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      La estafa (de la) maestra

      Lunes, Enero 17, 2022
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      Si la titular de la SEP tiene virtud privada de utilidad pública, debería presentar su renuncia
      Doctor en Educación UAT. Tuvo estancias postdoctorales en Lonergan Institute de Boston College. Miembro de SNI, Consejo de Investigación Educativa, Red de Investigadores en Educación y Valores, y ALFE. Decano UPAEP
      La estafa (de la) maestra

      "Somos una sociedad que delinque sin cesar…La falta de respeto a las reglas parece arraigada en las costumbres…Entre los diferentes escalones de esas prácticas existe una permeabilidad extrema. No hay una frontera precisa entre faltar a las reglas básicas de la cortesía y la sociabilidad, y violar más gravemente los fundamentos colectivos de la sociedad…"
      Ikram Antaki
      Tomado de: Eduardo Caccia. Llegar a Ikram. En Reforma, 16 de enero de 2022.

       

      En su último libro publicado en vida, Ikram Antaki (1948-2000), maestra, antropóloga y escritora siria, radicada en México desde su juventud hasta su muerte, afirma que “de hecho, estamos produciendo una ciudadanía sin civismo”, según cita el editorialista Eduardo Caccia en el artículo del que tomo el epígrafe de hoy.

      Esta carencia de civismo se refleja, según lo cita el mismo autor en su artículo de homenaje a Antaki, en un debilitamiento de la voluntad de integración ciudadana, una crisis de la relación política, el desarrollo de los corporativismos, la falta de credibilidad de los actores políticos, la pérdida de legitimidad de los congresos electos por la gente y el crecimiento de distintas formas de populismo.

      Los síntomas de esta crisis cívica, de esta carencia de ciudadanía auténticamente democrática que la escritora siria describe en su libro Manual del ciudadano contemporáneo, publicado en el año 2000, no solamente no se han enfrentado y disminuido sino que se han visto exacerbados en este poco más de dos décadas del siglo veintiuno, que inició con la esperanza de concreción de la anhelada transición democrática con las elecciones de julio de ese año en las que por primera vez el PRI perdió la Presidencia de la República, pero se quedó en una mera alternancia de partidos en el Poder Ejecutivo federal, que no transformó de fondo el sistema ni logró formar a los nuevos ciudadanos que la transición requería.

      En julio del 2018 más de treinta millones de ciudadanos, que en su mayoría no vivió la época del viejo sistema de presidencialismo absoluto y partido único -o pareció no recordarlo en el discurso del candidato López Obrador- votó por una propuesta que se autodenominaba de izquierda y que prometía acabar con la corrupción y la impunidad, separar el poder político del poder económico, gobernar para unir a todos los mexicanos y mexicanas, restablecer la credibilidad en los políticos a partir de la honestidad reflejada en tres mandamientos: “no mentir, no robar y no traicionar” y realizar un cambio de régimen que instaurara una verdadera democracia.

      Han pasado ya tres años de esas elecciones históricas y aunque el Presidente sigue conservando en lo personal una alta popularidad, su gobierno sale muy mal evaluado en prácticamente todos los rubros, incluyendo estas dimensiones esenciales para restaurar la civilidad política y terminar con la falta de civismo en la ciudadanía.

      Antaki definía al civismo como una virtud privada de utilidad pública, puesto que las virtudes cívicas se desarrollan en cada ciudadano, pero se reflejan necesariamente en su convivencia social y en su participación política en el sentido amplio de contribución co-responsable para la búsqueda del bien común.

      Desde mi punto de vista, dicha restauración del civismo tiene dos requerimientos necesarios, ambos de carácter educativo. El primero es el combate a todas las acciones contrarias al civismo por parte de los servidores públicos, empezando por los puestos de confianza del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Este combate educa a los ciudadanos -actuales y futuros- aunque no sea algo que se realice dentro del sistema educativo formal, porque predica con el ejemplo el ejercicio de esa virtud privada de utilidad pública. El segundo requerimiento necesario se encuentra en la formación de ciudadanía en las nuevas generaciones, que debería ser una línea fundamental en todas las actividades curriculares y extracurriculares dentro de las escuelas y universidades que forman el Sistema Educativo Nacional (SEN).

