Democracia representativa y participativa

Lunes, Enero 11, 2021 - 10:05

Se necesita una alternativa creativa para mayor participación ciudadana

Cuando nos ocupamos por reflexionar sobre la democracia como un sistema político que permita a las sociedades abordar sus problemas que necesita resolver para conseguir una mejor situación para sus integrantes, de inmediato recurrimos a resaltar lo que etimológicamente expresa el concepto y decimos la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, en ese contexto conceptual debemos asumir que el término se acuñó en las sociedades que pretendían vivir bajo un régimen democrático cuya dimensión permitía que los asuntos a tratar por la sociedad en cuestión pudieran reunir a sus integrantes con cierta periodicidad, el número de ciudadanos era de uno 5000. El problema del sistema democrático cuando se quiere aplicar en las sociedades modernas, se tiene que considerar que se trata de funcionar democráticamente en sociedades de varios millones de habitantes, de ciudadanos que deben conocer discutir y resolver sobre los problemas esenciales de la sociedad de que se trate, tal situación es aplicable al caso de nuestra sociedad mexicana del 2020.

En el debate que se da con frecuencia se presenta como opciones a la democracia representativa frente a la democracia directa, la necesidad de matizar a cada uno de los conceptos de democracia es evidente: en el caso de la representativa es pertinente considerar las características del sistema político concreto en que se aplica la democracia representativa y, en el caso de la democracia directa, resaltar que sería difícil lograr aplicar solamente el método de la democracia directa para gobernar al país. Considero prudente tener en cuenta que las dificultades de la segunda y las limitaciones de la primera, se podrían resolver si se tiene en cuenta la necesidad de hacer un esfuerzo teórico para idear con extrema creatividad una alternativa democrática que permita una mayor participación de los ciudadanos y, al mismo tiempo, rescate una alta eficiencia y efectividad para que los gobiernos así organizados puedan emprender la solución a los problemas que plantea el progreso de las sociedades democráticas.

Para avanzar en propósito retomo algunas características esenciales del sistema político mexicano y su organización bajo el sistema democrático. En el sistema político de nuestro país podemos considerar dos partes esenciales: la forma en que de acuerdo a la normatividad se puede acceder al poder y la estructura político institucional que enmarca las formas de gobernar. La primera es posible resumirla en el sistema de partidos, la estructura legislativa relacionada con el camino para que el pueblo mexicano otorgue a los que aspiran a gobernar, el aval para ejercer el poder y gobernar. En eso se contiene la estructura legislativa electoral, el sistema de partidos y la forma en que los ciudadanos deben ejercer sus atribuciones para poder decidir a quién le dan la anuencia para gobernar.

En este aspecto me interesa resaltar la necesidad de realizar ajustes en lo que corresponde con las dinámicas partidarias que se han transformado relegando las diferencias de concepción política, subordinándolas a las exigencias coyunturales de naturaleza electoral. Los partidos hoy se relacionan para participar en las elecciones de manera pragmática con objetivos que se definen por cómo con su participación pueden lograr resultados electorales que los acerquen a cuotas de poder institucional, dejando de lado los proyectos de estructura política que les posibiliten acercarse a un resultado congruente con conseguir avanzar en los grandes objetivos de un modelo de dinámica social. Por ello es prudente hacer una aplicación rigurosa de las rutas de las Alianzas.

Se debe proceder a modernizar los documentos que se utilizan para que los ciudadanos emitan su voto, con el que expresan su voluntad y así otorgar la anuencia a los candidatos para que accedan al privilegio de tomar las decisiones que tenderán a resolver los problemas de la sociedad, en el ámbito de que se trate.

Se tiene que respetar disposiciones que por su importancia definen la forma de las boletas de votación, me refiero a la disposición de que el candidato solo debe aparecer una vez en la boleta, lo que nos conduciría a que los órganos electorales competentes decidieran que si los partidos acuerdan coaligarse se tendrían que agrupar conservando sus logotipos, pero su candidato (el de la coalición)  aparecería una sola vez y no como se ha estilado que aparece en la boleta tantas veces como partidos se integran a la coalición, y para no dejar duda debe considerarse el asunto de las antigüedades como elemento de orden de aparición en la boleta citada se resolvería tomando el promedio de antigüedad de los partidos coaligados.

