La pandemia puso al descubierto otras crisis graves que vivimos como raza humana, una de ellas es la del rompimiento del contrato social por la mayoría de las personas, trayéndonos como consecuencia conflictos, desigualdades y crisis de todo tipo; todo esto es contrario a aspirar lograr la justicia social que nos permita encontrar un equilibrio entre todas las personas.

Este lunes 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social con la finalidad precisamente de generar conciencia en la población y de impulsar acciones orientadas a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente; la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar.

Pero, ¿qué es la justicia social? Como concepto se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación y defensa de los derechos de todas las personas. Trasciende más allá del tradicional concepto de lo que es justicia legal. Todas las personas debemos tener acceso al disfrute de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la identidad, a la supervivencia, a la expresión con libertad, a la educación, entre otros derechos, así como a ser tratados con respeto y dignidad. La justicia social promueve los derechos y las obligaciones de las personas que forman parte del colectivo social de manera igualitaria, justa y equilibrada.

Todos los años la ONU establece un lema y en torno a ese lema se trabaja en todo el mundo en este año 2023 se determinó que fuera “Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social”. Se trata de reflexionar sobre las medidas necesarias para fortalecer el contrato social que se ha visto amenazado por el aumento de los conflictos, las desigualdades y las crisis.

Con la intención de acercarse más al ideal de la justicia social y motivado de la descomposición social que se vive motivado de la pandemia por Covid-19 y gracias a las plataformas digitales es que muchas actividades empresariales pudieron continuar, se estimó necesario promover en estos medios informáticos diversos esfuerzos en toda la comunidad internacional para poder buscar y aplicar soluciones para erradicar la pobreza; procurar la igualdad entre los géneros; el acceso al bienestar social y la justicia para todos; velar por la protección social universal; lograr el desarrollo sostenible; promover el pleno empleo y el trabajo decente.

Los números en México no son nada alentadores, por ejemplo: los derechos a la diversidad de identidades, acceso al empleo, educación, salud y vida libre de violencia son esenciales para lograr una justicia social integral. Según el índice “Social Justice in the EU and OECD” de 2019, México se ubica en el lugar 41 de los 41 países evaluados en términos de justicia social, con 46 indicadores basados en seis dimensiones que miden la pobreza, educación, mercado laboral, justicia intergeneracional, salud, inclusión social y no discriminación.

Uno de los grandes indicadores que hacen ver a un grupo poblacional que no está haciendo lo que tiene que hacer para encontrar justicia social en su población es el nivel de discriminación que existe entre su población siendo Puebla hasta el año pasado el primer lugar de discriminación en el país, un indicativo de que en temas de justicia social las cosas no están funcionando y la única forma de poder contrarrestar esto es a través de acciones de dignificación de derechos humanos.

En Puebla ya vamos llegando al quinto año donde la parálisis por incapacidad está causando graves estragos a todas y todos los poblanos. Debemos entender que los derechos humanos es mucho más que solo emitir recomendaciones o la de blofear con acciones que a ningún lado te llevan. Es increíble cómo la incapacidad de quienes conducen las políticas de derechos humanos en el estado de Puebla nos estén llevando a una crisis nunca antes vista. Ni los organismos “autónomos” ni las instancias de gobierno estatal o municipales han movido un dedo teniendo como titulares o responsables a personajes políticos designados por y para cuotas políticas sin experiencia ni sensibilidad en este ámbito, mostrando su incongruencia incluso al momento de pretender realizar alguna acción.

No existe un verdadero compromiso ni de sensibilizar ni mucho menos de deconstruir al servidor público y mucho menos a la población de caminar hacia la ruta de la dignificación de los derechos humanos, siendo que todo lo que en nuestro entorno sucede es consecuencia y responsabilidad de quienes tendrían que emitir políticas públicas de derechos humanos que transversalizaran el resto de las acciones de gobierno para primero detener el ciclo de violaciones hoy sistematizadas que se viven en la entidad para pasar en una segunda etapa a ir disminuyendo las afectaciones que suceden.

En lugar de eso lo que estamos viviendo en Puebla es el conformismo de aquellas personas que lo único que quieren es conservar sus empleos con sus robustos sueldos y así mantener ese nivel de vida que nunca habían logrado tener, pero de abonar en favor de los derechos humanos simplemente nada existe. Pregúntese usted, investigue en las redes sociales, cheque en Google o aproveche la IA (Inteligencia Artificial) y pregunte las acciones que el Estado y sus municipios están haciendo para dignificar los derechos humanos; pregunte cuántas acciones de prevención, contención, acompañamiento realizan las diversas instancias para combatir la discriminación por ejemplo.

Los Derechos Humanos es cosa seria y quien aspira a cargos de elección popular o quien es servidor público o incluso quienes pretender dirigir los trabajos en materia de derechos humanos tiene que tomar con gran responsabilidad estas tareas, pues estos derechos no son para defender o proteger delincuentes sino para que no se siga volviendo nuestra sociedad una sociedad cómplice o delincuencial. Urge en Puebla caminar desde lo local, la cultura de los derechos humanos, los procesos de paz, urge construir alternativas locales que combatan la discriminación y para lograrlo solo lo podremos hacer a través de la educación de los derechos humanos.

Necesitamos sensibilizarnos y darnos cuenta que mientras no caminemos en la ruta de los derechos humanos, las violencias, la descomposición social, el rompimiento del tejido social y el incumplimiento del contrato social, seguirá hasta nuestra propia extinción, pues el peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Así que ya lo saben, la municipalización de los derechos humanos es la ruta a seguir.

Síguenos en nuestras redes sociales @LuisSorianoVC y aquí les comparto nuestra intervención respecto al tema que estamos tratando https://youtu.be/WNdvozgy1d8