Comisionados ciudadanos ven daños en Sistema Anticorrupción

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Los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, criticaron las formas empleadas para remover al titular de la Auditoría Superior el Estado (ASE), Francisco Romero Serrano y para la selección de las personas designados para ocupar las tres magistraturas de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

“Se perdió una buena oportunidad para tener perfiles distintos a los que finalmente se establecieron (en el TJA). Hablamos de una de las instituciones que fueron creadas con el SEA y que podría dotarse de legitimidad, sobre todo con la reforma con la que se generó la Sala Especializada”, señaló el doctor José Alejandro Guillén.

Los comisionados del CEPC manifestaron que a pesar de los altibajos y la falta de secretario técnico y de dos comisionados ciudadanos, así como el encarcelamiento sin sentencia de Francisco Romero, el Sistema Estatal Anticorrupción avanza.

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“A diferencia de Veracruz, en Puebla con las pláticas que hemos tenido, el gobierno ha dicho que el sistema va porque Barbosa fue parte de los que aprobaron el SEA cuando fue senador”, defendió Alejandro Guillén.

Destitución de Romero Serrano daña a la ASE

Entrevistados durante el programa Ante La Corte, los comisionados coincidieron en que las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de Puebla en materia de fiscalización, enviadas por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, tienen un “vicio de origen” por tener la finalidad específica de concretar la destitución de Francisco Romero Serrano.

“Cuando hay estas reformas en donde hay dedicatoria, el proceso legislativo y la creación de disposiciones legales tienen vicios de origen. No discutiré si hay o no fundamento en las acusaciones. Quiero decir que ha sido muy desafortunada la forma como llegó ( el auditor) y la forma como lo están sacando. Nadie está tomando en cuenta el daño que le hacen a la institución que es la ASE”, dijo el doctor en Finanzas, Francisco Mariscal Magdaleno, presidente del CEPC.

Con la llegada de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla a finales de 2021, el mandatario local de Morena envió las primeras iniciativas de reforma para modificar los requisitos para ocupar la titularidad de la ASE. Además, como parte del SEA, creó la Sala Especializada del TJA para determinar la gravedad de las faltas que pueden ser causa de remoción de funcionarios.

La guillotina contra Francisco Romero Serrano se materializó en febrero de este año cuando tres diputados locales, Eduardo Castillo López, Azucena Rosas Tapia y Roberto Solís Valles, solicitaron a la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, iniciar el proceso de remoción por las denuncias de violencia familiar que pesan en contra del aún auditor.

“La ASE es el órgano que el Congreso nombra para que revise la cuenta pública y revise los ayuntamientos; son los ojos del poder público más ciudadano del Poder Legislativo. Nos representa a nosotros, pero ellos nombran a quienes cuidan el patrimonio público y si se tiene esa institución con esa doble responsabilidad ante la ciudadanía y gobierno ¿cómo es posible que haya un nombramiento tan cuestionado cuando en Puebla hay contadores brillantes?”, expresó Mariscal Magdaleno.

Para el presidente del CEPC, la llegada y la salida de Romero Serrano son un proceso cuestionable pues deja inestabilidad en el órgano fiscalizador del estado y no habrá certeza en su destitución con la llegada de magistrados que no garantizan legitimidad para la determinación de las faltas graves.

Ven riesgos en el TJA

Por su parte, el comisionado y doctor en Ciencias de Gobierno y Política, José Alejandro Guillén consideró que los perfiles enviados por el mandatario local entre ellos, Claudette Hanan Zehenny; el ex morenovallista Edgar Sánchez Farfán y a la ex secretaria de Administración, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, para ocupar la Sala Especializada, son riesgosos y no garantizan la legitimidad del trabajo en el TJA.

“Se perdió una buena oportunidad para tener perfiles distintos a los que finalmente se establecieron. Hablamos de una de las instituciones que fueron creadas con el SEA y que podría dotarse de legitimidad sobre todo con la reforma con la que se generó la Sala Especializada. Se corren estos riesgos y con ellos van a trabajar”, dijo.

Pese a los señalamientos de posible corrupción en contratos cuando Urtuzuástegui Carrillo estuvo al frente de la Secretaría de Administración, el gobernador Barbosa la premió con una magistratura de 12 años en la Sala Especializada del TJA, órgano de nueva creación que se encargará de sancionar actos de corrupción.

