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Opinión



Hacia una nueva Ley de Aguas Nacionales: nuevas reglas, viejas realidades

Domingo, Septiembre 22, 2019 - 18:50
 
 
   

Una y otra vez el interés por el agua se queda en los discursos de los gobernantes.

Se han iniciado ya los foros convocados por la Cámara de Diputados para que, en un ejercicio de parlamento abierto, se escuchen las  voces que pueden enriquecer las modificaciones que la actual Ley General de Aguas Nacionales requiere. En gobiernos anteriores y en el actual gobierno, en los planes de desarrollo sexenales se considera el tema del agua como de seguridad nacional. Sin embargo, en la cruda realidad del  presupuesto, vemos como una y otra vez el interés por el agua se queda en los discursos de los gobernantes, pero no se aterriza en los presupuestos ni federales, ni estatales ni municipales. De nada servirá una nueva ley si el estado mexicano en su conjunto no destina a las instituciones encargadas de la gestión del ciclo hidrológico un presupuesto poderoso y audaz.

 Como país llevamos años sin priorizar el tema del agua en el presupuesto. El agua no es una mercancía que deba dejarse al garete de las leyes del mercado. Aunque juega un papel en el mercado, su uso debe de estar bajo la rectoría del estado y no de las fuerzas del dinero. No quiere decir que no se puedan concesionar  servicios  o  aprovechamientos de diferentes maneras. Lo que no puede descuidarse es la fortaleza de las instituciones públicas que garanticen el manejo eficaz del agua,  apegado a la ley, ya sea por parte de los gobiernos, los municipios, el sector agrícola o las empresas. En México, aunque la rectoría del estado está plasmada en el papel, no está siendo tutelada en la realidad. Y no lo están porque los presupuestos destinados a este rubro no solo son bajos, sino que cada año lo son más. Cuando las instituciones se minan y debilitan en base al desinterés presupuestal, la ley se vuelve letra muerta.  Sin un presupuesto adecuado no habrá ley que valga y  el resultado será un territorio nacional cada vez más cercano al colapso de la disponibilidad hídrica, con alta contaminación en los cuerpos de agua y graves afectaciones a la salud por este tema. 

No soy optimista: habrá una nueva ley de aguas nacionales pero su aplicación será imposible por falta de presupuesto. Basta con ver lo presupuestado para el sector ambiental para el periodo 2020. El interés gubernamental no va por ahí. La prisa y urgencia de resultados visibles en grandes obras suele dejar a un lado el mediano y el largo plazo  que requieren las acciones para mejorar la gestión del agua. Priorizan mal, y malos serán los resultados en el tema. 

Son los tres niveles del estado mexicano los que están involucrados en la gestión del agua: el gobierno federal vía SEMARNAT,  CONAGUA, PROFEPA Y CONAFOR. Los gobiernos estatales, cada uno con las instituciones que a los gobernadores se les va ocurriendo fortalecer o disminuir, y por último,  los municipios,obligados por el artículo 115 constitucional a dar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento,  la mayoría en un estado de inanición  presupuestal, técnico y normativo que de verdad espanta.

Creo que el papel clave es el que ha sido el más descuidado:  el de los gobiernos de los estados, que en la ley actual tienen asignado el rol de ser bisagras y  articuladores  de la gestión del agua, hacia arriba, con la federación y hacia abajo con los municipios. En los estados en donde han tenido éxito en el manejo integral del agua, el rol de los gobiernos estatales ha sido jugado bien y a fondo. Un ejemplo es el de Nuevo León, un estado con poca disponibilidad de agua, que sin embargo logró institucionalizar su buen manejo desde hace muchos años.  

Cuando un gobierno estatal toma en serio el problema del agua y apuesta por instituciones del agua estatales fuertes, eficaces para  plantear proyectos  prioritarios , buenos para cabildear con la federación recursos, utilizando economías de escala por cuencas,  y que además trabaja y suma adecuadamente para fortalecer con  herramientas jurídicas y técnicas a los municipios rezagados, los problemas del agua y su adecuada gestión se resuelven mucho mejor.   

Está bien que se revise la actual Ley de Aguas Nacionales. Las sociedades no son estáticas, las leyes tampoco pueden serlo. Pero insisto en que si en la nueva ley no se apuntala con presupuestos obligatorios a las instituciones del sector ambiental de los tres niveles de gobierno, el resultado será que tendremos leyes novedosas, pero que quizás no se apliquen jamás.


Semblanza

Verónica Mastretta

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