María Juliana Hernández Moreno tiene 59 años y, el último mes, junto con su esposo, ha sido parte del plantón en el Congreso de Puebla para exigir que legisladores aprueben la ley en la materia, pues su hijo fue raptado hace más de dos años y no saben nada de él.

Debajo de una carpa de lonas impresas con los rastros de víctimas, María Juliana narra que las últimas semanas han sido muy difíciles porque en el plantón padecen la lluvia, el frío y además el constante temor de que les puedan hacer algo.

En entrevista señaló que han enfrentado estos problemas por un bien mayor, que es tener una ley que sirva como mecanismo para encontrar a su hijo que no ha sido localizado ni hay indicios de él.

Jorge Ramírez Hernández fue visto por última vez cuando tenía 33 años, mientras estaba en su local en Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo. Cuatro hombres llegaron al lugar, agarraron la “morralla" del día y le advirtieron que eran narcotraficantes.

Un testigo mencionó que Jorge ofreció a los delincuentes su camioneta y su dinero, pero respondieron que no deseaban nada de eso, sino que iban por él.

Para sumarse al plantón y exigir la Ley en Materia de Personas Desaparecidas, Hernández Moreno dejó su negocio, un club de nutrición que le ayuda a sostener su hogar.

Fiscalía pide recursos

La Fiscalía General del Estado (FGE), al igual que los familiares de las víctimas, solicitaron en mesas de trabajo que se destinen recursos económicos a lo que contempla la ley, como el fondo de búsqueda de personas, el registro de fosas y el de restos oseas, declaró la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Estefanía Rodríguez Sandoval.

De acuerdo con la legisladora, la propia fiscalía advirtió que si no se destinan recursos la ley será “letra muerta", como otras normas que existen.

La iniciativa de ley se presentó desde hace más de un año en el Congreso local y fue elaborada en conjunto por el colectivo La voz de los desaparecidos y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Rodríguez Sandoval relató que en los últimos días hubo debates sobre los términos utilizados en la ley, entre la FGE y la Comisión de Derechos Humanos (CDH), pero no se han generado acuerdos sobre la participación de los familiares de las víctimas.

Los legisladores siguen comparando la iniciativa planteada por familiares de víctimas con la del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, la cual apenas ingresó en el Congreso formalmente este lunes, y se envió a la Comisión de Derechos Humanos y a la de Procuración y Administración de Justicia.

Este 16 de agosto se tenía prevista la primera y única reunión entre los integrantes de La Voz de los Desaparecidos y legisladores para dar su opinión sobre la ley, aunque desde hace días solicitaron estar en todas las mesas de trabajo.

En desplegados difundidos por separado, colectivos, académicos y asociaciones, entre ellos el IDHIE, demandaron al poder Legislativo que le ley contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.