La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó haber hecho “públicos datos propios de la indagatoria" contra 31 científicos que estaban adscritos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), acusados por la FGR de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso indebido de recursos, peculado y uso ilícito de atribuciones.

En un comunicado, la FGR sostuvo que el Ministerio Público de la Federación “ha cuidado y cuidará el debido proceso en este y todos los casos en los que interviene”, y que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “no existe reserva alguna en la información sobre posibles hechos de corrupción”.

La CNDH dio a conocer el contenido de un oficio girado a la FGR por el que solicita medidas cautelares a favor de los 31 científicos contra los que la institución pretende emprender un proceso judicial por delincuencia organizada, entre otros delitos.

Destacó que el 15 de octubre recibió un escrito de queja por parte de miembros de la comunidad científica mexicana en el que “expusieron violaciones a sus derechos humanos atribuibles a servidores adscritos a la FGR” y al Conacyt, y  pidieron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, girar instrucciones para que los agentes del Ministerio Público adscritos al caso “se abstengan de exponer a la opinión pública las actuaciones que sólo deba conocer la autoridad ministerial; evitar dar a conocer públicamente nombre de personas a quienes no se les impute ningún delito; se abstengan de llevar a cabo actuaciones e información  que comprometa el debido proceso; eviten dar a conocer información que perjudique la dignidad y el honor de las personas quejosas, y se otorgue a los agraviados, en su calidad de imputados, el acceso a la carpeta de investigación, facilitando los datos que requieran para su defensa”, de acuerdo con una información de la agencia Proceso.