“La Ley General emite una prescripción de siete años para faltas graves, a partir de los nombramientos, explicó la licenciada en Derecho, Eira Zago Castro.

Con las reformas, los personajes que fueron seleccionados para ocupar la Sala Especializada, estarían exentos de ser cuestionados por faltas graves, aunque su gestión como funcionarios públicos haya tenido irregularidades. Sin embargo, pese a los nombramientos de Miguel Barbosa, los comisionados exigirán que se apeguen al Sistema Estatal Anticorrupción.

“Ahorita no hay quien ocupe el puesto dentro del Comité Coordinador del TJA porque se acaban de nombrar a los tres magistrados de la Sala Especializada y por disposición legal, quien debe ocupar un lugar en el comité es uno representante lo que es un acierto legislativo”, aseguró Eira Zago.

SEA mantiene estabilidad

Aunque el SEA mantiene la vacante de la Secretaría Técnica tras la salida de Claudette Hanan Zehenny, los integrantes del CEPC consideran que no corre riesgo el funcionamiento del órgano de gobierno pues hay disposición del Gobierno del Estado para mantener el trabajo.

El proceso de selección que realizó el CEPC para buscar un nuevo secretario técnico fue cuestionado por la falta de transparencia, el comité logró presentar una terna final de los aspirantes que cumplían con los requisitos, pero fueron rechazados sin fundamentos.

“Más allá de si se ha nombrado o no un secretario técnico, nosotros en su momento cumplimos con presentar la terna y no lo considero un fracaso y nosotros sacamos el proceso el órgano de gobierno no la aceptó no ha dado la respuesta y aunque no tienen la facultad de rechazar la terna”, aseguró el comisionado presidente.

Francisco Mariscal detalló que el proceso para la selección fue conforme a la ley y respetando los requisitos necesarios, sin embargo, el órgano de gobierno no fundamentó el rechazo de la terna.

Mientras tanto el órgano sigue funcionando con el trabajo de la encargada de despacho, Jeannette Bustamante Aldama, quien gestiona la plataforma digital que fue la primera de provincia en unirse con la plataforma nacional del SEA y que conoce el funcionamiento de la estructura.

CEPC no desaparecerá en Puebla

Aunque en Veracruz, la secretaria de la Función Pública logró desaparecer el CEPC de ese estado, los comisionados confían en que hay voluntad en Puebla para mantener el trabajo del comité. Para la comisionada Eira Zago, aún se desconocen en su mayoría la ley y la estructura que rigen al CEPC, pero hasta el momento no hay riesgos para que el SEA tome la iniciativa de disolver la organización ciudadana.

“Yo creo que hay un análisis del sistema. Parece difícil comprender la estructura y su organización. La mayoría de las leyes son similares a la nacional, hay causales específicas para que los comisionados o integrantes del CEPC puedan separarlos del cargo y hay un amplio desconocimiento de la ley de, cuáles son las competencias del comité coordinador y del órgano de gobierno”, explicó.

Aún hay dos lugares vacíos en el comité tras la salida del María del Carmen Leyva Báthory en 2021 y Daniel Alejandro Valdéz Amaro en 2020, la convocatoria para nombrar a la comisión de selección ha sido pospuesta por la Junta de Gobernación y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla desde la LX Legislatura pasada.

Pese a los desencuentros que han tenido con el mandatario local por el recorte salarial y los señalamientos sobre su afinidad con el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, los comisionados aseguraron que han limado asperezas y han recuperado su pago mensual de 80 mil pesos y con lo que se solventa el gasto operacional del comité.

Aunque mantienen un lugar en desventaja ante el Comité Coordinador del SEA por ser seis votos contra uno del CEPC, los comisionados seguirán trabajando para defender su participación y funciones de representación ciudadana.

“La coordinación del SEA compete a los dos colegiados, al comité coordinador del órgano de gobierno y quien preside el CEPC, que es a su vez el presidente del comité. El score se mantiene seis contra uno porque no hemos llegado a hacer entender a los operadores gubernamentales del sistema que están en el SEA. Este sistema no es para oponerse al gobierno sino para cuidar lo que en las leyes orgánicas se impongan ante las instituciones y tomar la responsabilidad que la constitución da a los ciudadanos”, aseguró Francisco Mariscal.