Sobre la deriva autoritaria del presidente López Obrador se ha escrito mucho. Lo han hecho personalidades con sobrada solvencia moral y eficiencia técnica en sus respectivos campos. Entre ellos, y de manera connotada, el ministro en retiro don José Ramón Cossío, por cuya razón se ha hecho merecedor de una diatriba de acusaciones infundadas.

El Presidente está empeñado en retornar el país a un periodo que sólo existe en su cabeza. Pero más que el retorno, es la amenaza del control absoluto de la República que subyace en cada una de sus acciones. Lo ha dicho muchas veces: el Presidente no cree en la ley, cree en su conciencia. Lo más comprometido, y motivo de sospecha y rechazo es que sus reformas constitucionales no son reformas que tengan un asidero social. No es demanda de partidos políticos, de la sociedad civil organizada, de la opinión pública de los expertos, ni siquiera están en el ánimo de la gente de la calle como ocurrió con los cambios a la Constitución que desembocaron en la transición de 1997-2000. Lo que sí está en el ánimo de los especialistas es su impugnación, por ser violatorias (en particular el llamado Plan B que busca “destazar” al INE, pero en general todas las reformas insignia de este gobierno están impugnadas en la Suprema Corte de justicia de la Nación) de la ley suprema.

Se trata de un rechazo generalizado. La base social que suele presumir el Presidente no es una base social legítima; es comprada, de artificio. Sus acciones entre la población “pobre” no tienen que ver con políticas sociales, como quiere hacer creer. La dispersión de recursos en efectivo entre 20 millones de hogares es un deliberado instrumento de cooptación electoral. Pero, además este gobierno tiene componentes cada vez más preocupantes. No hay otra manera de juzgarlo cuando persigue a la ciencia y a la comunidad científica; que persigue a la cultura y a los intelectuales; que precariza con recortes presupuestales la educación superior de calidad y a las universidades; y lo más lamentable y doloroso: la indiferencia ante la muerte de personas de los sectores más vulnerables. Pues a eso y no a otra cosa se enfrentan los enfermos que no tienen atención médica y medicamentos.

En “¿Nueva dictadura perfecta?”, un texto publicado en El Universal, a mediados de noviembre del año pasado, Francisco Valdés Ugalde, uno de los académicos más respetados, que enseña en las principales universidades de los Estados Unidos y México, encuentra en las reformas del actual presidente un símil con las acciones de Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo, el fundador de la dictadura del PRI.

“La iniciativa de reforma de Andrés Manuel López Obrador y sus obedientes legisladores contiene el mismo ADN del hegemonismo presidencialista antidemocrático del siglo XX. AMLO pretende una cirugía mayor de la Constitución vigente, precisamente suprimiendo el motor que da vida a la democracia (débil, imperfecta, incompleta, inacabada, por cierto), que hoy tenemos y que costó décadas de lucha conseguir. La reforma quiere suplantar de facto el carácter imparcial y arbitral de la autoridad electoral autónoma (INE-TRIFE) con un órgano designado en la práctica por el bloque morenista, que se supone mayoritario y quiere ser hegemónico. La estratagema consiste en darle a un nuevo instituto la legitimidad del voto popular a los candidatos a consejeros que broten de las listas obviamente controladas por AMLO-Morena en los tres poderes de la Unión”.

La semejanza con el maximato (de Plutarco Elías Calles) no es mera coincidencia. Es la misma operación política de fondo sólo que, con otras palabras. Los demás elementos de la reforma, sobre los que no puedo abundar aquí, complementarían el cuadro, dando al partido gobernante el control del órgano electoral y la mayoría de los puestos de representación. Al igual que en 1932-33, esta reforma se disfraza con los ropajes de la “verdadera” democracia (entonces “revolucionaria” y hoy “cuartotransformadora”). Si queremos que la democracia sobreviva, esta reforma y cualquiera otra que se le parezca tiene que ser rechazada por la oposición, que carga ya una abultada deuda moral con la sociedad civil democrática mayoritaria de este país”.

