Como historiador económico de lo contemporáneo, uno se pregunta frecuentemente si un hecho o proceso particular puede constituir un parteaguas, un punto de quiebre que señale “un antes y un después”. En estas líneas he escrito más de una vez que en los años recientes un momento o decisión que significa un parteaguas fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y que eso marcó el inicio de un todavía más profundo estancamiento de la economía que el que habíamos vivido en los decenios anteriores. Cada vez se reconoce más que fue un punto de inflexión en el desarrollo del país que impactará negativamente las próximas décadas.

Como este punto de quiebre, se puede pensar en otros que podrán calificar como tales, pero serán pocos. Quizás uno más fue la decisión de dejar de lado al Consejo Nacional de Salubridad para enfrentar la pandemia, el cual debería haberse hecho cargo de su manejo, y en su lugar el Presidente le dejó toda la responsabilidad al subsecretario López-Gatell. La falta de colegialidad en la toma de decisiones dejó fuera, por diseño, a varias de las mentes más lúcidas y conocedoras de este tipo de fenómenos, lo que orilló a que el gobierno tomara malas decisiones que resultaron en la mortandad de más de 650 mil personas en exceso de las muertes de los años previos, y a que a México se le considere como uno de los países que peor enfrentó la pandemia en todo el mundo.

En el ámbito político emergen al menos dos fuertes decisiones que pueden convertirse en puntos de inflexión: la militarización del país y la política de seguridad de no combate a los grupos del crimen organizado, y la iniciativa de la reforma electoral impulsada por López Obrador. Sobre la militarización y la política de seguridad, queda claro que han sido fracasos rotundos en cuanto al objetivo de pacificar el país, con el costo adicional de entregar a las Fuerzas Armadas mucho más presupuesto, patrimonio económico de la nación y atribuciones con lo que tienen el control de las áreas estratégicas. Se ha documentado el aumento en los presupuestos a las Fuerzas Armadas, su pobre desempeño en el control de la inseguridad, la cercanía con grupos del crimen organizado, la inacción de las autoridades federales para atajar al crimen organizado y su cada vez mayor presencia y control de territorios. Las Fuerzas Armadas hoy controlan el movimiento de personas, bienes y servicios, medios de comunicación y puertos de entrada y salida del país, tienen atribuciones para investigar y para poner a disposición del Ministerio Público a “sospechosos”, auxiliado por la cada vez más amplia lista de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa. A ello hay que sumar la creciente participación, con el visto bueno del gobierno, de bandas del crimen organizado en las elecciones a nivel estatal que, de acuerdo con especialistas, deben haber influido en el resultado. Todavía es pronto para que la población se dé cuenta lo que esto implica en su vida cotidiana en los años por venir, y quizá por ello no ha habido todavía el rechazo generalizado al proceso de militarización. Pero el daño está hecho y será difícil revertir.

La reforma electoral promovida y alentada políticamente desde el Ejecutivo es otro fuerte candidato para convertirse en un parteaguas de nuestra historia contemporánea. De lograr esta reforma, ahora con el Plan B al no haber logrado la reforma constitucional el año pasado, el presidente habrá allanado el camino para una elección de Estado en 2024 (ver mi columna del 9 de diciembre pasado).

Ello significaría perpetuarse en el poder, ya fuera directa o indirectamente. Sería la culminación de una serie de pasos que ha dado el presidente López Obrador desde antes de iniciar el gobierno formalmente: intento de cooptación de varios ministros de la Corte y la cercanía con el entonces presidente Arturo Zaldívar, debilitamiento o de plano apropiación de órganos constitucionales autónomos, especialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uso de los programas sociales con fines electorales, uso de la UIF y el SAT como armas para intimidar y amenazar a personas e instituciones para disminuir su influencia o poder, y un largo etcétera.

En el caso de la reforma electoral impulsada por el gobierno hay mucha mayor conciencia de la población. La megamarcha del 13 de noviembre dejó claro que una parte significativa de la población no está de acuerdo con la reforma electoral y la destrucción de la operatividad del INE. De repetirse la afluencia de ciudadanos en la concentración del próximo domingo –en ochenta ciudades de México y algunas en Estados Unidos y España– para defender al INE y mostrar su repudio al plan B electoral, el mensaje será todavía más claro y contundente. Podríamos impedir la embestida antidemocrática y convertirse en ese punto de inflexión que marque un cambio en la vida pública de México con repercusiones de muy largo plazo.