México lleva treinta años defendiendo la agenda de derechos humanos. Desde la creación de la CNDH hasta la reforma constitucional de 2011, se ha impulsado la exploración integral de los alcances y responsabilidades en torno a los derechos fundamentales. De estas discusiones, la que ocupó a la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla fue la relacionada con la formación profesional a la luz de las normativas humanitarias.

 La reforma supone un avance sin precedentes en la materia. En ella, se colocan los tratados internacionales al nivel de las leyes nacionales. Al mismo tiempo, se suprime el concepto de “garantías” para empezar a hablar de “derechos humanos”, y se enfatizan las obligaciones del Estado como principal garante de los derechos a nivel nacional. Así, “la persona estará al centro y sus derechos también”.

Para Rosy Laura Castellanos Mariano, presidenta de Cultura DH, la educación en derechos humanos debe trascender los modelos convencionales del nivel básico en asignaturas relacionadas con la formación cívica y ética. Es necesario, insistió, que exista una formación en derechos humanos desde una perspectiva transversal e interseccional que contribuya a identificar y erradicar conductas discriminatorias en la sociedad.

Estos principios pedagógicos han sido abordados en varias ocasiones a través de la historia. En la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos de 1994, la Asamblea General de la ONU insta a adoptar todas las medidas necesarias para modificar las pautas sociales basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los sexos.

A nivel regional, la Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (2001), exhorta a los Estados a vincular la educación como una herramienta para la formación desde la sensibilidad y la pluralidad de ideas. El documento también destaca la figura de las defensorías universitarias como actores centrales en la investigación de violencias.

Del mismo modo, la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2008) establece la necesidad de formar a profesionistas que participen de manera activa en la transformación de la realidad a través del combate a la discriminación, la opresión y la dominación. Estas recomendaciones internacionales, resumió Rosy Laura Castellanos, deben ser incluidas en un plan de estudios en consonancia con los ajustes de la reforma de 2011.

Enseñar derechos humanos

En 2017, el Instituto Cultura DH presentó el primer volumen del Diagnóstico sobre los programas universitarios en México. El estudio, aplicado en 59 instituciones educativas con licenciaturas en Derecho, evaluó la enseñanza de los lineamientos incluidos en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

El objetivo era presentar el panorama general de la enseñanza y estudiar el avance en la inclusión de los derechos humanos en la formación de jóvenes abogados. Eventualmente, la cultura de derechos humanos debería verse reflejada en todos los programas académicos como una regla implícita en el quehacer profesional.

Se encontró que los planes de estudio analizados no habían armonizado los documentos internacionales sobre la enseñanza de derechos humanos ni tampoco contemplaban las nuevas disposiciones de la reforma. “El modelo humanista basado en competencias necesita una revisión que considere que modificar las asignaturas requiere un esfuerzo para hacer un cambio trasversal que cruce en todos los programas”.

De las 36 universidades públicas analizadas, 32 no han incorporado los contenidos de la reforma; dos no contemplan ninguna asignatura en derechos humanos, y solo dos tienen asignaturas sobre derechos indígenas. Por otro lado, 18 de las 23 instituciones privadas estudiadas no cuentan con planes de estudio actualizado; siete no estudian derechos humanos en asignatura, y ninguna imparte materias sobre género.

Frente a este escenario, Castellanos Mariano compartió algunas recomendaciones emanadas del estudio: buscar una perspectiva transversal a través de un tronco común en las universidades; impartir las asignaturas desde una perspectiva garantista; implementar el método del caso para que el alumno aprenda a abordar situaciones reales de interés público, e iniciar un diálogo con la SEP para implementar los cambios a la luz de la reforma.

El Instituto Cultura DH busca desarrollar propuestas y herramientas que contribuyan a la garantía de los derechos humanos en el país a través de la construcción de una cultura del cumplimiento y respeto. Algunos de sus logros más significativos han sido la implementación de asignaturas relacionadas con derechos indígenas y estudios de género en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Al respecto, la presidenta comentó: “es importante considerar a la teoría feminista para el análisis de los casos. Hace cinco años, nadie quería que mencionáramos el feminismo porque era considerado muy agresivo. No es una lucha contra los hombres, sino contra las desigualdades”.