La historia del México contemporáneo da cuenta de la transformación de gobiernos federales encabezados por militares en la figura del Presidente de la República a autoridades civiles como titulares del Poder Ejecutivo. Estos cambios no menores, marcaron la institucionalización del país y definieron en buena medida el papel y responsabilidades de las fuerzas armadas de México, que tienen como misiones generales, en términos de su Ley Orgánica, las relativas a defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación: garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; y en caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Esta situación aunada a otras variables en la vida política del país, se reflejaban incluso en las encuestas de opinión pública, las cuales daban permanentemente las mejores evaluaciones al papel y desempeño que tenía principalmente el Ejército mexicano.  La llegada al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa y el inicio de la llamada guerra contra el narco, inauguró un papel más activo de las instituciones armadas permanentes, que fueron involucrándose cada vez más en temas relacionadas con la seguridad pública y con ello también la percepción de su desempeño a la luz de distintos sucesos y resultados. Sin embargo la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que suponía, por las declaraciones del entonces candidato de Morena, López Obrador un repliegue de su actuación resultó, a cuatro años de su administración, contrario a lo expresado al grado que hoy preocupa su creciente participación en áreas estratégicas y no necesariamente identificadas en materia de seguridad nacional.

Con el gobierno en turno, además de darles continuidad en labores de seguridad pública, se encuentran realizando todos los proyectos de infraestructura, insignia de la 4T, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la edificación de los tramos más importantes del Tren Maya, la rehabilitación de los hospitales del IMSS-Bienestar, y la construcción de los 2 mil 740 Bancos del Bienestar, entre otros proyectos.

En el caso del AIFA y del Tren Maya cabe destacar la autorización para la constitución de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica, agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tendrá por objeto adquirir acciones, agrupar y detentar el control de empresas que administren, operen exploten, construyan o realicen mejoras en los aeropuertos internacionales “Felipe Ángeles”, “Palenque”, “Tulum” y el “Tren Maya”. (Diario Oficial de la Federación, 13 de abril de 2022)

De manera reciente, durante el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio legislativo, se aprobó la expedición de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, a partir de la cual se da atribución a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para vigilar y proteger el espacio aéreo, en lugar de que una autoridad civil. La Minuta correspondiente fue turnada al Senado de la República.

En el ámbito local, cabe señalar la asignación de más de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en todas las estaciones del Metro de la Ciudad de México para “reforzar” las acciones de seguridad que realizan la Policía Bancaria e Industrial y Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Desde la llegada de Morena al gobierno, se ha modificado la legislación en diversas materias, ampliando su intervención en aduanas, y puertos. En este mismo sentido, los cargos de generales de alto rango, principalmente en retiro, en las entidades y municipios del país se ha multiplicado al mando de las corporaciones policiales estatales y municipales y, por si fuera poco, inclusive en el proceso de compra y venta de la marca Mexicana de Aviación, los activos pasarán a manos de la Secretaría de Defensa Nacional, quien será la encargada del relanzamiento y administración de la nueva aerolínea comercial del Gobierno de México.

 Preocupan todas estas decisiones y cada vez con mayor frecuencia la pregunta constante y la amenaza latente es: ¿Qué sigue en esa estrategia? ¿Militarizar al país?

 Es  cierto,  las fuerzas armadas están para velar por la soberanía y auxiliar a la población, pero no se debe permitir que sean ellos quienes controlen los sectores estratégicos del Gobierno, evidentemente entendemos que en México estamos lejos aún… de pensar  que militarizar signifique que las Fuerzas Armadas atenten contra la población, que opriman al pueblo, que coarten las libertades, o se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos, pero este es un buen ejemplo para tener  presentes  el riesgo que representa que continúen avanzando en controlar rubros fundamentales para el funcionamiento de funciones y servicios estratégicos.

 En este contexto, es importante detenernos además de los efectos políticos, en los   económicos que estas decisiones han traído consigo, por ejemplo de acuerdo al estudio “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero” publicado por México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), de 2006 a 2021 han crecido 163% los recursos a cargo de la SEDENA y aumentó en un 119%, el presupuesto ejercido por la SEMAR.

De igual forma fueron sobreejercidos 49 mil 686 millones de pesos por la SEDENA en 2020 y 2021; y 14 mil 537 millones de pesos por la SEMAR en el mismo periodo. Por otra parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana pasó de destinar un 32% de sus recursos a la Guardia Nacional, en 2020, a darle 67% de su presupuesto en 2022.

Es indudable que incrementar el poder económico de las Fuerzas Armadas, va de la mano con su empoderamiento político y el incremento de su presencia en los espacios de toma de decisiones estratégicas del país.

En las últimas dos administraciones la SEDENA y la SEMAR han asumido funciones que constitucionalmente deberían corresponder a las autoridades civiles. Preocupa tan solo el asomo de que en un futuro cercano volvamos a la figura de un Presidente de la República emanado de las Fuerzas Armadas de nuestro país y no por procesos de elecciones libres que corresponde a un país con normalidad democrática.