Opinión

Ayotzinapa y, ¡qué bonita tu mujer!

Miércoles, Septiembre 28, 2022
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El gobierno de López Obrador parece que sólo continúa con la administración del conflicto
Es vicepresidente de Perspectivas Interdisciplinarias, A. C. (www.pired.org), organización civil con trabajo académico y de desarrollo económico de grupos vulnerables; y promotora de acciones vinculadas con la cultura comunitaria indígena y popular. Su línea de interés es la Huasteca y la Sierra Norte de Puebla.
Ayotzinapa y, ¡qué bonita tu mujer!

Hay una verdad oficial, con sus contradicciones y disputas en el vértice, que corre en los medios de información institucionales (periódicos, radio, televisión, libros e informes oficiales e independientes), con sus especialistas e intelectuales, a favor y en contra.

Hay otra verdad borrosa e indiferente. La verdad popular. Se nutre de la experiencia bruta del día a día. Se mueve de boca en boca, con sus ritmos y matices, entre la población sin acceso a los circuitos de información mencionados.

Y cuando tiene acceso a esos circuitos, así sea de manera ocasional y marginal, recela de su veracidad, porque la considera pagada por el gobierno. Con intereses ocultos. Para ese grupo, todo lo que proviene de los representantes del gobierno es motivo de sospecha. Saben, por experiencia propia, que no les falta razón.

Para este sector, que es mayoritario, no hay duda sobre la responsabilidad del gobierno en la desaparición y muertes de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de hace ocho años. ¿De dónde sacan esa conclusión? De lo que miran y padecen todos los días.

La ejecución de los estudiantes se llevó a cabo con la participación del Ejército, policías locales, estatales, y autoridades municipales de varios ayuntamientos, y La Mañana (los miembros del cartel que custodiaban la plaza aquella infausta noche, y los autores de los sobornos).

Las autoridades actuaron (por omisión o comisión) con la tranquilidad de que, más allá del escándalo, no pasaría nada, como en efecto no ha pasado. En esa región, que incluye cuatro entidades, y en prácticamente todo el país, la muerte violenta se ha normalizado. Los niños y las escuelas viven con ella todos los días.

La novedad, esa sí no prevista por ninguno de los involucrados, es que la desaparición de los muchachos devino en un poderoso movimiento social, con implicaciones nacionales e internacionales. Esa condición es la que tiene al gobierno del presidente López Obrador de cabeza, a partir de la mañana del sábado.

Para este grupo de la población, el popular, el gobierno lo conoce todo. Tan es así que no actúa porque hacerlo es como meterse un balazo en el pie. No lo hicieron los de antes y no lo harán los de ahora. Todo queda resumido en la frase “todos son lo mismo”. La población en absoluto desamparo.

En efecto, el presidente López Obrador está en la misma condición de Peña Nieto. Los padres de los desaparecidos, de nuevo acusan hacia Palacio Nacional, como acusaron cuando allí despachaba el expresidente. Y como hace ocho años, las revelaciones oficiales más que aclarar, buscan producir efectos en la opinión pública.

Eso explica que el exprocurador, autor de la llamada “verdad histórica”, y el general comandante del 27 Batallón de Iguala, estén en la cárcel. Son la fuente de la nueva narrativa.

No son avances sustantivos en la investigación. Es la continuación de la administración del conflicto, con la esperanza de que, por acción divina, en algún momento los padres de los jóvenes, por cansancio o frustración, bajen la intensidad.

La pelea entre grupos criminales que se disputaban Iguala, son los mismos (tal vez sólo con nuevas cabezas) que tienen el control (en disputa permanente) de toda la Tierra Caliente. Una vasta región que comprende los estados de Guerrero, Michoacán, de México y parte de Morelos.

Cuando digo control digo que el Estado nacional ha perdido o cedido la soberanía de esa región. En esos pueblos se manifiesta una verdadera confusión sobre la autoridad. Se ha traslapado. Porque incluso La Mañana ya imparte justicia entre la población civil, como se mira en videos.

El sector popular lo sabe de cierto, porque lo padece todos los días. Muertos, desplazados, secuestrados, hurtados en sus bienes materiales. Llegan y piden que les desocupen la casa, que les entreguen la tienda, la camioneta. Se llevan los puercos, las gallinas, las vacas y, cuando los tienen, se quedan con terrenos y ranchos.  O “qué bonita tu mujer”.

Ese grupo indefenso y vulnerable ve cómo criminales y seguridad pública, sean municipales, estatales, federales, o de las fuerzas armadas, conviven cotidianamente, tal vez en confidencia. ¿Para qué pelearse, diría el Presidente?

Esa vasta región es de rancherías, pueblos y algunas pocas ciudades. La población se ve impelida a convivir hombre con hombro. Entonces no se requiere de mucha ciencia para que la percepción de la clase popular se ponga en acción y saque sus conclusiones. Equivocadas, si se quiere, pero finalmente es su percepción.

Para no ir lejos, en Zirándaro, gobernado por el partido Morena, con motivo de las fiestas patrias, salieron a desfilar juntos, por las calles del pueblito, la presidenta municipal, el personal del ayuntamiento, las escuelas, personajes de acaballo identificados por la población con miembros de un cartel (La Mañana), soldados del Ejército y padres de familia.

Los de a caballo iban debidamente custodiados, por hombres de a pie, con armas largas, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Los videos circularon por todos los medios y redes sociales. Una autoridad estatal, de mala gana, dijo que ya se había tomado nota e informado a quien se debe informar, y punto.

Para la población es la mejor prueba de que todos “son la misma cosa”, y que la impunidad es el valor supremo, y ante la cual todos le rinden tributo, porque de ella depende la sobrevivencia. Es lo que hemos engendrado como país en los últimos años. Al parecer, Morena ratifica y alienta ese modelo.

Pero he aquí que las cosas tuvieron un giro de ciento ochenta grados el sábado, con la publicación de las partes tachadas (testadas) del informe de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre la desaparición de los estudiantes, por la periodista Peniley Ramírez, “Ayotzinapa, el encubrimiento”, en el periódico Reforma.

Independientemente de lo que se revela ahí, y de sus implicaciones judiciales y morales, el problema de fondo, para el presidente y el gobierno, es que se les cae la máscara de la narrativa de que el Ejército mexicano “es el pueblo armado”.

El principal argumento del gobierno para justificar y legitimar la militarización del país. Incluso de áreas sustantivas, reservadas de siempre a ejecutivos civiles.

Cualquiera sabe que sólo los gobiernos ultraderechistas son los que gobiernan con el ejército. En el caso de López Obrador no sólo gobierna con él, sino que tiene en proceso la militarización de la seguridad y administración públicas.

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