La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF confirmó que la presidenta municipal de PueblaClaudia Rivera Vivanco, utilizó los recursos públicos para fines electorales, hizo una promoción personalizada y llevó a cabo actos anticipados de precampaña.

Durante la sesión se consideró infundado el argumento de la alcaldesa respecto a que no hubo un consentimiento de su parte para la difusión de una entrevista en las redes sociales del ayuntamiento, pues sus declaraciones no son suficientes para determinar un deslinde.

La entrevista a la presidenta municipal no se podía considerar un ejercicio libre de periodismo pues fue realizada por un medio de comunicación del propio ayuntamiento, señaló el tribunal.

Los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también calificaron como inoperantes los señalamientos respecto al tiempo en el cual la entrevista estuvo en las redes sociales al considerar que la sanción no fue por el periodo de permanencia sino por acreditarse la promoción personalizada y el uso indebido de los recursos del ayuntamiento.

Las autoridades federales indicaron que las declaraciones hechas por Rivera Vivanco sí representan un llamado a los ciudadanos a respaldarla de cara al proceso electoral en el cual participó para la reelección.

En días previos, el ayuntamiento de Puebla dio a conocer que en todos los procesos legales electorales en los cuales está involucrada Claudia Rivera serán llevados hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el argumento de que la alcaldesa enfrentó una guerra jurídica en su contra por diferentes actores.

Ordenan al TEEP investigar cómo se eligen a las autoridades en Santa María Zacatepec

La Sala Regional Ciudad de México pidió al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que investigue si Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C Bonilla, tiene un historial respecto a la forma de elegir sus autoridades.

Lo anterior luego de que pobladores recurrieran al TEEP para pedir que ya no se reconociera a la presidencia auxiliar y en su lugar se le diera la representación a un consejo mayor, las autoridades locales se negaron a la petición.

Al respecto, la Sala Regional consideró que eran parcialmente fundados los argumentos de los ciudadanos, sin embargo, como los servidores públicos fueron elegidos de manera oficial a través de un plebiscito no se podían quitar, pero sí se podría investigar los procesos anteriores para verificar cuál es el método utilizado y que estos tuvieran efectos en el futuro.