 También se debería revisar las formas de financiamiento para las coaliciones y de ese modo evitar que se convierta en un negocio ese modo de participación.

Las formas de votación serían más claras y el recuento de los votos se facilitaría y hasta se lograría una mejor percepción de las verdaderas características de la representación de cada una de las expresiones políticas.

Se tiene que legislar para que los órganos autónomos, en este caso los electorales, se mantengan en los espacios que aseguren el cumplimiento de su imparcialidad y ello puede ser viable si son respetuosos en sus acciones de lo que establece la ley, de tal modo que, deberán evitar subordinarse al poder de los órganos gubernamentales, pero también deberán evitar alinearse como elementos de la oposición al gobierno democráticamente constituido. Con lo antes mencionado se sentarían las bases para lograr un mejor panorama de acción de las distintas instancias de lo que constituye el esencial esquema del sistema electoral.

    En el segundo gran bloque se encuentra la estructura institucional del gobierno, los órganos del estado y las formas organizativas de la sociedad en periodos no electorales.

En la primera parte, el camino para el acceso al poder, en lo electoral se tiene un buen trecho avanzado, aunque se tiene que reflexionar sobre los posibles cambios necesarios para corresponder con lo nuevo de la estructura de los partidos, sus formas de participación y la nueva geometría de diferenciación política al respecto. En este artículo solo realizaré comentarios de carácter general, en el segundo aspecto sí es necesario detenerse más, pues es uno de los aspectos en los que menos se ha profundizado en determinar qué es la estructura democrática más conveniente para gobernar, se debe optar por una estructura de democracia directa o por una democracia representativa. Se ha ensayado en distintas partes del mundo la forma de estructura gubernamental presidencialista y la de corte parlamentario. La primera es la más frecuente en América y la parlamentaria con sus variantes es más preferida en los países europeos.

El asunto es no quedarnos con los modelos que hasta ahora se han ensayado porque cada uno de ellos han mostrado muchas cosas positivas, pero de modo frecuente sus limitaciones, mismas que de manera regular son presentadas por los opositores a los gobiernos que en funciones aplican alguno de los modelos citados. En el esquema de análisis mencionado se ha mantenido la idea de que los esquemas de instituciones gubernamentales son simplemente inalterables de manera excluyente, se analizan las virtudes del presidencialismo y las del parlamentarismo de manera rígida; mi sugerencia es que para lograr una mayor democracia sería esencial en ambos casos introducir a la representatividad y al carácter participativo, el profundizar en eso con la necesidad de crear en lo ejecutivo órganos de deliberación que ayuden a generar participación efectiva en el acto de gobernar a los distintos niveles de gobierno en una sociedad, para que se permita la participación organizada y ordenada de los ciudadanos y su relación de participación en la naturaleza y alcance de las decisiones que les afecta de manera esencial.

Para lograr lo mencionado se tiene que consolidar lo que se ha venido impulsando como el proceso que debe garantizar la división de los poderes, el judicial el legislativo y el ejecutivo, se tiene que garantizar el respeto de sus correspondientes competencias, además se tiene que asegurar la calidad de sus acciones y para ello se deberá evitar que se legisle autorizando para un órgano que tiene funciones bien definidas constitucionalmente y en las leyes reglamentarias espacios que permitan legalmente la invasión de competencias de otro poder de la república, como ejemplo cito el hecho de evitar que se autorice para los legisladores recursos para realizar actos de gestoría que se han traducido en el origen de los famosos moches dando a los actos de acciones de políticas públicas una vinculación con la función de los legisladores para discutir y acordar el presupuesto del ámbito de gobierno que corresponden el ámbito municipal en el estatal y en el federal, con una medida así se puede cerrar el paso a acciones que pueden desencadenar actos de corrupción.

