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Opinión



DE PARTIDOS POLÍTICOS MAÑOSOS

Viernes, Febrero 3, 2017 - 20:31
 
 
   

Artículo 41 constitucional. La regulación electoral. Los partidos. Sus excesos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 fracción I, define a los partidos políticos de la siguiente forma: “Los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, (…).

Por lo que podemos conceptualizar a los partidos políticos como organizaciones de ciudadanos, de interés público; donde la mera precisión de que se trata de una colectividad de ciudadanos denota claramente que, conforme al texto constitucional, los partidos políticos no son entidades públicas, en el sentido clásico, pues no forman parte del Estado, aunque contribuyan a la integración de la representación nacional, mediante su intervención en las elecciones a través de las cuales se renuevan los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Es decir, los partidos políticos mexicanos funcionan como si fueran “puentes” que comunican dos elementos distantes: a los ciudadanos con el Estado, y que se consideran entidades de interés público debido a que hacen posible o facilitan que los ciudadanos participen en la vida democrática, integren la representación nacional y accedan al poder político. Son públicamente útiles en la medida en que persigan y alcancen tales fines y no a la inversa.

Es decir, un partido político es, por definición, una herramienta en manos de una clase social, fracción de clase, estrato o simple grupo con intereses económicos y políticos comunes, cuyo propósito central es la conquista del poder político.

La legislación mexicana, además, como podemos observar, define a los partidos, como organismos cuya existencia y actividad son de interés común, quienes basan su actuar en una declaración de principios y estatutos que pondrán en funcionamiento el programa de acción del partido de que se trate. En teoría, ambos documentos deben recoger los intereses legítimos de la sociedad en su conjunto (refractados obviamente por la óptica del partido) y no sólo los de la clase, sector o grupo fundador del mismo; y es esta definición positiva, la base en que se apoya y justifica el cuantiosísimo subsidio que les otorgan las arcas de la nación.

Sin embargo, ante la crisis económica y sobre todo ante la crisis de representación que en México se vive desde hace muchas décadas, y a que ante preguntas como: ¿Te sientes representado por algún partido político? ¿Alguno cumple tus expectativas? ¿Alguno de sus proyectos de nación cambiará la realidad de los mexicanos? La respuesta es que los mexicanos no nos sentimos representados por el sistema de partidos, por lo que cabría replantear en favor de abonar a la reestructuración del tejido social, la fórmula que hasta nuestros días se viene utilizando para asignar recursos económicos a los partidos políticos.

Dicho planteamiento, ha sido mañosamente presentado por algunos legisladores, ya que en el Congreso existen al menos nueve propuestas de la mayoría de los partidos, a fin de modificar los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

En la Cámara de Diputados se han presentado siete iniciativas del PRI, PRD, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y del Congreso de Jalisco. Y por su parte en el Senado hay dos iniciativas más del PAN-PRD y otra del PRI.

Las cuales grosso modo plantean: el PAN en la Cámara de Diputados, propone que el financiamiento se fije anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 35 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El diputado Agustín Basave, del PRD, propuso que el monto a partidos se defina a partir de la multiplicación del 65 por ciento del valor diario de la UMA vigente, y que la cantidad que resulte de restarle al número de ciudadanos inscritos en el listado nominal, utilizado en la elección de que se trate, el número total de votos blancos emitidos durante la elección de diputados inmediata anterior.

El Congreso de Jalisco propone que se considere la votación emitida en la elección inmediata anterior por el 65 por ciento de la UMA, lo que daría una reducción de 59 por ciento al monto actual que reciben los partidos con base en el número de ciudadanos en el padrón de votantes.

Senadores del PAN y PRD propusieron calcular el presupuesto a los partidos multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario mínimo, lo que sería ahora la UMA.

Y el único que planteó eliminar el financiamiento público a los partidos, fue Manuel Espino, diputado de Movimiento Ciudadano.

Pero a pesar de lo anterior, los partidos políticos, hábilmente, se resisten a discutir y votar las diversas propuestas de reducción del financiamiento público que reciben. Pues el análisis del tema está condicionado a una reforma político electoral integral.

Poniendo excusas para ello como: que no hay pacto alguno entre bancadas para incluir en la agenda legislativa el cambio de fórmula; o que, abordar el tema del financiamiento de los partidos políticos forzosamente llevaría a tocar el tema de la comunicación política, el cual es la finalidad principal de los partidos.

¡Pretextos irrisorios! con el único objetivo de que el tiempo los coloque en la imposibilidad de modificar cualquier ley electoral federal o estatal como lo señala el artículo 105 constitucional: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Ya que este periodo que abarca febrero-abril sería el último para abordar los temas electorales, antes del inicio del proceso presidencial, lo que los dejaría en posibilidad de seguir recibiendo más de 4 mil millones de pesos que nos representa a los mexicanos pagar el financiamiento público de éstas instituciones dizque de interés público.

[El autor es director general del Instituto de Ciencias Jurìdicas de Puebla, A. C.]


Semblanza

Germán Molina Carrillo

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

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