Opinión

¿Devaluación de la UNAM?

Lunes, Enero 23, 2023
Leer más sobre Javier Cobos Fernández
La máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México compromete su nombre
Economista por la UDLAP, Maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York, con estudios de Maestría en Derecho en el ITAM y en Transformación Digital en el MIT. Se ha desempeñado como director asociado en la calificadora Standard and Poor’s y consultor en Alta Dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
¿Devaluación de la UNAM?

Luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habría no solamente comprobado, sino publicado en voz de su rector Enrique Graue Wiechers , que la tesis para obtener el grado de Licenciada en Derecho de la actual ministra Yasmín Esquivel habría sido producto de un “plagio” y expresar que “la falta de integridad académica que representa lo anterior no solo es inadmisible, sino que ha lastimado severamente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes, académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito”, el mismo rector señaló que “no puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite” y por tanto no es posible la anulación del grado obtenido por la ministra, dejando en franca vergüenza y devaluación no solo el nombre de la UNAM sino el de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claramente la UNAM se encuentra entre dos fuegos dentro de los cuáles cualquier alternativa da como resultado un pago esperado negativo. La primera alternativa es evadir la responsabilidad asumiendo una grave devaluación del nombre y prestigio de la máxima casa de estudios, y la segunda alternativa, misma que no fue la elegida, enfrentar a su “padrino y defensor” el señor Presidente de la República, con los daños y perjuicios que ésta conllevara.

La resultante fue turnar el caso a la brillante secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien ante una pregunta literalmente “de primaria”, no pudo responder. Me pregunto cómo responderá a este nuevo dilema, ligeramente más complejo, que la ha tocado “cachar”.

Sin embargo, como lo señalé en mi columna Deje el “plagio”, el desconocimiento del CPF del 9 de enero pasado, el plagio, que en sí mismo constituye un hecho grave y penoso no solo para la hoy ministra de la SCJN, sino para el nombre de la máxima casa de estudios, sus egresados y sus académicos, sino que derivó en una serie de hechos legalmente de mayor gravedad.

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Lo anterior ante el hecho de que la Ministra aseguró que contaba con un testimonio firmado ante notario público en el que Édgar Ulises Báez Gutiérrez aceptaba haber tomado varias partes de la tesis de licenciatura, olvidando por completo lo establecido en el apartado de “delitos de los abogados” en el artículo 231 del Código Penal Federal (CPF) en el que se establece que “los delitos de los abogados entre los que podemos encontrar … “se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados… cuando cometan algunos de los delitos siguientes:

I. Alegar a sabiendas hechos falsos…
III. A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante las autoridades judiciales o administrativas; y
IV.  Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.”

Asimismo, referente al artículo 248 Bis del CPF establece que “… al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa”. Lo anterior en armónica lectura con el artículo 61 de la Ley de Profesiones en la Ciudad de México, reglamentaria del 5º Constitucional, que establece:

“Los delitos que cometan los profesionistas en el ejercicio de la profesión, serán castigados por las autoridades competentes con arreglo al Código Penal”.

Es así como, no solamente en la gloriosa administración de la 4T hemos presenciado un sinnúmero de retrocesos en materia económica, institucional, incremento comprobado de la pobreza en nuestro país, desfalcos multimillonarios y corrupción rampante, sino la devaluación de una de las instituciones académicas más prestigiadas no solo de México sino de Latinoamérica: nuestra querida UNAM.

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