Desde luego, lo más importante será crear instancias institucionales deliberativas y de decisión para que se pudiera democratizar la toma de decisiones en los actos de gobierno de nuestro gobierno de la república, crear colegiados en los poderes ejecutivos de los distintos niveles de gobierno, para desde allí procesar los problemas y diseñar las políticas públicas y resolver los problemas de la sociedad mexicana con el objetivo de lograr pacificar el país, contener los problemas de salud pública y lograr un crecimiento económico más acelerado, así como conseguir una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos sin descuidar el imperativo de una mejor impartición de justicia, y lograr que los mexicanos puedan vivir dignamente con una mayor estabilidad y seguridad.

Lo planteado significa que en la estructura del gobierno de la república se tendrá que diseñar un órgano colegiado que agrupe a los ejecutivos de las entidades federativas y presidida por el ejecutivo federal, bajo una reglamentación que preserve la soberanía de los estados pero que permita la deliberación de los grandes retos del país, que posibilite la coordinación de las acciones de los gobiernos para la aplicación de las políticas públicas. En tal colegiado se debería establecer un criterio de mayorías de consenso y de mayorías calificadas para la toma de decisiones.

De igual manera se tendría que estructurar el colegiado que a nivel de entidades federativas agruparía a los ejecutivos municipales presididas por los correspondientes titulares de los ejecutivos estatales, en donde se reglamentaría su funcionamiento para coordinar las acciones de políticas públicas con el criterio del consenso y siempre preservando el respeto a las autonomías de los municipios.

Con una reforma del marco legal que estableciera una estructura como la descrita y una dinámica como la perfilada, seguro que México tendría una verdadera nueva forma de ejercer el gobierno y de lograr una mayor democracia representativa y participativa respecto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Respecto a los órganos autónomos lo que se haría es pedirles que respeten las normas establecidas y que no caigan en la tentación de accionar conductas de carácter sesgado que las ubican con facilidad en el ámbito de la sumisión ante el poder vigente y, en caso distinto, los alinea con las acciones de los que se plantean en contra del poder democrático constituido.

Así que, lo deseable es que los integrantes de esos órganos se ciñan celosamente a lo que en el ámbito de sus atribuciones marca la ley del estado mexicano.

Por esa vía se conseguirá poner orden en el funcionamiento de la sociedad mexicana y permitirá una consolidación de nuestra democracia, de ese modo lograremos avanzar en lograr la superación del problema de salud pública, de inseguridad y, de modo paulatino, nos pondremos en posibilidades de lograr un crecimiento económico significativo además de avanzar en lo que tiene que ver con la mejora de los niveles de vida de la mayoría de mexicanos.

Con una estructura de funcionamiento del gobierno mexicano como la descrita se podría evitar que los integrantes de las bandas crimínales aventajaran a las fuerzas del orden del gobierno, en cuanto a que ellos pueden actuar con ventaja cuidando que los delitos que ellos cometen se hagan en lugares y momentos que dificultan la acción de las fuerzas de seguridad del gobierno por aquello de las competencias de acuerdo al delito. Se podría con poca dificultad convenir que las fuerzas de seguridad del gobierno pudieran tener una acción circunstanciada, es decir que los integrantes de las fuerzas de seguridad puedan actuar para resolver los hechos sin limitación de las competencias, solo que en cuanto se haga presente la fuerza de seguridad competente las fuerzas de seguridad que tengan otras competencias cedan el mando a la fuerza correspondiente y sigan actuando, pero en calidad de colaboradoras. Con eso la acción de las fuerzas de seguridad del estado tendrían mayor efectividad, y hasta se podría evitar la frecuente colusión de algunas fuerzas de seguridad con los integrantes de la delincuencia organizada, ya no habría el pretexto de que no es de su competencia y que por ello no se actuó de acuerdo a la naturaleza de su encargo.

De igual modo se haría posible previo acuerdo en el órgano colegiado de coordinar esfuerzos para superar la pandemia, para lograr la reactivación de nuestra actividad económica, también se puede lograr muchas sinergias para superar problemas añejos del país, además posibilitaría una discusión ordenada y fructífera sobre lo que podría ser un federalismo consolidado y moderno, esa estructura nos potenciaría como una sociedad organizada y tendríamos un gobierno eficiente y eficaz, sería bueno hacerlo lo más pronto posible.   

 


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