Opinión

La reforma judicial en Puebla (Parte I)

Sábado, Septiembre 24, 2022
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Antes de votarse, una reforma de esta relevancia debería contar con un debate de cara a la sociedad
Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.
La reforma judicial en Puebla (Parte I)

Tal como lo anunció el 15 de julio del año en curso, en la celebración del Día del Abogado en un evento convocado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez en que escuchamos una conferencia impartida por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre el tema “El Derecho Humano del Acceso a la Justicia”, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta en su discurso ante el foro poblano y funcionarios del Poder Judicial, señaló la urgente necesidad de que Puebla contara con una reforma judicial para terminar con los viejos vicios que han dañado la imagen del Poder Judicial, como son la corrupción, la ineficiencia, el nepotismo, el influyentismo, los conflictos de interés, entre otros, y que han propiciado que no se haya dado un avance significativo en la materia en favor de los que menos tienen y los grupos vulnerables, además de señalar que sólo están en la cárcel, quienes no pudieron pagar una buena defensa y los honorarios de un abogado que los representara y que quienes sí  pudieron pagar, eran los que tenían forma de evitar se les aplicara el peso de la ley y estaban libres.

En dicho evento se comprometió a presentar en los siguientes meses una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para mejorar la administración de justicia y erradicar los vicios del pasado.

Así el pasado 19 de septiembre el gobernador envió a la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, la Iniciativa de Reformas a los artículos 12 fracción X, 37 fracción II, 57 fracciones XIV, XV, XXIII Y XXXI, 61 fracciones I y III, 86, 87, 88, 90, 91 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que ya fue turnada para su análisis y seguramente será aprobada en la siguiente sesión plenaria del Congreso.

Al respecto, diversos analistas y organizaciones de la sociedad civil y universidades hemos manifestado la necesidad de que una reforma en esta materia, antes de votarse, se lleve a cabo una discusión y debate de cara a la sociedad a través de un parlamento abierto y no únicamente se conozca por los partidos representados en el Congreso del Estado, quienes serán los encargados de aprobarla o rechazarla. Afirmo lo anterior porque actualmente los poblanos tenemos una justicia lenta, burocratizada, parcial por los casos de conflictos de interés y la desconfianza que se tiene en los funcionarios judiciales, que además no es gratuita y que de ninguna manera es equitativa, porque no toma en cuenta la situación de marginación y posición de quienes son partes en los procedimientos.

La misma iniciativa señala en la página tres, párrafo segundo:

“En cuanto al Estado de Puebla, el porcentaje de la población que manifiesta confiar en los jueces y magistrados de la entidad alcanza un desafiante 39.9% -por debajo de la media nacional de 40.3%-. Además, los trámites ante juzgado o tribunales se encuentran dentro de los tres trámites con mayor prevalencia de corrupción en el sentir de las y los poblanos.”

Cabe destacar lo señalado en la página 4 de la iniciativa en el párrafo segundo que a la letra dice:

“Ahora bien, la lógica de reparto orgánico-funcional que subyace a la presente iniciativa de reforma a la organización del Poder Judicial del Estado busca atender, también, una demanda de especialización técnica y profesional entre sus servidores públicos, quienes, en muchas ocasiones, se ven rebasados para abordar una cascada de controversias jurisdiccionales y, al mismo tiempo, la gestión del día a día administrativo de ese poder.”

Recordemos que durante la gestión del extinto gobernador Rafael Moreno Valle se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, donde se eliminaron los requisitos anteriores para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, como eran: haber ocupado cargos como juez o secretario y contar con una experiencia con antigüedad en la carrera judicial, incluso el requisito de ser poblano por nacimiento; todo ello  para que el Gobernador propusiera en las ternas de candidatos a Magistrados  a incondicionales a su gobierno o de su Partido, que carecían de experiencia y méritos para ocupar dichos cargos y que sin embargo fueron designados por el Congreso del Estado y aún despachan actualmente en algunas de las salas del Tribunal.

La exposición de motivos de la Iniciativa destaca en la citada página cuatro en los párrafos cuarto y quinto lo siguiente:

“En particular la presente iniciativa, aspira a romper el círculo vicioso que se ha instalado en las judicaturas nacionales, el cual consiste en utilizar los instrumentos de gobierno judicial para comprometer la imparcialidad y la libertad de criterio de los juzgadores. No queremos más que los jueces y magistrados sean rehenes de quién da y de quién quita.”

Ojalá la iniciativa logre el objetivo, porque en Puebla desde hace varios años en los asuntos donde litiga el Estado existe un especial interés en favorecer sus intereses y ha sido evidente el uso del aparato judicial para ir en contra de los enemigos políticos y de quienes resultan incómodos para el gobierno en turno, y por ello, existe una gran desconfianza sobre la imparcialidad del actuar de los jueces y de la legalidad de sus sentencias, que muchas veces deben ser corregidas por la Justicia federal.

El párrafo quinto señala:

“Nuestra convicción es que el Estado de Puebla merece un Poder Judicial transparente, eficaz, confiable y con legitimidad social, en el que los jueces y magistrados puedan realizar su función sin la incertidumbre de que su destino depende de congraciarse con el poder o plegarse a la corrupción endógamica.”

Muy loable el objetivo, pero depende de muchos factores y de lo que se hará con los funcionarios actuales para corregir la situación que enfrenta el Poder Judicial y que después de la pandemia del Covid-19, presenta un atraso significativo en los juicios, con un rezago que por lo menos en los próximos dos años no podrá abatirse, afectando a miles de justiciables y al gremio de los abogados que mientras no resuelvan sus asuntos en los Juzgados y salas, no podrán cobrar sus honorarios.

Continuará…

 

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