El factor Ardelio Vargas

Lunes, Junio 8, 2020 - 08:20

Periodista de tiempo completo. Trabajó en: Milenio, El Financiero, Correo de Guanajuato, El Popular de Puebla y AZ de Xalapa. Autor de la columna Acantilado, siempre cerca del lector que toma decisiones

Junio 22 de 2015. En el municipio de Motozintla, Chiapas, una menor de edad abordó un autobús de pasajeros que la llevaría a Tuxtla Gutiérrez para reunirse con su padre, pero agentes del Instituto Nacional de Migración la obligaron a bajarse en San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas.

Pensaron que era guatemalteca y le indicaron al chofer que continuara hacia su destino porque iba a ser entrevistada. En la estación migratoria determinaron que la niña de 17 años de edad podía continuar su viaje: le concedieron “el beneficio de la duda” al no poderse acreditar ni su nacionalidad mexicana, ni alguna extranjera; supuestamente le indicaron que se podía retirar o esperar en esa caseta el siguiente autobús; no obstante en un momento de descuido la adolescente abandonó esa estancia con rumbo desconocido.

Los agentes migratorios no tuvieron en cuenta que era una adolescente y que viajaba sin la compañía de un adulto. Ignoraron, pues, que en todo momento deben atender al interés superior de la adolescente, como lo marca el artículo 2 de la Ley de Migración y el artículo 169 del Reglamento de dicha ley el cual establece que “el interés superior de la niña, niño o adolescente deberá prevalecer para todas las decisiones relativas a su tratamiento por parte de la autoridad migratoria”.

Desde que salió de la estación migratoria, no se supo del paradero de la menor, por cuya desaparición se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Estatal y el 8 de septiembre de ese mismo 2015 se elevó a averiguación previa por la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la queja CNDH/5/2015/6852/Q, e hizo la recomendación 31/2017 a Ardelio Vargas Fosado, entonces Comisionado del Instituto Nacional de Migración y a Raciel López Salazar, quien era fiscal general de Chiapas.

Cinco años después de la desaparición de aquella adolescente en Chiapas, Vargas Fosado y López Salazar trabajan en el estado de Puebla. El primero como asesor en seguridad, el segundo como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.

La llegada de Raciel a Puebla es similar a lo que ya se vio en Chiapas donde tuvo como padrinos a Alejandro Gertz Manero, Manuel Mondragón y Kalb, Eugenio Imaz, Eduardo Medina Mora y Ardelio Vargas Fosado.

Este último, originario de la Sierra Norte de Puebla, tiene un poder que trasciende lo mismo a presidentes de la República que a gobernadores. A Vargas Fosado se le vio con Rafael Moreno Valle Rosas, con Antonio Gali Fayad y ahora con Luis Miguel Barbosa Huerta. Sus años dorados los vivió con Genaro García Luna durante la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Con García Luna, detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero del narcotráfico, Vargas Fosado fue delegado del Centro de Investigación y director de Investigación y de Seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), jefe del Estado Mayor y comisionado de la Policía Federal Preventiva.

Hasta ahora a Vargas Fosado no se le ha mencionado oficialmente en la investigación que se le sigue a García Luna en Estados Unidos, sin embargo, su nombre saltó de nueva cuenta la semana pasada en una investigación que hicieron periodistas de Organized Crime and Corruption, Reporting Project, MCCI, Quinto Elemento Lab y Rise Project.

La investigación da cuenta de una organización criminal originaria de Rumania, con ramificaciones en tres continentes, que saqueó unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México.

Autoridades de Estados Unidos, Rumania y México han identificado al empresario Florian Tudor “El Tiburón”, residente en Cancún, Quintana Roo, como el presunto líder de esta banda que inició operaciones en marzo de 2014, cuando a través de una empresa fachada de nombre Top Life Servicios, firmó un contrato con banco Multiva para instalar cajeros automáticos de la marca Intacash en centros turísticos, los cuales fueron utilizados para clonar tarjetas de los turistas y robarles su dinero.

Bien, de acuerdo con la investigación, la “forma migratoria con la identidad falsa había sido expedida cuando el delegado del INM en la Ciudad de México era Víctor Manuel Vargas Ramírez, un abogado que durante una década había trabajado en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública bajo las órdenes de Genaro García Luna, que fue arrestado en diciembre de 2019, acusado por el fiscal del distrito este de Nueva York de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.”

Entre 2013 y 2018, Vargas Ramírez fue el delegado de migración en la capital mexicana. A ese cargo llegó por invitación de su tío Ardelio Vargas Fosado, jefe del INM durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora asesor de seguridad del gobierno en el estado de Puebla.

 

Al margen

Marco Antonio Prósperi Calderón afirmó el viernes en un video que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla se han perdido 23 mil empleos durante la pandemia. El estado, agregó, es el sexto estado del país con más caída en el empleo.

@IsraelV_mx / israelvelazquez@gmail.com

*Director editorial de www.datamos.com.mx


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