Sábado, 24 de Agosto de 2019     |     Puebla.
Suscríbete


Opinión



Simitrio: El derecho al revés/XLV

Sábado, Julio 16, 2016 - 13:30
 
 
   

.

Un pestilente olor a excremento añejo que se desprende del retrete y las cañerías abiertas que forman parte del patio del dormitorio Z, acompaña la convalecencia de Simitrio y su hijo Rubén luego de sendas intervenciones quirúrgicas. Por más que nosotros digamos que tal situación atenta contra la recuperación de la salud, que los médicos desaprueban esta circunstancia y que el sentido común (no apelamos al humanitario porque esta administración ha demostrado carecer de él) la rechaza; los funcionarios menores de la Secretaría de Gobierno sostienen que no; que se trata de reos considerados peligrosos y que ahí tienen que estar. El lema gubernamental parece ser: “todo con la fuerza, nada con el derecho y la razón”.

Que hayamos tomado la decisión de utilizar la expresión “el derecho al revés” que sigue al nombre de Simitrio, como título para esta narración, tiene un sentido específico: evidenciar el autoritarismo en el ejercicio de un gobierno que ignora la ley y privilegia la consigna, abusando del poder que brinda el manejo del aparato burocrático del Estado. En los conflictos jurídicos en que se ha involucrado a  dirigentes y militantes de la 28 de Octubre, presos y procesados, no estamos ante un problema de interpretación de la ley puesto que el gobernador Plutarco Elías Morenovalle dijo lacónicamente, sobre el encarcelamiento de aquél, que “se aplicó la ley”; es decir, aludió a la forma jurídica “ley” pero no al contenido de la ley concreta que se habría “aplicado”, lo que lógicamente impide saber de qué ley se habla y de qué se trata.

Si acaso se pensara que sostener lo anterior equivale a construir molinos de viento como adversarios para luchar en su contra, o que por su investidura el gobernador no tendría que entrar a tales detalles, o que se trata de una expresión genérica usual en el discurso de los políticos, o que los detalles de la aplicación de la ley constituyen el objeto de los litigios por ventilar, y hasta la posible creencia de que estamos tratando de “litigar” el asunto en medios (¡chin! espero que estas sean todas las posibilidades) diremos dos cosas. Una, el control político de la acusación que se ejerce a través del ministerio público, la tiene el titular del poder ejecutivo. Es en este nivel donde se toman las decisiones trascendentes para determinar a quién se acusa de delito y, también, a quién no. En esta facultad encuentran clara explicación los casos de impunidad grotesca que en estos tiempos conmueven a los poblanos. (Claro, en el otro nivel, a los mexicanos). Dos, la ejecución –o sea, la puesta en práctica- de tales decisiones corresponde a cuestiones operativas, de instrumentación, propias de la gobernación y la procuración de justicia.

Si al darse cumplimiento a una decisión de gobierno, la actuación política o ministerial resulta eficiente o defectuosa, si el decisor conoció los pormenores de la ejecución, o no, si les dio el visto bueno, o no, son cuestiones que no le eximen de la responsabilidad política que emana de tales acciones. La decisión de acusar penalmente a los dirigentes de los ambulantes de la 28 de Octubre fue, sin lugar a dudas, una decisión del más alto nivel en el estado. Los motivos políticamente reales tenidos en cuenta para hacerlo son decisiones de poder político a las que, como ciudadanos de a pie, no tenemos acceso. El cumplimiento de tal decisión mediante la apertura de una variedad de expedientes en cuyo diseño y confección han participado la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia como artífices, y los jueces como simuladores de legalidad y, hasta ahora, cómplices de una falaz acusación, es lo que ha dado materia prima para la elaboración de esta narración.

Un mediano seguimiento de los pormenores del asunto, con transcripción literal de las resoluciones de autoridad y la parte medular de nuestros argumentos esgrimidos en los procedimientos ante los jueces, puede acreditar fehacientemente que no ha sido nuestra meta o deseo “litigar” en los medios; sino mostrar la manera en que el tipo de discusión, como la descrita al inicio, es la pauta argumental que fija la autoridad para respaldar sus actos de poder. Cabe  recordar que ha sido la 28 de Octubre la que ha propuesto el debate social abierto, respondiendo a boletines de prensa de la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la declaración de algún diputado del PRD, para discutir con argumentos de derecho los motivos del conflicto. Nadie ha respondido.      

Si a pesar de todo, el gobierno se propone destruir una familia, una organización social, un modo de defender el derecho al trabajo y de ganarse la vida honradamente sólo porque esa familia y esa organización no se subordinan a sus designios políticos, y, cuando, frente a todos los argumentos y razones que se le exponen, tiene oídos sordos y responde mediante consignas políticas y más persecución, entonces es necesario que la sociedad preste atención y escuche el testimonio, profundamente humano, de quienes están viviendo en carne propia la tragedia que significa esta inmoral pretensión de avasallamiento colmado de fuerza pero carente de razón.

¿Bajo qué institucionalidad política y jurídica puede tan siquiera concebirse que una juez penal “revoque” el acto administrativo que un gobernador ha dictado en ejercicio de sus funciones? ¿Qué orden jurídico permite a la autoridad reimponer penas, de sentencias ya cumplidas? ¿Dónde la Constitución de la República permite la aplicación retroactiva de las leyes o la desobediencia de sus artículos transitorios? ¿Qué ley faculta al ministerio público para pervertir su fe pública y adentrarse en las tareas de armar averiguaciones, fabricar delitos e inculpar inocentes? ¿Qué debido proceso aconseja poner a las personas en prisión, primero, para hacerle saber los motivos de su encierro después? ¿Qué lógica de justicia hay en encarcelar a un hombre acusándolo de intento de homicidio con arma de fuego, dejando libres a quienes se les incautan las armas? Las respuestas que se den a estas preguntas constituyen, exactamente y ni más ni menos, los motivos que el gobierno poblano tiene para mantener en prisión a Simitrio, sus hijos y Fernando Alonso, procesados a su esposa, nuera, Sergio León y Silverio Montes. Esto es el derecho ¿derecho? ¿O es, el derecho al revés?


Semblanza

Samuel Porras Rugerio

Ver más +

Encuesta