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Opinión



Simitrio: El derecho al revés/XLVI

Miércoles, Julio 27, 2016 - 15:23
 
 
   

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¿Qué son los reinos sin justicia sino grandes bandas de ladrones? San Agustín, Civitas Dei.

Parece haber llegado el tiempo –lástima que tenga que ser hasta ahora- en que pueda  examinarse puntualmente el significado de las palabras “aplicar la ley” con las que el gobernador Morenovalle justificó el inicio del inmoral golpe político contra la 28 de Octubre, materializado con el encarcelamiento de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”. Desde los primeros artículos de esta serie, expusimos los motivos de nuestra reprobación, profesional y política, de los argumentos esgrimidos en las resoluciones de autoridad y los mecanismos institucionales puestos en práctica, tan expeditos cuan obtusos, para lograr ese objetivo.

Los argumentos legales ideados en aquel tiempo –diciembre 2014- por las “brillantes” mentes titulares de la gobernación y la procuración de justicia, no sólo carecían de toda lógica jurídica sino, peor todavía, se asentaban en la determinación política de pasar por encima de lo que claramente, a la letra, establecían la Constitución de la República y las leyes locales con tal de impedir, al costo que fuese, que Simitrio alcanzara su libertad absoluta el día 11 de enero de 2015, tal como lo estipulaba el acuerdo administrativo de fecha 5 de abril de 2001, emitido por el titular del ejecutivo local que le concedía el beneficio de libertad preparatoria.

Al mirar esos argumentos (Ver, Simitrio: el derecho al revés/I, II, III, IV) plasmados en el informe de la directora de sanciones (Secretaría General de Gobierno), la solicitud de la agente del ministerio público y las resoluciones de las jueces quinto penal y de ejecución de sanciones; no podía uno menos que  asombrarse y preguntar ¿en qué se sostienen tales argumentos? ¿En un análisis científico? -¡no!; ¿En uno académico? -¡tampoco!; ¿En uno dogmático? -¡menos!; ¿En uno de tinterillo, oficinista, chupatintas, picapleitos? Quizá, puede ser, tal vez. Pero sobre todo, se han sostenido únicamente en la decisión política de someter o, en su defecto, intentar aniquilar a una organización social de la izquierda mediante el poco honorable método de encarcelar a su fundador e ideólogo sirviéndose para ello, de la manera más ruin, vergonzosa y mezquina, del manejo turbio de la institucionalidad fingiendo que así se gobierna. Bajo este infundio, sin deberla ni temerla, la prisión de Simitrio dura ya veinte meses. 

Próximamente, cuando la 28 de Octubre haga público el sentido de la resolución dictada por los jueces federales con relación al encarcelamiento de su líder, los poblanos podrán valorar en su justa dimensión la magnitud del atropello cometido en su contra, presentado mediática y socialmente como acto de gobierno respaldado y justificado bajo la simple expresión: “se aplicó la ley”. El mecanismo institucional –desde el principio lo calificamos como “…autoritario, no previsto en ley alguna, que priva de la libertad primero para hacer saber el motivo después, merece adjetivarse, nada más, como un inmoral y disparatado trámite judicial”- que dio por resultado poner en prisión a este hombre, de un día para otro, es reprobable ética, jurídica y políticamente; no por la eficiencia mostrada por las autoridades, sino, porque esa misma eficiencia no ha sido puesta en práctica ni encaminada al combate contra la delincuencia de todo tipo que azota a la entidad y que, merced a ello, ha crecido exponencialmente.

Esta dicotomía en la acción de gobierno puso al descubierto la abismal distancia existente entre gobernantes y gobernados en cuanto posibilidad de lograr el movimiento de la maquinaria estatal; unos para “gobernar”; otros en reclamo de justicia en asuntos de toda índole. Mientras el que manda (a los hombres que dirigen) las instituciones, hace cumplir su voluntad de un día para otro; los ciudadanos que acuden a esas mismas instituciones deben esperar meses, años, o hasta desistir o quedar en el camino, buscándola. Los múltiples atropellos que los poblanos hemos sufrido durante esta administración han sido encubiertos bajo el velo de esta cantaleta. Aplicar la ley se convirtió en argumento favorito y privilegiado para perseguir y encarcelar inconformes y disidentes; negar la existencia de los presos políticos; despedir burócratas; linchar reclamos sociales, desfondar intentos de organización opositora, entre otros; pero especialmente el énfasis ha sido puesto -considerando la duración del conflicto- en la persecución y satanización social de la 28 de Octubre, su dirigencia y el Mercado Hidalgo. Acusarlos de “violar la ley” es cortina de humo para encubrir la inmovilidad institucional frente al delito.

Esa perversión de “aplicar la ley” tiene como resultado que la entidad se encuentre sumida en una profunda crisis moral derivada, por una parte, de la enorme división económica y social de la población en un centro y su periferia en dos planos: la capital diferenciada del resto de los municipios y el Centro Histórico-Angelópolis respecto de las demás colonias; y, por otra, porque con horror los poblanos estamos viendo que toda la obra construida, dejando de lado su real o fallida utilidad social, está quedando adornada pésimamente con los más altos índices de delincuencia atroz que nos enfilan, debido a esa inmovilidad, hacia la degradación moral como sociedad.

El gobernador electo parece estar dispuesto a recibir esta herencia sin establecer cláusula a beneficio de inventario en la medida que no hace deslinde con la actual administración, con el riesgo (¿pactado?) de quedar como simple encargado de despacho. La resistencia en la lucha desarrollada por la 28 de Octubre en defensa de sus presos y perseguidos, su organización y sus derechos constitucionales a la asociación pacífica y al trabajo digno, contribuirá a corroborar lo que otros presos políticos ya demostraron: tras la vacía frase “aplicar la ley” hay un gobierno autoritario y represor.


Semblanza

Samuel Porras Rugerio

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