“Mi gobierno nunca hará ninguna vigilancia, espionaje, ni seguimiento en materia política”, presumió el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el escándalo nacional por la vigilancia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante el software Pegasus.

Pero el mandatario poblano omitió informar que su administración destinó más de 19.8 millones de pesos a la compra de equipos y capacitaciones para Geomatrix, un programa de vigilancia israelí que en México se utiliza para intervenir celulares y mensajes.

La organización Forbidden Stories publicó el pasado 19 de julio, en colaboración con otros medios de comunicación, que el gobierno mexicano usó Pegasus para la vigilancia de periodistas, activistas y del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con su familia.

Ante las revelaciones, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que presentaría denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quienes intervinieron comunicaciones privadas en Puebla en los gobiernos anteriores al suyo.

Contratos por 18.8 mdp

Un detalle que no compartió Barbosa Huerta fue que su administración compró la licencia de Geomatrix, a través de Neolinx de México SA de CV, intermediaria de la empresa italiana especializada en la venta de software de vigilancia, Hacking Team, mediante la firma de dos contratos: el primero, del 13 de diciembre del 2019 por 18.8 millones de pesos, y el segundo, del 22 de septiembre de 2020, por 1 millón de pesos.

Estas contrataciones con la intermediaria de Hacking Team las firmó el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP), para beneficiar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y combatir tanto el secuestro como delitos de alto impacto.

e-consulta solicitó al área de comunicación del CECSNSP los resultados del programa y la vigencia de las licencias, pero no dio comentarios, mientras que la FGE respondió: “te sugiero que metas una solicitud de acceso a la información vía transparencia, no me facilitan esa información”.

Destinan millones a Geomatrix en Puebla

Desde 2016, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió en su estudio “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control” que Puebla fue uno de los clientes de Hacking Team en 2013, tras contratar por más de 7.5 millones de pesos sus servicios. Durante diciembre de 2019 y en 2020, el gobierno de Barbosa Huerta superó esa inversión, con 19.8 millones de pesos para licencias de Geomatrix.

También el diario español El País documentó los vínculos con Geomatrix, pues en su edición del pasado 14 de abril publicó que “La Fiscalía de México ha contratado en los dos últimos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles” y detalló que el gobierno de López Obrador adquirió el software para procesamiento de datos y vigilancia de móviles por unos 5.6 millones de dólares.

En el caso de Puebla, el primer contrato se concretó en diciembre del 2019 por 18.8 millones de pesos, mediante adjudicación directa que ganó Neolinx de México SA de CV., para proporcionar una licencia de 12 meses de Geomatrix, brindar capacitaciones de su uso y equipos para su ejecución.

Al igual que la FGR en sus contrataciones para el uso de Geomatrix, la versión pública del contrato DABS/GESAD-066/CECSNSP/113/2019 confirma que con los 18.8 millones de pesos se entregaron equipo y capacitaciones para el software que incluye el “módulo de geolocalización integrada para la ubicación de objetos con base a su conexión a la infraestructura celular” y cuyo programa permite “interceptar SMS, mostrar su contenido y destinatario”.

La millonaria máquina que vigila celulares en Puebla by Rodolfo Ruíz on Scribd

Durante septiembre de 2020, la administración barbosista cumplió su primer aniversario y el CECSNSP contrató otra vez a Neolinx de México SA de CV a la que incluyó en una invitación con otras empresas, por lo que compitió por un contrato de 1 millón de pesos con Soluciones Integrales Alpro SA de CV y Frankfurt y Managment SA de CV, cuyas posturas no se hicieron públicas. Tras ganar, la empresa entregó a la FGE una licencia de Geomatrix por 12 meses que incluye 960 consultas de geolocalización.

Misteriosos resultados de Geomatrix

El principal beneficiario de la contratación del software vinculado a actividades de espionaje en México fue la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) de Puebla, pero durante el gobierno de Barbosa Huerta hay escasa información pública sobre detenidos. Hay registros de plagios y de que las investigaciones iniciadas disminuyeron.

Un caso de la falta de información sobre el combate a secuestros fue la respuesta de la FGE, vía transparencia, sobre el perfil de las víctimas y la cantidad de presuntos responsables detenidos. La Fiscalía se limitó a orientar a los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los que no se precisan las cifras de aprehendidos: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”, justificó en su contestación.

Los únicos registros son los de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de Puebla que en su reporte anual de evaluación 2020 confirman 27 casos con 35 víctimas, lo que derivó en 113 detenciones, pero no se aclara cuántas se vincularon al uso de Geomatrix y tampoco hay datos del 2021. El informe de 2019 confirma que se cuenta con la licencia del software en la entidad, pero el año pasado no transparentaron esa información.

También resalta que en el primer semestre de este año se iniciaron siete investigaciones por secuestros en Puebla, que incluyen a nueve víctimas varones. En cambio, durante el mismo periodo del 2020 se iniciaron 12 indagatorias, lo que representa una reducción de casi el 42 por ciento. Las cifras oficiales contrastan con el número de plagios documentados por la organización Alto al Secuestro que contabiliza 13 incidentes en la primera mitad de este año, según estimaciones que realizaron con datos propios e información de medios de comunicación.

Destaca que las investigaciones no fueron lo único que disminuyó en Puebla sino las intervenciones de la UECS, tras reportarse que en 2019 se atendieron 69 casos relacionados con secuestros, en comparación con los 27 reportes del 2020, una reducción casi en 61 por ciento. El año pasado tampoco se obtuvieron sentencias sobre los 113 detenidos por plagios: “ninguno de ellos con sentencia condenatoria”, confirma el documento.