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Opinión



Narcoterrorismo

Miércoles, Julio 1, 2020 - 20:20
 
 
   

El avance del estado fallido en México comenzó en la década de los ochentas cuando los gobiernos priístas pensaron que los incipientes cárteles de la droga podían cumplir dos funciones: alimentar los bolsillos de los políticos al permitir o asociarse a la exportación de diversas drogas a Estados Unidos, y utilizar a esos ejércitos privados para disciplinar a sus opositores, sobre todo, movimientos sociales. 40 años después las organizaciones criminales mexicanas se volvieron trasnacionales, con una presencia territorial importante en la Unión Americana y con una buena cantidad de recursos institucionales (gobiernos locales, probablemente jueces, policías, entre otros) en su bolsillo.

El atentado, con espectacularidad mediática incluida, al jefe de la policía de la Ciudad de México, es el último acontecimiento de muchos que iniciaron hace una década con perfil terrorista. El terrorismo normalmente se define como el uso de la violencia expansiva para provocar terror sobre todo en la sociedad civil, con propósitos políticos. De esta manera a las organizaciones como ETA, Hezbollah, o incluso en su momento el Congreso Nacional Africano de Mandela, que buscaban cambios políticos en sus territorios, fueron señalados como terroristas por sus métodos.

Pero el terrorismo dio un vuelco en los atentados de las torres gemelas de Nueva York y en la capacidad de ciertos grupos criminales que han entendido el principio del control territorial. En México cada vez observamos que tanto cárteles pequeños como los grandes tienen acciones de violencia extrema dirigida a disciplinar la obediencia civil, sea para sostener extorsiones o para disputar control de plazas. 

Un principio fundamental en la existencia del crimen organizado es la cooperación, por comisión u omisión, del régimen político en el que se desenvuelve. Podríamos decir que en nuestro país tenemos tres regímenes políticos, el régimen político municipal, el régimen político subnacional o estatal, y el régimen político nacional. Algunos cárteles pequeños, pero no menos violentos, como Guerreros Unidos (en el centro por los desaparecidos de Ayotzinapa), parecen tener el control de varios regímenes políticos municipales, controlan sus policías, probablemente financiaron la campaña de quien ostenta la primacía del Ayuntamiento, o incluso tienen personeros en áreas de obras públicas. En 2018 se asesinaron a más de cien candidatos a presidentes municipales en una suerte de elección previa que hicieron los grupos criminales para redefinir algunas boletas electorales.

En este sentido, acudimos hoy a un largo, gradual, progresivo y consistente avance del crimen organizado en México, siempre al amparo de la política, que le permite elevar su presencia a una dimensión terrorista como la que vimos la semana pasado en la capital de la república mexicana. El terrorismo no sólo tiene que ver con el uso sofisticado de la violencia, o con los objetivos de eliminar a un representante del Estado que ha estado molestando las operaciones criminales, sino sobre todo, avisar a la sociedad civil a través de las redes sociales y el control de la vía pública, que el poder hoy está y radica en los cárteles.

El gobierno de López Obrador ha sido discursivamente complaciente con el crimen organizado, pero operativamente ha decidido encarar al CJNG, la organización que ha superado en violencia a los zetas pero que también ha superado a los del cártel de Sinaloa en control territorial. El desafío al Estado está hecho. Las amenazas a ciertos funcionarios públicos que están en el primer nivel de operación contra el narcoterrorismo son públicas y ampliamente difundidas. La eficacia de Omar García Harfuch en sus golpes a los intereses de varios cárteles en la ciudad de México muestran que se puede construir una policía profesional, de investigación, eficaz y eficiente. 

En los últimos meses también el gobierno de Puebla ha asestado golpes importantes a los portadores de la violencia de gran impacto en el estado y en la zona metropolitana, al parecer, protegidos por el morenovallismo, incluso, responsables de la violencia del 1 de julio de 2018 en varias casillas de votación. Pero en el mar de la connivencia régimen político y crimen organizado, parecen casos muy excepcionales. 

La pregunta es si estamos a la puerta de una definición social y política para cerrar filas contra el narcoterrorismo, o si éste último seguirá expandiendo su poder territorial y psicológico aprovechando lo carcomido y dubitativo en que se ha convertido el estado en las últimas décadas. O caminamos a un narco-estado consolidado o se construye una verdadera política de estado con todas las familias políticas del país, con el sector privado, con la sociedad civil, con las iglesias, con los tres niveles de gobierno y con cooperación internacional, para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra sociedad.

Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla


Semblanza

Juan Luis Hernández Avendaño

Politólogo, profesor investigador de ciencias políticas de la Ibero Puebla

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