Martes, 12 de Noviembre de 2019     |     Puebla.
Suscríbete


Opinión



El estado de excepción de la delincuencia organizada

Viernes, Noviembre 8, 2019 - 06:51
 
 
   

Los miembros de la sociedad ceden el poder individual que tienen, para formar un poder supremo

La razón esencial de la existencia de un Estado cualquiera que sea el tipo, responde a una forma de organización política y social de la sociedad para garantizar la vida como valor supremo, la convivencia social y resolver los conflictos de manera pacífica respetando el principio de legalidad para impartir justicia.

De esta forma, los miembros de la sociedad ceden el poder individual que tienen, para formar un poder supremo que se deposita en el Estado para que este a su vez, pueda crear un marco jurídico que permita la regulación de la conducta, el reconocimiento de derechos y obligaciones, en suma, garantizar una sana convivencia en sociedad para evitar su extinción.

Por lo anterior podemos entender entonces que el Estado existe porque la sociedad tácitamente lo acordó; sin embargo, es necesario decir que el Estado representa una estructura minoritaria si se compara con las diversas estructuras sociales que pueden emerger de la interacción social, en este sentido el Estado sería entonces una estructura social y política de entre otras formas de organización social y política de la sociedad, de la cual pueden emerger distintas relaciones de poder no solo entre estas estructuras sociales sino respecto del Estado.

Y es que si bien es cierto se ha concebido y dejado ver el poder supremo que el Estado tiene a través del uso de la fuerza o de lo establecido en los marcos jurídicos sobre la sociedad para regularla, las dinámicas de poder antiguas y evolucionadas de las estructuras sociales, han puesto en entredicho la efectividad del Estado, sus instituciones y leyes para continuar regulando la vida en sociedad.

La existencia de grupos de la delincuencia organizada en especial, ha llevado a la reflexión sobre los efectos nocivos que provocan en la sociedad y el papel que debe y puede asumir el Estado frente a ellos, estudiosos del derecho han puesto en el centro de atención y análisis una figura denominada Estado de Excepción, cuyas causas pueden ubicarse tanto en el plano de la legalidad como de la ilegalidad, pues pueden obedecer al reconocimiento en un marco jurídico formalmente establecido o bien sea impuesto este estado de excepción por el arbitrio de algún actor social o político..

Con base en evidencia empírica de estudios realizados en América Latina se ha demostrado que autoridades han establecido estados de excepción sin que se hubieran dado las condiciones legales para ello, no obstante, el común denominador de las Constituciones en esta región es que se relaciona con quienes tienen el poder del Estado y tienen las facultades legales para ello. El estado de excepción se configura como un instrumento de defensa del Estado y de quienes lo dirigen (Valadés, 1974).

El estado de excepción como herramienta de defensa del Estado, se establece cuando se da la necesidad de tomar medidas urgentes en situaciones de crisis. Esto hace que existan poderes extraordinarios frente a contextos excepcionales que conlleva a suspender el derecho vigente para la misma observancia del derecho como garante de la paz, convivencia y  estabilidad social..

Con esto, el poder ejecutivo adquiere un poder predominante respecto de los otros poderes (Salazar, 2013) e incluso a la suspensión temporal de los derechos de quienes están en ese territorio donde se encuentra ese estado, pagando justos por pecadores, bajo causales determinadas por la Ley Suprema.

Si bien es cierto existen causales legales para el estado de excepción, también hay una línea muy delgada sobre todo cuando el estado de excepción sea establecido como una medida autoritaria de quien detenta el poder, lo cual atenta contra cualquier sistema de gobierno que se diga democrático.

En nuestra Carta Magna en su artículo 29 establece que, en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de alguien que ponga en peligro o conflicto a la sociedad, se faculta al Presidente para suspender temporalmente en todo el país o en el lugar específico de que se trate, el ejercicio de derechos y garantías de los individuos a través de disposiciones generales, todo ello para la defensa del estado y cumplir con su razón de ser de garantizar la seguridad y la vida de la sociedad.

