La reciente aprobación de las modificaciones a varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), implica un retroceso en el camino hacia un sector energético moderno y sustentable. En concreto, hay dos puntos en los que se centra este artículo. Por un lado, en que las modificaciones aprobadas implican desmantelar los incentivos para la generación de electricidad con energías renovables, y por el otro, que fomentan el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes para la producción de electricidad en México. 

Respecto al tema del desincentivo a los renovables, las modificaciones a la LIE echa por tierra el sistema de Certificados de Energía Renovable (CERS) como un instrumento para promover la participación de nuevos generadores de electricidad a partir de energía limpia. En este sentido, se otorgaron estos certificados a plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya viejas, eliminándose el uso de estos certificados a las nuevas inversiones de energía renovable como un aliciente a la entrada de generadores más sustentables desde el punto de vista ambiental. Por otra parte, se eliminaron las subastas para la generación de electricidad a partir de renovables. Por último, se eliminó el despacho económico que implica que primero se reparta la electricidad cuyo costo de producción es menor, es decir, el de renovables, favoreciendo ahora el despacho de las plantas de combustibles fósiles altamente contaminantes de CFE, cuyo costo de generación es más alto.

Haciendo un poco de historia, por presiones políticas de última hora, la Reforma Energética de 2014 logró incorporar el uso de energías limpias para que México cumpliera sus compromisos de que el 35% de su electricidad proviniera de fuentes limpias para 2024. Si bien es cierto que se había generalizado uso de ciclo combinado, a partir de gas natural en los años noventa, esta tecnología no es limpia ni renovable.

En el gobierno actual las fuentes de energía para la generación de electricidad han cambiado otra vez a favor de los combustibles fósiles, pero no hay información disponible que muestre la matriz energética actual del sector. La CFE ha pasado a ser el comprador principal de combustóleo adicional producido durante la expansión de capacidad de refinación de PEMEX. Esto es importante porque el cambio en los combustibles utilizados implica también una modificación de largo plazo en la infraestructura que se construya para la generación de electricidad. El uso del combustóleo ha llevado a la reactivación de plantas termoeléctricas. El mayor uso de carbón durante esta administración también implicará el aumento en el uso de carboeléctricas. La política energética actual, por tanto, redirecciona las inversiones de acuerdo a los combustibles a utilizar. De hecho, recientemente se anunció la vuelta a las hidroeléctricas que han sido fuertemente criticadas por las implicaciones ambientales y sociales que conllevan.

Además, la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica recién aprobada atenta contra el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, consagrado en el Artículo 4, párrafo quinto de la Constitución. Esta reforma contraviene además varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el ODS 3 de Salud y Bienestar, el 7 de Energía Asequible y No Contaminante y el 13 de Acción por el Clima.

Las modificaciones aprobadas el 3 de marzo de 2021 por la Cámara de Senadores va en contra de la tendencia mundial hacia un menor uso de combustibles fósiles, que tienen una clara contribución al cambio climático y efectos sobre la salud y a los ecosistemas. Estas modificaciones a la LIE ha desmantelado por tanto una reforma energética que pretendía modernizar al sector energético y de paso contribuir a una mejor calidad ambiental.

La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.

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