      El gobierno actual se comprometió con el combate a la corrupción como una de sus principales banderas y expresó su voluntad de combatir la carencia de civismo en el “Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal”, publicado el 5 de febrero del 2019, que en su capítulo II, artículo 6 dice:

      La ética pública se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen de manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios legales, valores y reglas de integridad, que todas las personas servidoras públicas deberán observar y aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones (1).

      En los tres años que lleva este Gobierno Federal hemos sido testigos de varios casos de corrupción de altos funcionarios e incluso de las áreas del Ejército Mexicano responsables de las mega obras del sexenio como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía. Estos casos han sido documentados y difundidos públicamente pero el Presidente y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han sido omisos y protegido, en lugar de investigar y en su caso sancionar, a los funcionarios que resulten responsables.          

      Tenemos ahora un caso que impacta los dos requerimientos o dimensiones que he mencionado como necesarias para la restauración del civismo en nuestra sociedad endémicamente dañada por la corrupción y la impunidad: la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una sanción económica por cuatro millones y medio de pesos que el Instituto Nacional Electoral había impuesto a Morena en el mes de septiembre pasado. Esta sanción se debe a la existencia de “…una red de financiación irregular llevada a cabo entre febrero de 2013 y julio de 2015 en Texcoco (Estado de México), cuando la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, era presidenta municipal.” Durante el tiempo que duró el sistema, se retuvo el 10% de salario de cientos de trabajadores públicos de la localidad, más de dos millones de pesos —de acuerdo con la investigación del INE— que sirvieron para costear la formación de Morena, según una nota del diario El País (2).

      Aunque la sanción no es en lo personal para la profesora Delfina Gómez sino para su partido político -el mismo del Presidente-, el haber participado directamente en este esquema ilegal de financiamiento en el que se descontó obligatoriamente un porcentaje del salario de los trabajadores municipales a su cargo, disfrazando el apoyo partidista de un donativo solidario para actividades de beneficio social, constituye un acto claramente contrario a la ética y al civismo indispensables en todo servidor público y expresamente comprometidos en el código creado y publicado por este gobierno.

      Esta conducta no ética y anti cívica de por sí es grave en todo funcionario del gobierno y el no sancionarla manda ya un mensaje contrario a la educación ciudadana que urge al país, pero al tratarse de la responsable del sistema educativo tiene un doble impacto puesto que transmite también un mensaje directo a los docentes, padres de familia y educandos de que todo se vale cuando se aspira al poder y que se puede pasar por encima de las leyes y de los derechos de los trabajadores si las aspiraciones personales y de facción política lo justifican.

      Si la titular de la SEP tiene esa virtud privada de utilidad pública llamada civismo, si es congruente con el código de ética del gobierno al que sirve, debería presentar su renuncia. Este acto hablaría bien de ella y dejaría un mensaje claro en términos educativos respecto a la obligación de respetar las leyes y actuar con honestidad.

      Si el Gobierno Federal y el Presidente creen realmente en su promesa de combatir la corrupción y de educar a los futuros ciudadanos en la ética y el civismo, como declaran en los discursos y manifiestan en sus múltiples códigos y decálogos, deberían investigar y sancionar tanto a la totalidad de los implicados en la llamada “estafa maestra”, como a los responsables de la “estafa de la maestra”, empezando por solicitarle a ella su renuncia, porque como bien dice la sabiduría popular: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra.

       

      [1] Este acuerdo puede consultarse en:

      https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019&print=true - :~:text=La ética pública se rige,y reglas de integridad, que

      2 Esta nota puede consultarse en el siguiente link: https://elpais.com/mexico/2022-01-13/el-tribunal-electoral-ratifica-la-multa-de-mas-de-cuatro-millones-de-pesos-a-morena-por-financiacion-irregular.html

       

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