Opinión

El otro desplome del helicóptero

Martes, Diciembre 6, 2022
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El desplome de la aeronave donde viajaba el secretario Porfirio Sánchez guarda datos relevantes
De formación jesuita, Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Compañero editorial de Pedro Angel Palou. Colaborador cercano de José Ángel Conchello y Humberto Hernández Haddad y del constitucionalista Elisur Artega Nava
El otro desplome del helicóptero

Siendo las ocho horas con cincuenta minutos del jueves 17 de noviembre de los presentes, la radio local de la ciudad de Aguascalientes dio cuenta de que, es ese preciso instante,  un helicóptero adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública se  desplomaba en terrenos baldíos ubicados en las inmediaciones de una clínica;  una hora después, a las  nueve con cincuenta y seis minutos, el diario El Heraldo de México en Aguascalientes, transmitiendo desde el lugar de los hechos en su página en internet , ofreció el testimonio de  un transeúnte, quién prefirió omitir su identidad, quién  afirmó haber presenciado la persecución  del aeronave por motociclistas en tierra  desde  le disparaban con armas largas dando un impacto en la hélice del aparato. Lo cierto es que, el piloto, tratando de maniobrar para no caer sobre espacios edificados, terminó desplomando abruptamente el referido helicóptero cobrando la vida de los cinco integrantes de la tripulación, entre la que se encontraba el titular de Seguridad en la entidad, Porfirio Sánchez.

Horas después a las tres y media de la tarde, el diario Aguascalientes Times daba cuenta del siguiente comunicado de prensa emitido por el gobierno del estado:

“Por las condiciones en que se realizaba el vuelo y los primeros indicios de la investigación por parte de la Fiscalía Estatal, se descarta que la caída del helicóptero estatal fuera a causa de un atentado. Lo anterior, debido a que los tripulantes no reportaron ningún incidente a través del sistema de radiocomunicación con el C5I y porque los elementos que participaban en el operativo en tierra tampoco dieron cuenta de algún altercado.”

La recientemente electa gobernadora Teresa Jiménez sucedió en el cargo a Martín Orozco, otrora contador de las casas de citas de la localidad adscrito al Opus Dei y con el cual se encontraba confrontada pese a compartir militancia partidista, y se caracterizó cuando fungió como alcaldesa de la capital hidrocálida por adquirir a su nombre inmuebles situados en la zona de mayor plusvalía de la ciudad pagados con dinero en efectivo.

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Tras los sucesos del pasado 17 de noviembre, designó  de inmediato como encargado de despacho  a Manuel Alonso García,  hombre formado al amparo de Moreno Valle, Luis Bank y de la "Iniciativa Mérida", sin que pudiera señalarse situación que la incrimine particularmente en alguna actuación inconveniente, no deja de resultar digno de atención que, tras los trágicos sucesos del día de Nochebuena de 2018 y al arribo del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido hubiese ascendido a la cartera de Seguridad Pública, mismo cargo al que ha ascendido en Aguascalientes tras el desplome de otro helicóptero.

Porfirio Sánchez había sido detenido por la Fiscalía General de la República en febrero del presente año; tras la acusación fue puesto en libertad al igual que Facundo Rosas, compañero de andanzas en el estado mayor de Genaro García Luna con quién fungiría en la Secretaría de Seguridad Pública como encargado de la Dirección General de Operaciones Encubiertas adscrita a la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Tres meses antes de haberse verificado el desplome que cobrara su vida, había sido rehabilitado en al frente de la seguridad estatal por parte de la gobernadora Teresa Jiménez, de manera tal que entre febrero en el que fue detenido bajo cargos de tortura y pertenencia a la delincuencia organizada, y haber sido designado en agosto al frente de la seguridad de Aguascalientes, se desvanecieron los datos de la acusación que pesaban en su contra.

La falta de méritos para proceder en su contra, quedaría acreditada a plenitud en menos de ciento veinte días, lo que nos obliga a intuir que la acusación dirigida en su contra estaba manifiestamente mal elaborada, a que la estructura de poder enquistada de tiempo atrás en el aparato de seguridad y procuración de justicia permanece inalterado, o bien a ambas cosas.

Durante los primeros días de la administración de Enrique Peña Nieto se designó a Alberto Amador Leal al frente de la División de Inteligencia de la Policía Federal, la misma que poco antes había estado a cargo de un personaje de siniestro historial llamado Armando Espinoza de Benito y a la que se encuentra adscrita la Unidad de Operaciones Encubiertas.

Durante los muy breves días en que Alberto Amador estuvo al frente de dicha División antes de ser sustituido por Francisco Enrique Galindo Ceballos, quien fuera destituido como mando policial tras comandar una agresión represiva a manifestantes del magisterio en Nochixtlán, Oaxaca; recibí la encomienda de desahogar una consulta por parte del director de Operaciones Encubiertas que a la sazón no era otro más que Porfirio Sánchez.

El correspondiente desahogo a la consulta en cuestión daría paso subsiguiente y, tras un análisis un tanto más meticuloso, aclarándose por lo demás, que la consulta en cuestión se circunscribía a una mera interpretación de la legislación y no a situación particular alguna.

Un par de días antes de haberse verificado los sucesos de Aguascalientes,  recordábamos en Tehuacán el trágico percance que hace cuatro años cobrara la vida de los gobernantes de Puebla, ello con ocasión de la presentación del relato de mi autoría “Ifigenia entre sueños” en los que apunto al enclave que bajo el programa de la “Iniciativa Mérida” la Agencia Central de Inteligencia del  Departamento de Estado tenía desplegada en Chachapa, en la academia que llegó a dirigir Alonso García, y en cuyas instalaciones aconteció  otro trágico accidente de aviación que cobrara la vida del hijo del entonces director de la Academia , al desplomarse en prácticas una avioneta.

Resaltándose por lo demás que, en los hechos actuales se dan en la víspera del inicio en enero del proceso seguido por el Juez Cogan en la Corte de Distrito de Nueva York en contra de Genaro García Luna.

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