Sigue:

“Hace noventa años el Partido Nacional Revolucionario buscaba consolidarse como la fuerza política hegemónica bajo el mando de una sola voluntad, la del Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles. Todo lo que quedase fuera de ese partido sería la “reacción conservadora” —incluida la izquierda de la revolución—. Para que la hegemonía de ese partido pudiera construirse tenían un serio obstáculo: la Constitución de 1917. Acusando la huella profunda del maderismo, el texto de la carta magna había sido emitido con una clara vocación democrática y federalista. Hacer un partido que concentrara todo el poder era contrario a la letra y al espíritu constitucional. Sin embargo, esta voluntad concentradora del poder se inicia con Obregón en 1924. Consiguió que su bloque en el Congreso aprobara la reforma para su reelección, e hizo otros cambios, como quitar el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte a las legislaturas estatales y nacional para dárselas al presidente y al Senado. Luego del asesinato de Obregón, Calles comprendió que en vez de buscar la reelección, la presidencia se fortalecería si se reducía el poder del Congreso, de las legislaturas estatales y de los municipios. La clave era suprimir la reelección de legisladores y munícipes para controlar todas las candidaturas desde el PNR.
En un Congreso dominado por sus leales, el PNR hizo esa enmienda constitucional, que entró en vigor en 1933. Fue legitimada gracias a una hábil distorsión de la consigna maderista de la no-reelección que había impuesto el Constituyente solamente al presidente y los gobernadores. Al eliminar la reelección de los demás cargos se consiguió sujetar a la enorme mayoría de los aspirantes a cargos de elección del binomio partido-jefe máximo —después partido-presidente—. Los que jugaban por su cuenta eran perseguidos o suprimidos, es decir, irrelevantes. Esta historia puede leerse extensamente en el libro La regla ausente y lo refiero porque ayuda a comprender la asombrosa similitud con el presente.
La cirugía mayor que se practicó a la Constitución le extirpó los motores democráticos que el Constituyente había ideado para que la revolución diera paso a la formación de un Estado democrático. Con tal amputación se echaron las bases necesarias para legitimar la “dictadura perfecta” que nos gobernó hasta 1997. Fue una verdadera lobotomía de la voluntad democrática con la que había nacido la revolución”.
(Aquí el texto completo de Francisco Valdés Ugalde).

Como habría escrito el mismísimo Marx, en referencia a Hegel, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, la historia ocurre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa.

Chayo News

El patrimonio cultural poblano embargado por los gobiernos panistas, mediante la envoltura de fideicomisos. El senador Alejandro Armenta se refirió el fin de semana a lo oneroso que resulta para las finanzas del estado el pago de la deuda correspondiente al fideicomiso del mal llamado Museo Internacional Barroco. El problema no sólo son los siete mil millones de pesos que se erogan mensualmente por una obra que en los hechos es el elefante blanco más fastuoso que se conoce, junto con la rueda de la fortuna. Una especie de estafa maestra en función de la cultura, cuyos autores materiales siguen ahí promoviéndose y amenazando con volver. ¿Alguien podría explicar su utilidad pública para pagar tanto dinero? El problema de fondo, que no se toca ni con el pétalo de un comentario, es cuál es el destino de los bienes patrimoniales “prestados” (saqueados) de los viejos recintos museísticos, como el José Luis Bello, con la dudosa excusa de llenar las paredes del nuevo “mausoleo” cultural. La integridad de esas colecciones está en duda. Pues sólo a una bola de incompetentes, o cómplices, se le ocurre hacer un museo patrimonial sin tener colecciones propias, como lo advertimos en este espacio desde el momento en el que se supo de la mentada osadía panista. Aunque también fuimos muchos los que desde entonces advertimos sobre la sospecha de que la invención del mentado museo y de otras obras monumentales se inscribían en la estrategia clientelar, entre los grandes capitales del país, de ir integrando un cochinito rumbo a las elecciones del 2024. La integridad del patrimonio material y su eventual devolución al Estado es una cuestión que rebasa la competencia del Ejecutivo estatal; se precisa de la participación del Congreso del Estado, toda vez que los fideicomisos están exentos de los principios republicano de una democracia que rinde cuentas y practica la máxima transparencia.