La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró a Mario Aburto Martínez víctima de tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso penal, actos que en su momento autoridades tuvieron conocimiento y omitieron, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR volver a investigar el caso.

Mario Aburto ha permanecido más de 27 años en prisión por el supuesto asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia, luego de su detención en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994.

De acuerdo con un comunicado, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde su captura ha denunciado actos de tortura en su contra, y que incluso existe una investigación en la FGR por dichos hechos.

Luego de una investigación, la CNDH determinó que las autoridades que intervinieron tanto en la detención, las primeras diligencias ministeriales y su traslado a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 1 incurrieron en actos de tortura en su contra, hechos que fueron ocultados por los médicos.

Asimismo, personal médico y custodios de dicha prisión incurrieron en actos de tortura y han mantenido a la víctima en cárceles lejanas al lugar en donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

De igual forma, localizaron una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y fue realizada sin autorización de Aburto, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal.

Con toda esta información la CNDH instruyó a la FGR realizar una investigación sobre el caso Colosio, añadiendo estas nuevas diligencias, considerando las múltiples omisiones, y acciones del pasado.

Además, llamó al Estado Mexicano a responder por sus actos, no sólo reconociendo y reparando el daño, sino mediante acciones y políticas que eviten que este tipo de hechos vuelvan a suceder, con el fin de terminar con la impunidad y justicia en el país.

Por lo cual, solicitaron a la FGR reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares; inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas, otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva en contra de los servidores públicos involucrados.

Finalmente, señalaron que enviarán su recomendación a la Cámara de Diputados para que sea anexada a la investigación que realizó la Comisión de la Verdad, para esclarecer los hechos.