Mañana se instala el nuevo consejo universitario y el jueves y viernes se llevarán a cabo las jornadas denominadas "El ICSyH ante la violencia patriarcal y todo tipo de violencias en la academia”. Me parece simbólico que se cierre el proceso electoral reciente y se abra un espacio de reflexión colectiva propiciado por la asamblea de mujeres del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

También me parece importante porque uno de los cinco ejes de las jornadas se denomina "Burocracia, violencia institucional y derechos laborales y universitarios".

Hemos venido señalando el conjunto de irregularidades cometidas desde que salió la convocatoria para elegir al nuevo consejo universitario y si en algo se pueden resumir éstas es en la violación sistemática de las normas vigentes: padrones ciegos y no públicos, votación electrónica, entrega a destiempo de la documentación requerida para registrarse como candidatos(as), una campaña fantasma y "mordaza", el ocultamiento de la información llevado al extremo de no revelar ni al propio consejo encargado de calificar las elecciones el número de votos emitidos para cada fórmula registrada para contender, ni siquiera el porcentaje de participación por los sectores de cada unidad académica. En suma, la falta total de información completa, información a la que tenemos derecho todos los universitarios.

Lo menos que deben hacer las autoridades de las unidades académicas es informar el resultado de las elecciones y el nombre de los consejeros estudiantes y docentes electos. Su obligación es exigir que se publique la información completa por parte de la secretaría general de la Universidad.

Todo esto tiene un nombre y se llama violencia institucional.

Hace tantos años que no se respetan los derechos universitarios y laborales que se ha "normalizado" un conjunto de prácticas acompañadas del discurso correspondiente. Por eso no es de extrañar que la doctora Cedillo haya dicho en su intervención en el consejo que a la alumna de la Facultad de Derecho, Susana Iraís Avendaño Zamora, "se le permitiera registrarse". ¡¿Cómo que se le permitiera?! ¡Estaba ejerciendo su derecho! Un derecho que le habían negado al rechazar el registro de su fórmula.

Pareciera que atender a la denuncia de la alumna fue el resultado de un gran favor, como si no existiera la falta cometida por la dirección de la facultad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos. Porque no sabemos nada del asunto. Sólo sabemos que en el "informe" de secretaría general se dijo "se exhortó y se sancionó". No sabemos ni a quién ni por qué.

Tampoco es de extrañar que la doctora Cedillo hable de que los profesores no se deben "involucrar" con las alumnas, un desafortunado comentario como respuesta a la denuncia hecha por la consejera alumna de la Facultad de Enfermería. El término empleado, ‘involucrarse’, causó tal indignación que los universitarios que comentaban en el chat de la sesión del consejo exclamaron "¡no se involucran, es acoso!"

Otra de sus “confesiones” fue que como autoridades, refiriéndose obviamente a las directoras y directores de unidad académica y a ella misma, no iban a intervenir, pero “si había manera de conciliar a los grupos, que vieran si podían llegar unidos”. ¿Eso no es intervenir? ¿Por qué tienen que llegar unidos? Cuando justamente la diversidad y la diferencia es lo que se reivindica como esencial en el derecho a la libre opinión y a la libre asociación. ¿Por qué en lugar de propiciar la participación de todos los universitarios se les quiere uniformar? Porque la participación implica la organización y, obviamente, no se quiere a un estudiantado que se identifica por las demandas e intereses en común.

Mucho menos se quiere abandonar la comodidad de tener fórmulas únicas entre el magisterio y la razón es obvia. Sin competencia los candidatos(as) no tienen que comprometerse a nada y si llegan gracias a los “buenos oficios” de la dirección de su unidad académica, pues difícilmente se sentirán obligados a representar los intereses de su sector, pues el cargo se lo habrán debido a alguien más.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia recordarle a la administración central que cuando se habla de violencia institucional justamente nos estamos refiriendo a la sistemática violación de los derechos laborales y universitarios y que los sujetos de estos derechos no los están pidiendo sino exigiendo?