SNTE 23 se opone a castigar con cárcel el acoso escolar

La sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó la propuesta de sancionar con cárcel y multa a quienes ejerzan acoso escolar o sean omisos ante los casos, con el argumento de que se criminaliza y estigmatiza a las partes, cuando debería considerarse el asunto desde una perspectiva formativa.

El pasado 8 de julio, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Zapata Martínez, propuso una reforma para castigar el acoso escolar con cuatro años de prisión y una multa de hasta 40 mil 110 pesos.

Tras esta propuesta, la agrupación sindical liderada por Alejandro Ariza Alonzo, opinó que el planteamiento tiene como propósito criminalizar a los trabajadores de la educación y por ello manifiestan su “rotundo rechazo”.

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En un escrito dirigido al presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que contrariamente a la propuesta de la diputada, en la Constitución se propuso la revalorización de "las maestras y los maestros al señalarlos como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoció su contribución a la transformación social”.

Mientras que en la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros se establece que se deben "revalorizar a las maestras y a los maestros respetando sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables".

La organización sindical también señaló que es obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) capacitar a los profesores en la identificación y prevención de conflictos escolares. Además, existen ordenamientos para atender, así como sancionar hechos de violencia, maltrato y acoso.

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El SNTE aseguró que en la propuesta se estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes, empleado el término "acosador" al referirse a los menores con conductas impropias, contraviniendo normativas previstas en los tratados internacionales, siendo contradictoria la postura de las legisladoras, cuando su deber es privilegiar el interés superior de la niñez.

La organización sindical indicó que la legisladora se confunde al utilizar de la misma forma términos como bullying, acoso escolar y maltrato escolar.

“Los trabajadores de la educación no estamos en contra de que se expidan nuevos documentos, medidas o procedimientos que favorezcan la erradicación del acoso escolar en las escuelas, al contrario, todos los días trabajamos para que se generen entornos escolares seguros y libres de violencia”, acotaron.

Luego del regreso a actividades escolares de manera presencial, diversos casos de acoso escolar fueron relevados en redes sociales y medios de comunicación. Desde peleas en escuelas como La Salle, el Instituto Oriente de Puebla y el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla.

En junio de este año e-consulta dio a conocer que la SEP sólo tiene registradas tres denuncias por agresiones escolares desde que inició la actual gestión estatal y hasta el 27 de mayo de este año y en ningún caso hubo una sanción.