En Puebla 18 municipios incumplen acciones contra violencia de género
Reportes señalan que 12 municipios no asignan recursos específicos para atender a las mujeres y 35 carecen de una Unidad de Atención Inmediata
A siete años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla, 18 de los 50 municipios incluidos en este mecanismo no acreditaron acciones para cumplir con las medidas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con reportes presentados ante el Congreso local.
De acuerdo con reportes difundidos, algunos de los municipios identificados sin avances o sin instrumentos de atención son:
- Acatlán
- Acatzingo
- Amozoc
- Calpan
- Chiautla
- Chignahuapan
- Cuetzalan del Progreso
- Huejotzingo
- Juan C. Bonilla
- Los Reyes de Juárez
- Tecamachalco
- Tepeyahualco
Ante este rezago, el Congreso de Puebla avaló un exhorto para que los ayuntamientos incorporen la perspectiva de género en sus presupuestos de egresos para 2027.
Te puede interesar:Acusan a jurídico de Policía Auxiliar en Puebla de extorsión y a…›La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Estela Pimentel Méndez, quien alertó sobre las omisiones municipales y llamó a revisar las capacidades de los gobiernos locales para atender la violencia de género.
Entre las deficiencias identificadas se encuentran la falta de herramientas preventivas, planes municipales, presupuestos con perspectiva de género y programas de igualdad y sanción.
Además, 12 municipios no destinan recursos específicos para la atención de las mujeres y 35 no han instalado una Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), de acuerdo con los reportes difundidos sobre el tema.
El exhorto aprobado por la Comisión de Presupuesto y Crédito Público plantea que los ayuntamientos y concejos municipales, particularmente los 50 municipios incluidos en la declaratoria, incorporen objetivos, indicadores y metas en sus presupuestos para el próximo ejercicio fiscal.
La intención es que el gasto público permita identificar y evaluar las acciones destinadas a atender las desigualdades y prevenir la violencia contra las mujeres, en lugar de limitarse a la inclusión formal de la perspectiva de género en los documentos presupuestales. (MCJ)