Los escenarios de nuestro país paulatinamente nos han dejado ver que, si ponemos atención en entender que las estructuras sociales que pueden gestarse y desarrollarse en la sociedad empiezan a superan en número a la estructura del Estado, entonces comprenderíamos sin justificar, que hoy tenemos estructuras sociales con poder de dominio que despuntan respecto de las capacidades del Estado en sus distintos niveles de gobierno para mantener el control legal y político de su territorio, instituciones y población, el orden y la paz, puesto que pareciera que los grupos delictivos, con poderes facticos de hecho, no de derecho son quienes asumen el control y la decisión de establecer contextos de violencia, conflicto y crisis, quedando en extrema vulnerabilidad la sociedad, pues finalmente se han ido fortaleciendo como actores con exceso de poder y por tanto capacidad de dominio sobre el territorio del Estado.

Ha llegado la hora de replantear el papel del Estado en 3  aspectos: su propia existencia para defenderse de sus enemigos ; su  conservación  para garantizar una economía para el bienestar social, una administración pública eficiente, honesta y transparente y ; su rediseño legal e institucional para que entienda y atienda acertadamente las nuevas dinámicas sociales y relaciones de poder, pero también necesitamos reflexionar seriamente respecto al origen, justificación,  legitimación, estructura, organización y competencia del estado,  donde  la sociedad es depositaria de un  poder soberano basado en la voluntad general de la  ciudadanía, incluso más que el propio Estado si se lo propone, pero este no puede usarse para su misma destrucción.

En suma, NO al Estado de Excepción en México con sustento en los poderes constituidos legalmente y menos impuesta por los poderes facticos, poderes de hecho, en manos de la delincuencia organizada, repensemos o hagamos conciencia de un nuevo pacto social fundado en la voluntad del pueblo.

nish76@hotmail.com


Semblanza

Nicéforo Rodríguez Gaytán

Militante comunista desde la Preparatoria Nocturna Benito Juárez de la UAP, en 1973, responsable de la Comisión Estudiantil, miembro de la Dirección del Seccional Universitario del PCM en la UAP, hasta su desaparición. Miembro de la brigada de avanzada a nivel nacional en la campaña presidencial de Valentín Campa. (1976) Líder estudiantil y dirigente del Frente de Estudiantes por el Socialismo (FEPS). Activista en   luchas campesinas, movimientos  populares y sindicales. Fue miembro activo del PSUM, PMS, PRS y PRD Nicéforo Rodríguez Gaytán, realizo sus estudios de nivel medio, superior y Posgrado  en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es Licenciado en Economía, Mtro, en Administración de Organizaciones  y con estudios concluidos de Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Economista y Politólogo, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con más de 25 años en la Docencia en el nivel de Licenciatura y Maestría en la BUAP y en Escuelas Incorporadas a la misma institución. Ha sido funcionario universitario en la administración general universitaria de la BUAP, desempeñándose como: Sub-director de Relaciones Laborales; Secretario Particular de Secretaria General. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se desempeñó como  Secretario Administrativo y Académico; Coordinador académico del Instituto de Investigaciones Jurídico Políticas; Coordinador de la Licenciatura y Maestría  en Ciencias Políticas de la cual, logro en su gestión el ingreso al PNPC del CONACYT. Ha impartido cursos de formación y  capacitación política con jóvenes universitarios, comentarista en programas de radio y promotor de la defensa de los derechos humanos. Ponente en eventos internacionales y docente en cursos de Economía, Ciencia Política, Teoría del Estado y Derechos Humanos. Pertenece a  una  generación de políticos  con una formación académica, en lo económico, político y social. Estudioso, analista  sobre la nueva realidad y procesos  políticos, la forma en que operan las prácticas políticas, las instituciones y el  sistema político mexicano.

Ver más +

Encuesta