar que fiscalías no dan seguimiento a expedientes de reincidentes, de municipios que no tienen alumbrado ni vigilancia en zonas como la Casa de Cultura de Cuautla o la carretera de Huejotzingo, de un Estado mexicano que sigue tratando la violencia contra jóvenes y mujeres como una estadística que se actualiza, no como una urgencia que se combate.

Hay, sí, un consuelo pequeño y real: en Morelos, como antes en Puebla, fue la ciudadanía —y ahora los propios estudiantes— quienes primero señalaron al presunto responsable y presionaron hasta obligar a una detención. Eso dice algo bueno de la gente y algo profundamente malo del aparato que debería haber actuado primero.

EL PUEBLO CAZÓ AL LOBO; EL GOBIERNO SE PUSO LA PIEL

Hay una imagen que debería avergonzar a cualquier institución de seguridad en Morelos: los padres de Claudia Tacoronte Aguilera, recién llegados de España, pidiéndole al fiscal que los llevara al terreno exacto donde su hija fue asesinada, no a una sala de juntas, no a un informe con gráficas. Al lugar mismo donde quedó el cuerpo de Claudia, porque necesitaban “tocar” con los ojos lo que ningún boletín oficial les iba a explicar. Ese quiebre —el de un padre y una madre desmoronándose sobre la tierra donde mataron a su hija— es la imagen que debería perseguir a cada funcionario que después salió a fotografiarse presumiendo una captura que no les pertenece.

Porque no fue la fiscalía la que atrapó a “El Trompas”; no fue el operativo coordinado ni la secretaría de Seguridad ni la Guardia Nacional ni el ejército, por más que después desfilaran juntos ante las cámaras a colgarse la medalla. Fue un comerciante. Fue un vecino de la avenida Insurgentes. Fue alguien con un teléfono y el valor de publicar “lo acabo de ver”, cuando el presunto feminicida caminaba, sin apuro, a comprar cervezas a solo un kilómetro de donde había matado a Claudia. Fue la ciudadanía la que hizo, otra vez, el trabajo que le corresponde pagar al Estado con impuestos, con inteligencia policial, con cámaras que funcionen antes del crimen y no después.

Y aquí está lo que más indigna: un hombre que ya cargaba un historial amplio de ingresos a prisión por robo con violencia —un reincidente, un expediente que alguna autoridad ya había tenido en sus manos y decidió no vigilar— se paseaba libre por Cuautla, intentando disfrazarse con la cabeza rapada, mientras el aparato de seguridad del estado dormía. No lo delataron las bases de datos. No lo delató la inteligencia policial. Lo delató la memoria de un vecino que reconoció su ropa, y las cámaras privadas de comercios que hicieron, sin presupuesto federal, lo que las cámaras públicas no hicieron.

Bumerán: la verdadera medida de una autoridad no es cuántas fotos se toma al final, sino cuánto trabajo tuvo que hacer el ciudadano antes de que ella llegara. En Morelos, como en tantos otros lugares de este país, el pueblo cazó al lobo. El gobierno solo llegó a firmar el acta.

Nos leemos pronto…