Patricia Ponce, quien labora como policía para el ayuntamiento de San Andrés Cholula, acusó a sus superiores de negarle el servicio médico, por una supuesta orden del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Hugo Morales González; a pesar de que un diagnóstico médico, indica que sufre una hernia lumbar que requiere operación, para la cual le negaron la solicitud.

A decir de la trabajadora, fue este miércoles 18 de agosto cuando se presentó en el Complejo de Seguridad Pública en donde la recibió el médico Armando Medina, quien le dijo que tenía indicaciones para no consultarla, por lo que la envió con la parte médica del DIF.

Al llegar a esta dependencia la doctora Araceli Teyssier le realizó una valoración en la que se detectó que tenía opresión en el nervio ciático, por lo que la coordinadora de Salud, doctora Edith Hernández Tiradola ordenó que se le enviara a urgencias para su atención, sin embargo, poco después le retiró el pase para urgencias y le dijo que solo podían recetarle unas pastillas para el dolor.la coordinadora de Salud

El argumento de la doctora fue que no podían atenderla en este lugar y que lo correcto era que fuera al Complejo de Seguridad donde debía recibir la atención médica, de tal forma que Patricia Ponce se trasladó de nuevo a este espacio en donde se le hizo saber que no se le brindaría mayor atención médica, pese a que el servicio médico forma parte de sus prestaciones.

La afectada expuso que esta no es la primera vez en la que le niegan el servicio, pues ya el 15 de diciembre se le había recetado la cirugía de la hernia lumbar a la altura del hueso sacro, pero la coordinadora de Salud del DIF de San Andrés Cholula le explicó que no había recursos para pagar su cirugía.

Dijo que el rechazó hacía su persona se relaciona con conflictos que surgieron en el año 2020, cuando ella se desempeñaba como auxiliar del área de Educación Vial y fue captada a través de unas fotografías hablando con el morenista Adán Xicale, pues se le tachó de traicionar el gobierno de Pérez Popoca, desde ese momento la retiraron del cargo que tenía y se quedó como policía.

Previo a esto también platicó que hubo un conflicto con sus superiores en Seguridad Pública luego de que el regidor de Gobernación, Israel Mino Vicens le solicitó su currículum, debido a que demostró tener aptitudes para dar ciertos talleres, situación que molestó a su jefe inmediato de ese momento quien la cuestionó por intentar ascender en su empleo sin tomar en cuenta al secretario de Seguridad.

De tal forma que el pasado 25 de junio del 2021 se le pidió asistir a Capital Humano donde, bajo el argumento del poco presupuesto se le pidió que presentara su renuncia voluntaria, pero ella se negó aclarando que sí ya no requerían de sus servicios la despidieran y le dieran su liquidación conforme a la ley por los 8 años que lleva trabajando para el ayuntamiento sanandreseño.

Al no presentar su renuncia, el pasado 11 de agosto del 2021 el jurídico Eleazar Carrillo Camacho le hizo entrega de un oficio de reinstalación y le dijo que todo había sido un malentendido y que ella podía seguir trabajando sin problema, además de que se le depositarían los sueldos caídos entre junio y agosto, por ello este 18 de agosto solicitó su servicio médico, pero se lo negaron.

Por esto solicitó a las autoridades correspondientes que respeten sus derechos laborales y humanos, ya que consideró poco ético que le fuera negado el servicio médico a pesar de la gravedad de su lesión, además de que la obligan a cumplir turnos de 24 por 24 horas, pese a que su prescripción médica pide que no pase muchas horas de pie.